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Federación Vecinal de Valladolid Antonio Machado


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Asociación de Vecinos "San Juan-San Anotnio" de Arroyo de la Encomienda

El TSJ anula una recalificación para la construcción de 309 pisos en Arroyo

Los vecinos recurrieron por las plusvalías que generaba la operación en la que el alcalde, José Manuel Méndez, pactó con la promotora Infila el aumento de la edificabilidad a cambio de una parcela para un colegio

Sábado 23 de septiembre de 2006 · 457 lecturas · rss article rubrique


El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha anulado mediante una sentencia el convenio urbanístico que suscribió el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Freijo (PP), con un importante constructor, José Gabriel Lasa Ayani, mediante el cual el Consistorio le permitía el pasado año edificar 309 viviendas en una parcela de La Vega de su propiedad.

El constructor, cuya grupo empresarial está representado por la sociedad Infila, era propietario de tres parcelas en el núcleo de La Vega que estaban definidas en el Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Arroyo como urbanas de uso terciario, es decir, sin posibilidades de edificación para uso residencial.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ supone un nuevo revés a la gestión que está llevando el regidor del Partido Popular desde que accedió a la Alcaldía en mayo del 2003, gestión que está siendo investigada por un juzgado de Instrucción de Valladolid desde el pasado mes de mayo, cuando se conoció otro acuerdo alcanzado por Méndez con la constructora gallega Mahía, a la que se autorizó inicialmente por parte del Pleno Municipal la edificación de 2.984 viviendas en un sector que estaba clasificado para uso industrial.

Este último convenio, que fue suscrito por Méndez y una ex empleada suya de una empresa de máquinas recreativas, fue finalmente paralizado a comienzos de este año por la Consejería de Fomento.

Acuerdo del 2005

En este caso, la nueva sentencia judicial dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de Valladolid declara nulo de pleno derecho el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Arroyo del 5 de mayo del 2005, por el que se aprobaba definitivamente el Estudio de Detalle para la Modificación de las parcelas A-1, A-3 y A-4, situadas en el plan parcial de La Vega, muy cerca del complejo hotelero próximo a la autovía A-62.

En total, el grupo de empresas de Infila es propietaria de una superficie de 59.408 metros cuadrados y disponían de una edificabilidad residencial de 27.276 metros cuadrados, 15.532 y
5.070 metros cuadrados, respectivamente de las tres parcelas.

El 23 de octubre del 2003, cuatro meses después de que Méndez accediese a la Alcaldía de Arroyo, el constructor José Gabriel Lasa Ayani y el regidor suscribieron este convenio en el que se justificaba el acuerdo de cambio de uso terciario a residencial amparándose en que el Ayuntamiento vallisoletano necesitaba una superficie para poder levantar un colegio de Educación Infantil y Primaria, y en el futuro de Secundaria, que resolviera las necesidades por el rapido crecimiento urbanístico de la localidad. De este modo, el acuerdo establecía la cesión de dos parcelas al Ayuntamiento a cambio de concentrar la edificabilidad en la tercera parcela y en otro sector de Arroyo de La Encomienda, el SAU 14, donde se completarían los 47.878 metros cuadrados que les corresponderían a Infila, que pasó a llamarse Galba 2004.

La Asociación de Vecinos San Juan y San Antonio de La Flecha recurrió ante los tribunales dicho acuerdo por entender que el propietario de los solares lograba unas importante plusvalías por la autorización para levantar 309 viviendas al cambiar el uso.

Sin embargo, «la confluencia de intereses entre el Ayuntamiento y el particular», como se recogía en el acuerdo, ha sido ahora anulada por el Tribunal Superior de Justicia que argumenta que se ha infringido la Ley de Urbanismo de Castilla y León de 1999, y el PGOU de Arroyo del 2003, al no considerar dichas superficies como suelos urbanos no consolidados.

«El propio Ayuntamiento demandado parece haber entendido que el suelo de autos debía ser urbano no consolidado, pues no de otra forma cabe interpretar que el hecho de que en el anexo de convenio se establezca que el Consistorio cede a la sociedad constructora el
10% del aprovechamiento lucrativo que le corresponde en el ámbito» municipal, dice la sentencia.

Tras conocer este fallo, los servicios jurídicos municipales, que encabeza el letrado Raúl de la Hoz, indicaron en una nota que «el único motivo para aprobar el Estudio de Detalle era proporcionar una parcela dotacional urbanizada a la Consejería de Educación de la Junta, para la ubicación de un centro de Infantil y Primaria».


Fuente: Texto: J. Moreno, Fotografía: Henar Sastre, El Norte de Castilla, 21-09-2006.