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Federación Vecinal de Valladolid Antonio Machado


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Asociación de Vecinos de Arroyo de la Encomienda

El 82% de los vecinos de Arroyo conocen las irregularidades urbanísticas de su pueblo

El 63,4% de los residentes del municipio que están al tanto de las gestiones de Méndez afirman que el Ayuntamiento actuó de forma incorrecta en su política de suelo y vivienda

Miércoles 29 de noviembre de 2006 · 143 lecturas · rss article rubrique


El sábado 13 de mayo, EL NORTE DE CASTILLA publica una información en la que se relata el proceso seguido para recalificar el sector SAU 9 de Arroyo de la Encomienda. Son 25.598 metros cuadrados clasificados como suelo industrial en los que estaba prevista la instalación de unas 120 empresas. El alcalde de Arroyo (PP), José Manuel Méndez, firmó un convenio urbanístico en junio del 2005 con la apoderada de Mahía, María Iluminada Miguel, en el que se pactaba la recalificación de ese suelo para construir 2.984 viviendas. María Iluminada Miguel había sido durante cuatro años trabajadora del alcalde en su empresa de máquinas recreativas.

La oposición tildó la operación de ’pelotazo’ por valor 180 millones de euros en favor de la empresa Mahía. A los dos días, el juez de instrucción número 1 abría diligencias y empezaba a solicitar datos en el Ayuntamiento. La situación se enredaba con un aumento de edificabilidad en el sector SAU 13 para construir 150 pisos más de los previstos, pese al rechazo de la Consejería de Fomento y la posterior paralización del Tribunal Superior de Justicia.

El llamado ’caso Arroyo’ se completaba con la intervención de la sociedad Construcción y Reformas Dafranma, constituida en junio del
2003 por familiares del diputado provincial del PP, Dionisio Miguel Recio (padre de María Iluminada Miguel), y que formó parte del consejo de administración de Emuva, la Sociedad Pública de Suelo y Vivienda de Arroyo hasta mayo del 2005. El 26 de mayo de este año, EL NORTE informa de que Mahía, con promociones en Arroyo, contrata obras con esta empresa, Dafranma, que pasó de facturar 240.000 euros en seis meses del 2003 a 1,8 millones en el 2004. Esto se une a otras cuestiones, como que el concejal de Obras, Javier Cruz, fuera dueño de cinco viviendas, dos de ellas de protección oficial, o que Méndez regalara -sin acuerdo del pleno- un parque infantil público de Arroyo a su pueblo natal en Lugo. El magistrado del juzgado de instrucción número 1 dictaba el pasado 13 de octubre una providencia en la que se ordenaba practicar una serie de diligencias.

El 81,9%, al corriente

Los vecinos de Arroyo de la Encomienda siguen de forma directa la evolución de este caso, según confirma el Barómetro Sociopolítico de EL NORTE DE CASTILLA, elaborado por Telecyl para el periódico con
340 encuestas realizadas en Arroyo entre el 18 y el 24 de octubre. Cuatro de cada cinco residentes en este municipio del alfoz (el
81,9%) aseguran que están al corriente de las irregularidades urbanísticas que han tenido lugar en Arroyo de la Encomienda. El grado de conocimiento de la situación es mayor a medida que aumenta el nivel de estudios de los encuestados.

En función de la ideología, el 92,2% de los vecinos de Arroyo que se consideran de derechas aseguran que están al corriente de estas informaciones, de las que son conscientes el 88,6% de los simpatizante de izquierdas. En Valladolid capital, el grado de conocimiento se sitúa en el 58,4% de la población y es ligeramente superior en los barrios de la zona sur y el oeste (los más cercanos a Arroyo) y también en el centro de la ciudad. El porcentaje de vecinos al tanto de este caso en la capital es mayor conforme más a la izquierda se sitúa la ideología de los encuestados.

Cuando se pregunta a los vecinos de Arroyo si consideran que su Ayuntamiento ha actuado de forma correcta en materia urbanística, el
14,9% defiende las decisiones del Consistorio, mientras que el 63,4% las rechaza de pleno.

Destaca el hecho de que el 21,3% se decante por la opción de ’no sabe’, ante la necesidad de conocer más datos sobre la situación. Las críticas son especialmente significativas entre los jóvenes, los vecinos con edades entre 18 y 29 años. El rechazo a la política urbanística del municipio en este segmento de edad es del 80,8%
(solo lo defienden el 4,8% de los jóvenes encuestados), un porcentaje que se sitúa en torno a veinte puntos por encima del resto de franjas de edad. Los más críticos son quienes llevan más de ocho años viviendo en la localidad.

La gestión urbanística de Arroyo es cuestionada por los vecinos con independencia de su ideología, si bien los más insatisfechos (el
75,7%) son los que se consideran de izquierdas, y los más benevolentes con la política de suelo y vivienda de Arroyo, aquellos que se etiquetan de derechas (el 30,6% defienden la gestión urbanística del equipo de Méndez). Este nivel de justificación entre los votantes de derechas no tiene correlación en la capital vallisoletana, ya que solo el 7,9% de los ciudadanos con esa tendencia ideológica entienden que el Ayuntamiento de Arroyo actuó de forma correcta. El 71,5% de los simpatizantes de la derecha en Valladolid es crítico con la gestión del Ayuntamiento de Arroyo, gobernado por el PP.

Este porcentaje es similar al que presentan vallisoletanos de izquierdas que se muestran contrarios a la gestión del Gobierno municipal de Méndez (el 76,2%). La gran diferencia entre el criterio de los votantes de derechas en Arroyo y la capital no puede interpretarse tanto desde un punto de vista ideológico como de ’cercanía’ con los sucesos, ya que la mayor defensa de la gestión urbanística se produce, precisamente, entre los vecinos de Arroyo que simpatizan con el grupo político en el poder.


Fuente: Texto: Víctor M. Vela, Fotografía: Henar Sastre, El Norte de Castilla, 20-11-2006.