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Federación Vecinal de Valladolid Antonio Machado


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¿Por qué no se ha hecho hasta ahora?

Una central de compras de la Diputación permitirá a los pueblos ahorrar en teléfono, luz y gas

La Diputación persigue que los ayuntamientos mejoren las condiciones de sus contratos y se liberen de trabajo

Miércoles 30 de noviembre de 2011 · 137 lecturas · rss article rubrique


Con el doble objetivo de reducir la carga administrativa de los ayuntamientos y permitirles beneficiarse de las ventajas de la economía de escala, la Central de Contratación que el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, avanzó hace unos meses como una declaración de intenciones para hacer frente a los estragos de la crisis, empieza a dar sus primeros pasos. La institución comenzará en enero a licitar los concursos públicos para adjudicar el suministro de energía eléctrica, telefonía fija y móvil, gas y combustibles líquidos a todos sus centros, pero también a todos aquellos municipios que decidan sumarse a la iniciativa.

De las ventajas que se obtengan gracias a estos contratos podrán beneficiarse, por lo tanto, no solo los 225 ayuntamientos vallisoletanos, sino también las distintas sociedades, organismos, fundaciones y entes dependientes de ellos y de la institución provincial. En la mayoría de los casos -sobre todo en lo que se refiere a los pueblos pequeños-, la empresa adjudicataria de los servicios y suministros ofrecerá condiciones más provechosas para hacer frente a los desembolsos que generan sus inmuebles e infraestructuras que las que cada consistorio obtiene de forma individual. De esta manera, la adhesión a la Central de Contratación les permitirá ahorrar en sus facturas y disminuir su gasto corriente.

Buenas ofertas para todos

«La mayoría de los ayuntamientos de la provincia no convocan concursos y, si lo hacen, no consiguen que a los mismos concurran empresas importantes. Este modelo permitirá a las firmas líderes presentar buenas ofertas de las que, en este caso, podrán beneficiarse todos», explica el vicepresidente de la Diputación, Alfonso Centeno. Por otro lado, la posibilidad de delegar sus competencias de contratación en este nuevo servicio supondrá un alivio para muchos ayuntamientos con recursos humanos limitados y para los que cualquier tramitación de este tipo se hace cuesta arriba.

El pleno de la institución provincial aprobó el pasado viernes el inicio del expediente para la creación del citado servicio, porque el objetivo del equipo de gobierno es que el reglamento de funcionamiento de la futura central -«para regular cómo adherirse a ella, primero, y cómo suscribir los convenios, después»- esté listo en unos días y someterlo al consentimiento de la corporación antes de que concluya el año.
A principios del próximo 2012 se dará el visto bueno al pliego de condiciones para licitar la energía eléctrica, uno de los principales quebraderos de cabeza de los municipios y culpable en muchos casos de su asfixia económica. Después vendrán la telefonía fija y la móvil y las calefacciones, con acuerdos para el suministro de gas y de gasóleo. La prestación de determinados servicios, como el de limpieza también está en cartera, aunque la Central de Contratación no irá mucho más allá. «Se trata de no perjudicar a nadie», aclara el también responsable del Área de Asesoramiento, Planificación del Territorio y Nuevas Tecnologías, quien matiza que cuestiones como el papel, el material de oficina o el mobiliario, suponen gastos menores para las localidades «y normalmente se compran a empresas de la zona, muchas veces con independencia del precio».

La propuesta ha tenido muy buena acogida entre los alcaldes vallisoletanos, sobre todo porque la adhesión a la central no supone coste alguno para los consistorios y tampoco les obliga a nada. «Pertenecen a ella, pero si el convenio en cuestión no les resulta ventajoso, no lo suscriben y punto», aclara el vicepresidente.

Un segundo paso, que también se prevé que se lleve a cabo sin desembolso, es que los suministros no solo se contraten, sino que se revisen periódicamente y uno a uno. «Se va a producir un ahorro importante pero además, tanto la institución provincial como los pueblos, vamos a contar también con un asesoramiento continuo sobre la facturación para conocer qué es lo que más nos conviene a en cada momento. No todos somos expertos en todo y, a lo mejor por haber suscrito un tipo de contrato y no otro, estamos pagando el doble», apostilla Centeno.

La Comisión de Asesoramiento y Nuevas Tecnologías elabora ahora los informes sobre medios materiales, adscripción y reglamento regulador, que darán forma al nuevo servicio, que se apoya en la Ley 300/200. La norma faculta a las diputaciones provinciales en la creación de estas centrales de compra, que también han puesto en marcha otras instituciones como el Gobierno central o la Junta de Castilla y León.

El sistema de la Junta ha permitido ahorrar 13,8 millones

La de la Diputación no es la primera. También la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería Hacienda, puso en marcha el sistema centralizado con un catálogo que abarca desde mobiliario y mamparas a suministros de papelería y oficina y equipos de climatización, fotocopiadoras, impresoras, ordenadores y programas informáticos o equipos de control de presencia, además de vehículos. En cuanto a los servicios, el Gobierno regional oferta la vigilancia de edificios, o la limpieza.

La utilización de la central de compras permitió un ahorro a la Junta de 13,8 millones de euros en la pasada legislatura, según manifestaron de Hacienda. La primera institución externa que solicitó la incorporación a la central de compras del ejecutivo autonómico fue la Diputación de León, en 2008. Posteriormente se han sumado los ayuntamientos de Valladolid, Laguna de Duero (en la misma provincia), Herrera de Pisuerga (Palencia), Muelas del Pan (Zamora), San Esteban de Gormaz (Soria) y desde ayer mismo la Diputación de Zamora.

En la actualidad es preciso que las entidades interesadas en el servicio firmen un convenio de adhesión con la Junta. Hacienda estudia sustituir este requisito por un acuerdo del órgano competente en la materia -por ejemplo, el Pleno- para facilitar su incorporación e incentivar su uso.


Fuente: Texto: Teresa Lapuerta, Fotografía, El Norte de Castilla, 30-11-2011.