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Ciudad de la Justicia

Justicia decidirá este año la ubicación del Campus para iniciar el proyecto en 2009

La reunión a cinco bandas se salda con el único compromiso por parte del Gobierno de elegir «lo antes posible» el emplazamiento para el Campus

Martes 21 de octubre de 2008 · 131 lecturas · rss article rubrique


El Campus de la Justicia conocerá su ubicación antes de final de año. El Ministerio tendrá que escoger entre una de las tres opciones que se plantearon ayer en una reunión que se antojaba definitiva y que, al final, sólo sirvió para formalizar las tres ofertas que llevan semanas sobre la mesa -Villa del Prado, Los Viveros y Girón- y para arrancar al Gobierno el compromiso de que la elección de la parcela esté «lo antes posible». Para los asistentes a la ‘cumbre’, estos son avances «importantes», pero lo cierto es que la intención de los representantes de la judicatura era que nadie se levantara de la mesa hasta lograr un acuerdo sobre la ubicación del Campus judicial.

El encuentro, auspiciado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), no sirvió para desbloquear por completo una situación que lleva cuatro años dando vueltas, pero sí para «trasladar al Ministerio las opciones y que tome una decisión rápida sobre estas tres parcelas», según explicó el presidente del TSJ, José Luis Concepción, quien se mostró optimista: «En muy poco tiempo se va a tener una decisión sobre cuál es la ubicación de esta sede». «La idea es que todos los pasos estén dados y que, de este modo, el proyecto pueda iniciarse a principios de 2009», confirmó el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, que estuvo acompañado en esta cita por el subdelegado en Valladolid, Cecilio Vadillo.

La reunión duró poco menos de una hora y en ella participaron, además de los dos representantes del Gobierno, el presidente de la Diputación, el alcalde, el consejero de Interior y Justicia de la Junta y varios miembros de la judicatura vallisoletana e impulsores de la idea del Campus judicial, como Feliciano Trebolle (presidente de la Audiencia) o Antonio Fonseca (representante en la provincia del Consejo General del Poder Judicial).

En la cita, el presidente de la Diputación (dueño de la parcela de Villa del Prado) y el alcalde de la ciudad (propietario de las otras dos) se encargaron de ‘vender’ sus terrenos y de exponer cuáles serían sus condiciones para ceder esas parcelas al Gobierno. León de la Riva insistió en su petición del edificio actual de los Juzgados a cambio de las parcelas de Girón o Los Viveros, mientras que Ramiro Ruiz Medrano reclamó el pago de «entre cuatro y cinco millones de euros» por la de Villa del Prado.

El alcalde no regalará. Francisco Javier León de la Riva se reafirmó en sus intenciones de conseguir, a cambio de cualquiera de sus dos parcelas, el edificio que alberga ahora los Juzgados, en la calle Angustias: «No vamos a dar gratis, a regalar, una parcela de 25.000 metros cuadrados porque no olviden que el Ayuntamiento no tiene ninguna obligación de ceder nada a nadie, salvo para los colegios», detalló el alcalde.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Ramiro Ruiz Medrano, explicó ayer que su petición de «de unos cuatro o cinco millones de euros» lo único que busca es poder «compensar la inversión que la institución ha efectuado en la urbanización de la parcela ofrecida al Ministerio». «Nuestro único interés aquí es que se solucione este problema y aportar lo que se pueda para ello», afirmó.

De la decisión final se tendrá que encargar el Ministerio. Miguel Alejo se comprometió a darle la máxima prioridad al Campus de la Justicia, pero evitó siempre hablar de plazos concretos para llegar a su materialización. Lo único que le arrancaron los representantes de la judicatura fue un año, 2009, en el que el delegado del Gobierno espera que pueda echar a andar este proyecto sobre el papel.

Criterios «técnicos». Para la selección del terreno habrá que esperar algo menos. La idea es que la decisión sobre la ubicación del Campus la tomen los arquitectos del Ministerio antes del final del año 2008, pero siguiendo criterios «puramente técnicos», es decir, atendiendo a la superficie, a los accesos que tienen las parcelas, a la posibilidad de que se instalen allí los colegios de procuradores y abogados... «Detrás de nosotros, de los máximos representantes de las administraciones, siempre hay técnicos y ellos tienen también que analizar las características y ver cuál de estas es la parcela más adecuada», concluyó el delegado del Gobierno.


Fuente: Texto: Alfonso G. Mozo, Fotografía: ICAL, El Día de Valladolid, 21-10-2008.