Las ONG acusan a la UE de debilitar su política medioambiental

El comunicado fue emitido tras la aprobación por el Parlamento Europeo, el pasado día 20, de la propuesta de directiva sobre la vinculación del mecanismo comunitario de comercialización de emisiones con los dos «mecanismos flexibles» de Kyoto. El texto aprobado por el Parlamento ya había sido previamente acordado, por el ponente, el eurodiputado Alexander de Roo, con el Consejo, y responde por tanto a los deseos de los gobiernos de los Estados miembros.

Los principales elementos de la propuesta son los siguientes:

• Aquellas empresas que inviertan en proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero podrán contabilizar a partir de 2005 dichas reducciones dentro de sus compromisos en el marco del sistema de comercialización de emisiones.

• Los Estados miembros podrán decidir si y cómo se limitarán el número de créditos que las empresas podrán asumir mediante el apoyo a proyectos del mecanismo flexible fuera de la UE.

• La utilización de dichos créditos de mecanismos flexibles deberán ser suplementarios a la acción doméstica para reducir las emisiones de gases invernadero.

• La inversión en lo que se ha dado en llamar «carbon sinks» (como por ejemplo, la reforestación) es excluida al menos hasta 2006, que será cuando la Comisión revise la situación, y las inversiones en proyectos nucleares son también prohibidas hasta al menos 2012.

• Los créditos procedentes de inversiones en grandes proyectos de generación de energía hidráulica (por encima de 20 megawatios) serán permitidos bajo criterios muy estrictos.

• Una vez que el Protocolo de Kyoto sea ratificado, la Comisión estudiará la posibilidad de vincular el sistema de comercialización de emisiones de la UE a otros esquemas regionales, por ejemplo de Australia y Estados Unidos.

Estas medidas, en opinión de las organizaciones medioambientales, convierten en una farsa la política climática de la UE que, por otra parte, era considerada como la abanderada de la política ambiental comunitaria. Por un lado, según las ONG, los Estados miembros están estableciendo Planes Nacionales de Asignación que no ofrecen incentivos para que las empresas reduzcan sus emisiones. Por otro, el nuevo proyecto de directiva aprobado por el Parlamento Europeo vincula el sistema, ya débil de por sí, a volúmenes ilimitados de créditos baratos procedentes del Protocolo de Kyoto. Ello podría suponer, en opinión de las ONG ambientales, «la firma de la sentencia de muerte para la reducción de las emisiones domésticas procedentes de la industria de la UE».

Fuente: Boletín Europa Infosocial, nº45