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Opinión: Guillermo Díez

Sobre las presiones a los compradores de VPO en Los Santos-Pilarica: «Dejar hacer, dejar pasar»

Pero aún siendo todo ello un hecho vergonzante, aún lo es más el comportamiento de las administraciones que, ante la indefensión de los futuros propietarios, guardaron un silencio clamoroso o adoptaron una actitud de manifiesta complicidad

Domingo 26 de octubre de 2008 · 157 lecturas · rss article rubrique


Llevaba meses coleando y el silencio ponía mordaza a las quejas de los afectados, todos ellos embarcados en la conquista de una vivienda de protección, con sueldos mileuristas y empleos más o menos ’amachambrados’. Ya se sabe que una hipoteca supone aceptar de por vida una austeridad monacal. Pero obtener la independencia familiar y conformar un nuevo hogar donde cobijar los proyectos y las ilusiones futuras, bien puede compensar el esfuerzo.

Nadie espera que cuando se está a punto de alcanzar estos anhelos, aparezcan unos logreros intentando arañar unos beneficios extras bajo coacciones y pretendidos engaños. Tal es lo que ha sucedido en el escandaloso asunto de Los Santos Pilarica que, sin duda, no habrá sido el único ni será el último.

En el caso que nos ocupa, primero subieron a los solicitantes el precio de la vivienda aplicando dudosos argumentos con lo que su coste se vio incrementado en más de 30.000 euros. Luego pretendieron hacer obligatoria la adquisición de una segunda plaza de garaje que suponía 20.000 euros más, alegando los promotores como suprema razón que en caso de no estar conformes podían irse por donde habían venido, por supuesto pagando el 20% de valor total del inmueble o el 40% de las cantidades ya aportadas.

Lejos de que cada uno fuera a enjugarse las lágrimas a su rincón, los compradores lograron unirse y presentar un frente común. La Asociación de Vecinos Los Santos Pilarica estima en un millar las viviendas que han podido verse afectadas. El valor del pelotazo puede calcularse con una simple multiplicación.

Pero aún siendo todo ello un hecho vergonzante, aún lo es más el comportamiento de las administraciones que, ante la indefensión de los futuros propietarios, guardaron un silencio clamoroso o adoptaron una actitud de manifiesta complicidad. En las primeras consultas a la empresa municipal VIVA se informó a los afectados que los constructores podían exigir la compra de la nueva plaza de aparcamiento.

Las protestas y las implicaciones del Procurador de Común y del Ministerio de la Vivienda hicieron que la institución municipal cambiara de criterio y hasta que su presidenta, la concejala de Urbanismo, hiciera acto de presencia. Por supuesto, ni la menor exigencia de responsabilidad por parte de la Junta o del Consistorio.

Guillermo Díez


Fuente: Texto: Guillermo Díez, Fotografía: , El Norte de Castilla, 26-10-2008.