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Federación Vecinal de Valladolid Antonio Machado


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¿Corrupción urbanística en Valladolid?

La Fiscalía y el juez estudian pedir refuerzos para los casos Arroyo y de la manipulación del PGOU

Uno de los procedimientos ha cumplido ya cuatro años de investigación judicial

Jueves 20 de mayo de 2010 · 72 lecturas · rss article rubrique


Se trata del llamado ’caso Arroyo’ y el de las diligencias abiertas por la supuesta manipulación de los planos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid. Ambos asuntos tienen relación con procesos de recalificaciones urbanísticas realizados entre los años 1999 y 2003 en el municipio del alfoz y en la capital. La materia administrativa (decretos, planos, expedientes de recalificación y estudios de detalle) que se están analizando ha conllevado un enorme retraso en la instrucción, con el perjuicio consiguiente para el resto de procedimientos que se tramitan en este órgano jurisdiccional.

El ’caso Arroyo’, en el que son investigados presuntos delitos contra la Administración Pública (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y delito fiscal), ha cumplido ya cuatro años de investigación por los procesos de recalificaciones urbanísticas en ese término.

Desde que el juez José María Crespo abriese diligencias en mayo del 2006, la causa ha acumulado casi 20 tomos, discos de contabilidad de media docena de empresas y constructoras investigadas, informes de la Agencia Tributaria y expedientes completos de acuerdos plenarios. Según explicaron fuentes judiciales, estas circunstancias hacen que se trate de «una instrucción compleja» que requiere mayor esfuerzo procesal a la hora de adoptar una decisión.

Por otra parte, el número de letrados que defienden a personas imputadas alcanza ya una decena, entre ellos abogados adscritos a reconocidos bufetes penalistas (Gómez de Liaño, Dolores Márquez de Prado, Carlos Bueren o Tejerina Rodríguez).

En varias ocasiones,el magistrado instructor ha tenido que suspender las declaraciones fijadas con más de dos meses de antelación ya que alguno de los abogados tenía que celebrar juicios con preso, lo que según la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene prioridad frente a otros procesos judiciales.

Por su parte, las dos acusaciones, la Fiscalía y la que representa la Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI, han pedido durante el último año una decena de pruebas al magistrado Crespo, lo que está demorado más una resolución.

Segundo caso, el PGOU

El segundo procedimiento por el que tanto la Fiscalía como el juez solicitarían un refuerzo de personal es el que se refiere a la denuncia que presentó el Grupo Municipal Socialista en julio del 2008, sobre la presunta manipulación de los planos del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid en el año 2004. La denuncia, que fue asumida por la Fiscalía vallisoletana, trata de esclarecer quién modificó los planos del PGOU después de que el pleno del Ayuntamiento de Valladolid los aprobase, el 7 de marzo del 2003, para adaptarlos a la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

El 27 de febrero del 2004, el Boletín Oficial de la Provincia publicó esta adaptación, pero con notables diferencias entre lo aprobado por los concejales vallisoletanos.
La Fiscalía tiene claro que en esas «manipulaciones» hay un trasfondo de aparente ánimo de lucro, que habría beneficiado a constructoras y propietarios de los solares que no cedieron al Ayuntamiento de Valladolid cientos de metros cuadrados de espacios públicos. Los delitos que se investigan son los de falsedad, prevaricación y cohecho.

REFUERZOS

Procedimientos. El Juzgado de Instrucción número 1 tiene dos procedimientos que investiga desde hace años.

’Caso Arroyo’. Comenzó a instruirse en mayo del 2006 y acumula ya unos 20 tomos, archivos con planos y acuerdos del Pleno de Arroyo de la Encomienda sobre recalificaciones urbanísticas. Hay una decena de imputados, entre ellos el actual regidor.

’Caso PGOU’. El PSOE presentó la denuncia en la Fiscalía en julio del 2008. El juez investiga quién manipuló los planos del PGOU modificado en el 2003.
La Fiscalía de Valladolid y el magistrado de Instrucción número 1 de la capital están estudiando solicitar a sus respectivos órganos superiores (Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y Fiscalía General del Estado) el refuerzo de un juez y un fiscal sustitutos para acelerar la resolución de dos procedimientos de gran complejidad técnica que en estos momentos se investigan en Instrucción número 1.


Fuente: Texto: J. Moreno, Fotografía, El Norte de Castilla, 20-05-2010.