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Federación Vecinal de Valladolid Antonio Machado


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Asociación de Vecinos "San Juan-San Antonio" de Arroyo de la Encomienda

«Creemos que el alcalde está sometido a los intereses de las constructoras»

Los vecinos se muestran sorprendidos por el patrimonio del concejal del PP con cinco pisos y, según Clara González, piden que se aclare a fondo

Lunes 22 de mayo de 2006 · 353 lecturas · rss article rubrique


Entrevista a Clara González, Presidenta de la Aosciación de Vecinos "San Juan-San Antonio" de Arroyo de la Encomienda

Preside la única asociación de vecinos de Arroyo de la Encomienda y desde hace más de seis años viene denunciando la que considera «actuación descontrolada» del alcalde, José Manuel Méndez, al que desde el pasado lunes un juez de Valladolid investiga por su relación con una recalificación para construir cerca de 3.000 viviendas. Mientras, dice, los vecinos se muestran sorprendidos del patrimonio del edil del PP Javier Cruz, un operario que es dueño de cinco pisos.

¿En qué año se creó su asociación?

Comenzó a funcionar en 1992 con vecinos del núcleo de La Flecha. En esa época, urbanizaciones como La Vega no existían. Somos el único colectivo vecinal que funciona con unos 160 asociados.

¿Qué piensa respecto a lo que está pasando en Arroyo?

Desde hace años venimos denunciando los intentos de este y del anterior alcalde de recalificar sectores dotacionales o industriales, como el SAU 9, para pasarlos a uso residencial, lo que implica un aumento de más viviendas. Hemos recurrido a la Junta y a los tribunales contra estos cambios. El desarrollo urbanístico de Arroyo es desmesurado ya que estamos ante una edificación muy rápida que no cuenta con los servicios necesarios. El agua, el saneamiento o el transporte son deficiencias que cualquiera puede ver.

En el sector SAU 9, ¿está justificada a su juicio la recalificación de suelo industrial para edificar 3.000 pisos como defiende el regidor?

El alcalde para justificar este tipo de modificaciones siempre alega ’el interés general’ sin demostrarlo. Somos un municipio donde toda su superficie está prácticamente definida como urbana, y no vemos lógico que en una parcela que está prevista para que se instalen 120 pequeñas industrias se cambie su uso para levantar pisos. A Arroyo ha venido a vivir mucha gente joven en los últimos años, y lo que está claro es que hace falta industria que nos dé trabajo. Los pequeños industriales se tienen que ir fuera, a Cigales o Villanubla, porque no tienen suelo. Ese cambio no es lógico.

¿Ve fines ocultos en la recalificación del SAU 9?

Creemos que el Ayuntamiento de Arroyo, y su alcalde, se están sometiendo a los intereses de las constructoras y de la especulación. Con este sector, propiedad de Mahía, está sucediendo lo mismo que con el SAU 13, que también es de la misma empresa. De la noche a la mañana este área pasó de estar calificada como terreno rústico condicionado a residencial. El PGOU y el Reglamento de Actividades Insalubres establecían que no se podía edificar allí hasta que no se trasladase una industria como la papelera. La Comisión de Urbanismo dijo que no se podía construir y, sin embargo, se autorizaron 650 viviendas. En Arroyo se ha vendido hasta el suelo del aprovechamiento general.

¿Cómo son sus relaciones con el alcalde?

No son buenas, ya que el señor Méndez no soporta que haya una asociación reivindicativa que le lleve la contraria. Hemos protestado por todo aquello que nos parecía incorrecto. No recibimos subvenciones y se nos niega hasta las fotocopias. Los plenos los convoca o a primera hora, o las doce del mediodía, para que ningún vecino pueda asistir.

Patrimonio del edil

¿Qué opina que un concejal reconozca que tiene cinco viviendas, dos de ellas de Protección Oficial?

Pues que me gustaría que nos diera unas charlas al resto de los vecinos para explicar cómo se puede tener ese patrimonio en tan poco tiempo. La mayoría de nosotros tenemos que estar toda una vida trabajando para tener un piso y pagar la hipoteca. Cuando nos enteramos de este caso nos surgió una duda: si un concejal que es operario de mantenimiento en una fábrica llega a estos términos, ¿qué no puede pasar con la cabeza del Ayuntamiento? Es obvio que muchas decisiones que se han adoptado en el municipio no parecen muy razonables si uno es político y piensa en el interés general. La justicia debe de investigar a fondo, y si hay algún delito se debe sacar a la luz.

¿La Junta ha actuado correctamente en el desarrollo urbanístico de Arroyo?

La Junta tiene competencias para suspender de oficio decisiones municipales que pueden causar un perjuicio a la mayoría. En muchas ocasiones hemos pedido por escrito que ejerciera su obligación y nuestra sorpresa ha sido que a veces los informes que han emitido han llegado fuera de plazo y el Ayuntamiento ha seguido con sus planes. Hemos tenido la sensación desde la asociación de que la Junta ha mirado para otro lado, bien por su exceso de trabajo o por una permisividad ilógica.


Fuente: Texto: Víctor J. Moreno, Fotografía: Irene San José, El Norte de Castilla, 21-05-2006.