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Opinión: Jesús Anta Roca

"Sobre la ¿Ciudad? de la Justicia"

Tengo, en definitiva, la impresión de que en esta ocasión pesan más los intereses gremiales que los generales, y que las administraciones implicadas, Ayuntamiento incluido, han ido al bulto del asunto olvidando ¿conscientemente? los detalles y consecuencias de las decisiones en torno a la ¿imprescindible? unificación de las sedes de Justicia

Jueves 10 de septiembre de 2009 · 391 lecturas · rss article rubrique


A algunas personas les ha sorprendido que representantes de las asociaciones vecinales de Valladolid sigan insistiendo en opinar sobre el lugar más idóneo para unificar las sedes del Ministerio de Justicia, eso que se ha dado en llamar Ciudad de la Justicia. Y el asunto no es un tema menor, por lo que en realidad más me extraña que el resto de colectivos ajenos al mundo de la judicatura no haya mantenido abierto lo que debió ser (y está a tiempo) un asunto de interés general para la ciudad.

Prolijo sería resumir con detalle los antecedentes de este tema, pero digamos que el Ministerio y el presidente de la Audiencia Provincial plantearon en su momento la necesidad de acotar la excesiva proliferación de sedes judiciales en Valladolid, cosa que cobró mayor actualidad cuando se trasladó el juzgado de familia al final de paseo del Arco de Ladrillo. En un primer momento se pensó que el antiguo colegio de El Salvador, en la plaza de San Pablo, y contiguo a las actuales sedes de los juzgados y la Audiencia, sería lugar apropiado por superficie y cercanía para acoger todas las dependencias ahora repartidas por la ciudad. Aquello (sin entrar en detalles) no prosperó y se abrió la idea de construir un gran edificio que, salvo la Audiencia, que permanecería en la calle Angustias, acogiera incluso los colegios de abogados y procuradores. Y en esa tesitura, Diputación y Ayuntamiento ofrecieron sendas parcelas en el entorno de Villa de Prado (apoyadas, por cierto, sobre viales muy saturados como son el paseo de Zorrilla y la avenida de Salamanca).

Fue un momento en que asociaciones vecinales, empresarios, comerciantes y otras voces reclamaron que los juzgados no se movieran de donde estaban pues supondría un perjuicio para la actividad del casco histórico. Pero, sorprendentemente, todo aquello terminó y parece que se dio por bueno que la futura gran sede judicial se levante en algún punto de la zona Oeste de la ciudad. Y, dejado el asunto en manos del Ministerio, se reclama la más urgente solución. Parece, por tanto, que ya carece de la más mínima importancia y que no tuviera mayor relevancia urbanística y social. Y no debería ser así por varias razones.

La primera es porque no sé dónde está escrito que la solución para la mejor coordinación y funcionamiento de los servicios de justicia (al igual que cualquier otro) sea la unificación física y material de los mismos, obviando que la tecnología informática ya ofrece soportes suficientes para una idónea comunicación entre los departamentos de cualquier empresa o servicio, por muy disperso que esté. Además, la independencia de los diversos servicios y juzgados, tanto por su materia como por su organización no exigen la proximidad física de un mismo edificio: no parece razonable indicar que es mejor que estén juntos todos los juzgados porque así los ciudadanos no se confunden cuando son citados, como si algo tuviera que ver el juzgado de familia con el de lo social, y cualquier persona normal no supiera dónde dirigirse en cada circunstancia que requiera acudir a la justicia.

Además, ya parecen un tanto desfasadas aquellas ideas que primaron en los años noventa de crear "ciudades" artificiales y cerradas sobre sí mismas: bancos, compañías de seguros y empresas de automoción, entre otros, propugnaron y construyeron centros endogámicos para sus actividades. Y por razones que no se me alcanzan, la idea del Ministerio de Justicia desdeña la posibilidad de ocupación de edificios y espacios ya existentes en el entorno del actual eje de la calle Angustias, abundando más en la idea de descentralización sin perder cierta proximidad física.

Una segunda reflexión a realizar es la oportunidad de desafectar el actual edifico de los juzgados, que lleva anexo sendos colegios de abogados y procuradores, cuando hace bien pocos años que fueron expresamente construidos para ese fin, olvidando el elemental principio de la economía de medios y de aprovechamiento de lo construido frente a la nueva construcción.

Por otro lado, la propuesta de un nuevo edificio en Villa de Prado desecha sin argumentos conocidos otras propuestas que, más próximas a las actuales instalaciones en el centro de la ciudad, serían suficientemente adecuadas para que sin desprenderse de aquellas, ofrezcan una cercanía razonable: me estoy refiriendo a parcelas del plan parcial de los Viveros (camino del Cementerio-avenida de Santander) o de los Santos Pilarica. Ambas, además -más la segunda- en el eje de centralidad de la ciudad que se consolidará tras el soterramiento del ferrocarril, que incluye un boulevard de calidad entre los actuales talleres de Renfe y la Pilarica, y la conexión directa con futuro intercambiador de medios de transporte (ferrocarril-estación de autobuses -no debe olvidarse que las sedes de justicia prestan servicio a todos los ciudadanos de la provincia y de la Comunidad Autónoma-). Y la opción de los Viveros ofrece la calidad añadida de su proximidad inmediata a los campus Universitarios Esgueva y Miguel Delibes.

Y la tercera. Si ya está completamente rechazada la posibilidad de buscar espacios en el entorno de la calle Angustias (aunque sospecho que no se ha puesto demasiado interés en ello), y se decide ocupar parcelas que requieran edificabilidad suficiente, cabe la posibilidad de las modificaciones necesarias que fueren necesarias en atención al interés público, pues, en definitiva, el Ministerio de Justicia, como cualquier otra administración pública, no debe sustraerse al interés general y a contribuir a un adecuado equilibrio urbano. En este sentido, no parece razonable, salvo por pereza, dejarse llevar por lo fácil (parcela grande en Villa de Prado junto a un buen puñado de otras dotaciones públicas -Consejerías de la Junta de Castilla y León, y Cortes Autonómicas, entre otras) frente a otras alternativas que, como es el caso de la zona Noreste de Valladolid, contribuirían a reequilibrar el asentamiento de dotaciones de cierta calidad.

Me recuerda este asunto algo que hace años (1996) escuché en una mesa redonda en el barrio de Belén, cuya asociación cumplía los 25 años de existencia. Relataba entonces Manuel González, que fue promotor de aquella asociación (luego teniente de alcalde) que cuando el Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid andaba buscando terrenos para albergar los nuevos edificios de las facultades, este órgano pensaba en suelos cercanos al municipio de Zaratán. Conocidas estas intenciones por los vecinos de Belén, se movilizaron para convencer al rector y al Consejo de Gobierno sobre la idoneidad de las huertas situadas al otro lado del Esgueva. No sé cuanto costó conseguir que cambiaran de opinión, pero lo cierto es que lo consiguieron y ahí están los Campus Miguel Delibes y Esgueva. Me parece esta una buena metáfora acerca de que cualquier asunto de ciudad, aunque competa a administración tan árida como la de Justicia, no debe ser, en absoluto, ajeno al debate e interés de la ciudadanía.

Tengo, en definitiva, la impresión de que en esta ocasión pesan más los intereses gremiales que los generales, y que las administraciones implicadas, Ayuntamiento incluido, han ido al bulto del asunto olvidando ¿conscientemente? los detalles y consecuencias de las decisiones en torno a la ¿imprescindible? unificación de las sedes de Justicia.

Jesús Anta Roca


Fuente: Texto: Jesús Anta Roca, Diario de Valladolid-El Mundo, 09-09-2009.