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Manipulación del PGOU / Fuente: Último Cero

Dos abogados del Ayuntamiento -José Luis Barca y Luis Ángel Lavín- citados a declarar como imputados en el ’Caso PGOU’

Abierta una nueva vía de investigación sobre las alteraciones del Plan General

Miércoles 17 de abril de 2013 · 604 lecturas · rss article rubrique


En la fotografía, José Luis Barca (arriba) y Luis Ángel Lavín.

Dos abogados del Ayuntamiento citados a declarar como imputados en el ’Caso PGOU’

Abierta una nueva vía de investigación sobre las alteraciones del Plan General

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García de Coca, con su abogado, el 10 de enero de 2013, día en que acudió a declarar como imputado. Foto: C. Arranz.

Fuente: Texto: F.V., Fotografía: Carlos Arranz, Último Cero, 16-04-2013.


EL MUNDO - VERSIÓN PAPEL

El juez llama como imputados por el caso PGOU a dos letrados municipales

La Fiscalía pide que declaren Luis Ángel Lavín y José Luis Barca, autores del informe en el que se admitían «errores» en el Plan General de 2003

El ’caso PGOU’, la presunta manipulación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid del año
2003, se enreda. Cuando todo parecía indicar que, después de casi cinco años de instrucción, ya no habría más peticiones de declaración y que sólo faltaba esperar a que el titular del juzgado de Instrucción número
1, José Maria Crespo, dictará el auto de imputación o solicitara el archivo del caso al no encontrar indicios de delito, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid ha pedido al juez que llame a declarar, también como imputados, a los abogados del Ayuntamiento Luis Ángel Lavín Deza y José Luis Barca.

Ambos habían declarado como testigos, pero el próximo día 2410 harán de nuevo, esta vez como imputados. Con ellos son ya una veintena los imputados, entre ellos el propio alcalde, Javier León de la Riva.

Los dos letrados llamados otra vez por el juez -Barca se encuentra ya jubilado- realizaron, a raíz de la denuncia del Grupo Municipal Socialista en la que recogían la presunta manipulación de 67 artículos y cinco planos del PGOU del año 2003, un informe en el que se admitía la existencia de una serie de errores. Este informe se elevó a la Junta, que elaboró un documento de corrección de errores en ocho epígrafes y cinco planos, documento que a su vez fue recurrido por el PSOE. Es por su condición de autores de este informe de errores por lo que la Fiscalía solicita su declaración.

Uno de los planos presuntamente alterados es de los terrenos que ocupa la fundación Emilio Álvarez junto a la calle José María Lacort. Allí se levantaba la antigua sede de Cáritas y el Colegio de Sordos, ahora convertidos en un solar bajo el que se construyó un aparcamiento.

En un intento por desbloquear la situación de parálisis en este solar bajo sospecha, el Ayuntamiento y la fundación Emilio Álvarez llegaron a un acuerdo por el que esta última cede parte de los terrenos para servicios municipales. Fuentes de la fundación explicaron en su día que el acuerdo incluye el compromiso de reubicar allí la nueva sede de Cáritas y el resto de dependencias sociales.

El acuerdo fue denunciado ante la Fiscalía por el veterano representante vecinal Ángel Ceballos y por una sobrina de Emilio Álvarez Gallego, promotor de la fundación que lleva su nombre, en la que alertaban de la intención de los patronos de esta institución de construir viviendas en unos terrenos cuyo fin es social. Además de solicitar la declaración de los dos abogados municipales, la Fiscalía solicita también al Ayuntamiento el texto del acuerdo alcanzado con la fundación Emilio Álvarez y la modificación puntual del PGOU que afectaba a los terrenos en los que estaba el edificio de Cáritas.

El titular del juzgado de Instrucción dijo ayer que confía en que las nuevas diligencias no demoren mucho más su decisión, pendiente también de un informe policial.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Javier Izquierdo, señaló por su parte que lo que deja entrever la investigación es que no sólo se produjeron alteraciones en el PGOU del año 2003, sino que «se trataron de tapar con un documento de admisión de errores».

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José Luis Barca, derecha, junto al secretario del Ayuntamiento, Valentín Merino. / J. M. Lostau.

Pendiente un informe policial

Hasta las dos nuevas declaraciones solicitadas ahora por la Fiscalía, el juez estaba pendiente de un informe de la Policía para cerrar la instrucción y ponerse manos a la obra para dictar una resolución.

El informe en cuestión obedece a la petición realizada por la defensa del arquitecto Luis Álvarez Aller, uno de los imputados, en la que se solicitaba conocer quién es el autor del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana del año 2003 que aparece en la página de intranet del Ayuntamiento.

Es este informe el que faltaba para completar el rompecabezas de un caso que se dilata en el tiempo y que ahora puede retrasarse de nuevo con las peticiones de la Fiscalía. El letrado de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Carlos Castro, quien ejerce la acusación particular, dijo ayer que tras más de cuatro años de instrucción y a la vista de las pruebas "no se puede discutir que hubo un alteración
(del PGOU)" y que, a su juicio, «los hechos son delictivos », aunque la cuestión está en dilucidar «quién lo hizo o quien lo permitió». Añadió que confía en que al final «sí que haya imputados », aunque no se aventuró a pronosticar, menos aún después de la petición de la Fiscalía, cuándo se conocerá la decisión del juez.

Ahora la nueva cita en los juzgados por el caso PGOU será el próximo día 24, a la una de la tarde. A esa hora está previsto que declare Luis Ángel Lavín. Luego será el turno de José Luis Barca.

10 años desde la aprobación del plan y casi cinco de instrucción

Nadie esperaba a estas alturas del caso las dos nuevas declaraciones solicitadas por la Fiscalía de Valladolid.

Habría que echar la vista diez años atrás para buscar el origen de un asunto que ha acabado por complicarse.

La presunta manipulación del Plan General de Ordenación Urbana se habría producido en el lapso entre la aprobación del texto en el Pleno del Ayuntamiento, en agosto de 2003, y la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Una manipulación que permitió el cambio de usos en determinados suelos para incrementar la edificabilidad o construir, por ejemplo, un hotel o un aparcamiento, y que, supuestamente, perseguían beneficiar a terceras personas en unos momentos en los que el ’boom’ urbanístico estaba todavía en pleno apogeo.

El algún caso, la edificación permitida pasó de una decena de viviendas al centenar. Fue el PSOE el que, en julio de 2008, cinco años después de aprobado, denunció los hechos.

En la nómina de imputados están el concejal de Urbanismo de aquella época, Juan Antonio García de Coca, el arquitecto Luis Álvarez Aller, el alcalde, Javier león de la Riva, los exconcejales Tomás Punzano, Maria Luisa Ramírez y José Carlos Muñoz Mateos, y los actuales ediles Gonzalo Hernández Santamaría y Manuel Sánchez, además de varios técnicos.

Tanto los concejales como el propio alcalde rechazaron, en su declaración ante el juez, cualquier responsabilidad en las alteraciones y defendieron que su actuación se limitó a dar el visto bueno al documento presentado por los técnicos. Entre los 13 testigos que han pasado por el juzgado, está el director general de Vivienda de la Junta, Ángel Maria Marinero.

Además de eludir cualquier responsabilidad, el exconcejal García de Coca atribuyó las presuntas irregularidades que puedan existir en el PGOU de 2003 en el arquitecto Carlos Cándido Fraile Casares, fallecido en 2006.

Fraile Casares ejercía en aquellos años como funcionario interino municipal y con posterioridad a su salida del Ayuntamiento fue contratado para realizar los trabajos de adaptación y refundición del texto del PGOU. Un encargo que García de Coca justificó por ser este arquitecto «quien mejor conocía el tema».

Fuente: Texto: F. Martín, Fotografía: J. M. Lostau, Diario de Valladolid-El Mundo, 17-04-2013.


EL MUNDO - VERSIÓN ONLINE

TRIBUNALES | Irregularidades urbanísticas en Valladolid

Citados a declarar como imputados en el ’caso PGOU’ dos letrados del Consistorio

Se trata de José Luis Barca y Luis Ángel Lavín, que comparecerán el próximo 24 de abril

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha citado a declarar en calidad de imputados al que fuera jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, José Luis Barca, ya jubilado, y al todavía letrado municipal Luis Ángel Lavín Deza con motivo de las investigaciones que lleva a cabo desde hace casi cinco años para esclarecer las graves irregularidades cometidas en 2003 en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad que, supuestamente, favorecieron los intereses de determinados propietarios de suelo.

La comparecencia en sede judicial de ambos, que ya declararon por estos hechos anteriormente en calidad de testigos y que cuando se produjeron los hechos trabajaban en la Asesoría Jurídica municipal y elaboraron y firmaron el 14 de julio de 2008 el informe sobre la polémica modificación del PGOU, tendrá lugar el próximo día 24 de abril y a la misma habrán de acudir con asistencia letrada.

Será Luis Ángel Lavín Deza el primero en comparecer, a las 13.00 horas, ante el juez titular, José María Crespo, y tras él lo hará el que fuera jefe de dicho servicio jurídico municipal, el ya jubilado José Luis Barca, en ambos casos a petición de la Fiscalía vallisoletana que ha sido atendida por el instructor a través de una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas.

Pero además, el juez, a petición también del fiscal, insta al Ayuntamiento a que aporte copia certificada del expediente del convenio firmado en su día con la Fundación Emilio Álvarez Gallego y el expediente de modificación puntual del PGOU que contempla el arreglo de parcelas en la calle José María Lacort.

Tal requerimiento tiene su origen en la denuncia que tanto Ángel Ceballos Buendía, ex presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, como Julia Álvarez Arregui, sobrina de Emilio Álvarez Gallego, han presentado hace unos días ante la Fiscalía y en la que aseguran que dicha fundación tiene previsto acometer en la zona afectada, sede anteriormente del antiguo Colegio de Sordos y de Cáritas, un complejo inmobiliario con spa y apartamentos.

Sin embargo, la fundación alega que en el estudio de detalle presentado en el Ayuntamiento se recoge su compromiso de rehabilitar el inmueble de José María Lacort para volver a acoger tanto el Colegio de Sordos como Cáritas, momentáneamente trasladados a la calle Santuario, y destinar toda la zona a usos dotacionales.
Nueva demora

Las pruebas, testificales y documentales, solicitadas por el juez supondrán una nueva demora antes de que José María Crespo acuerde el sobreseimiento de las actuaciones o bien, que es lo más probable, dicte el correspondiente auto de imputación contra algunos de la veintena de imputados que hasta la fecha han ’desfilado’ por el Juzgado de Instrucción número 1, entre ellos el propio alcalde, Francisco Javier León de la Riva, así como antiguos miembros de la corporación (Tomás Punzano, María Luisa Ramírez y José Carlos Muñoz Mateos) y de los todavía hoy ediles Gonzalo Hernández Santamaría y Manuel Sánchez, junto con el arquitecto Pablo Luis Gigosos.

El último en declarar, el día 10 de enero de 2013, fue el ex concejal de Urbanismo y principal imputado, José Antonio García de Coca, quien entonces, en su segunda comparecencia ya ante el juez instructor, invocó nuevamente su inocencia y responsabilizó de lo ocurrido al que fuera arquitecto municipal Carlos Cándido Fraile Casares, fallecido en abril de 2006.

"Según él, como ya dijo en su día, sólo hay un responsable que es lamentablemente la persona que ha fallecido y que fue quien hizo y controló todo, sin que nadie más se percatara de lo ocurrido hasta tiempo después", resumió ese día el abogado de la acusación popular ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos.

El denominado ’Caso del PGOU’ de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos -el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos- y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.

La denuncia de los socialistas fue puesta en manos del Juzgado Decano por parte de la Fiscalía vallisoletana, que pidió la declaración de García de Coca como imputado y apuntaba la posibilidad de recabar el testimonio del propio alcalde y del consejero de Fomento, Antonio Silván, así como de encomendar a la Policía Judicial la investigación con el acceso a toda la documentación mencionada y averiguar qué personas se beneficiaron de las modificaciones realizadas en el texto del PGOU.

Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación popular tras desembolsar 8.000 euros de fianza.

Fuente: Texto, El Mundo, 17-04-2013.


El juez del caso PGOU cita a declarar como imputados a dos letrados municipales

José Luis B., ya jubilado, y Luis Ángel L.D., en activo, comparecerán en Instrucción 1 el 24 de abril • Este caso se investiga desde hace cinco años y ya han declarado como imputados más de veinte personas, entre ellas, el alcalde

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 1 ha citado a declarar como imputados al que fuera jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, José Luis B., ya jubilado, y al aún letrado municipal Luis Ángel L.D., con motivo de las investigaciones que lleva a cabo desde hace cerca de cinco años para tratar de esclarecer las graves irregularidades cometidas en el año 2003 durante el proceso de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de esta ciudad que, supuestamente, favorecieron los intereses de varios propietarios de suelo.

La comparecencia de ambos tendrá lugar el próximo miércoles día 24 de abril y a la misma habrán de acudir con asistencia letrada, de ahí que se les cite en calidad de imputados, puesto que ambos ya declararon por este asunto como testigos. Cuando se produjeron los hechos objeto de investigación trabajaban en la Asesoría Jurídica municipal, y, con fecha 14 de julio de 2008, elaboraron y firmaron el informe sobre la modificación del PGOU.

A petición de la Fiscalía. Será Luis Ángel L.D. el primero en comparecer ante el juez titular de Instrucción 1, José María Crespo; a las 13.00 horas. Tras él lo hará el que fuera jefe del servicio jurídico municipal, el ya jubilado José Luis B., en ambos casos a petición de la Fiscalía vallisoletana, solicitud que ha sido atendida por el juez instructor del caso a través de una providencia a la que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas.

Pero además, el magistrado, a petición también de la Fiscalía, insta al Ayuntamiento a que aporte copia certificada del expediente del convenio firmado en su día con la Fundación Emilio Álvarez Gallego y el expediente de modificación puntual del Plan General, que contempla el arreglo de parcelas en la calle José María Lacort.

Este requerimiento tiene su origen en la denuncia que tanto Ángel Ceballos, expresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, como Julia Álvarez Arregui, sobrina de Emilio Álvarez Gallego, han presentado hace unos días ante la Fiscalía y en la que aseguran que la fundación tiene previsto acometer en la zona afectada, sede anteriormente del viejo Colegio de Sordos y de Cáritas, un complejo inmobiliario con apartamentos y spa.

Parcela de Cáritas. Sin embargo, esta fundación alega que en el estudio de detalle presentado en el Ayuntamiento sí que se recoge su compromiso de rehabilitar el inmueble de José María Lacort para volver a acoger el Colegio de Sordos y Cáritas.

Las nuevas pruebas, testificales y documentales, solicitadas por el juez instructor supondrán una nueva demora antes de que José María Crespo acuerde sobreseer las actuaciones o bien, que es lo más probable, que dicte un auto de imputación contra algunos de la veintena de imputados que hasta la fecha han ‘desfilado’ por el Juzgado de Instrucción número 1, entre ellos el propio alcalde, Francisco Javier León de la Riva, así como antiguos miembros de la corporación (Tomás Punzano, María Luisa Ramírez y José Carlos Muñoz Mateos) y de los todavía hoy ediles Gonzalo Hernández Santamaría y Manuel Sánchez.

Fuente: Texto, El Día de Valladolid, 17-04-2013.


El instructor del caso PGOU cita como imputados a dos abogados municipales

José Luis Barca. ya jubilado, y Luis Ángel Lavín Deza, en activo, deberán comparecer en el juzgado el 24 de abril

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha citado a declarar en calidad de imputados al que fuera jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, José Luis Barca, ya jubilado, y al todavía letrado municipal Luis Ángel Lavín Deza con motivo de las investigaciones que lleva a cabo desde hace casi cinco años para esclarecer las graves irregularidades cometidas en 2003 en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad que, supuestamente, favorecieron los intereses de determinados propietarios de suelo.

La comparecencia en sede judicial de ambos, que ya declararon por estos hechos anteriormente en calidad de testigos y que cuando se produjeron los hechos trabajaban en la Asesoría Jurídica municipal y elaboraron y firmaron el 14 de julio de 2008 el informe sobre la polémica modificación del PGOU, tendrá lugar el próximo día 24 de abril y a la misma habrán de acudir con asistencia letrada.

Será Luis Ángel Lavín Deza el primero en comparecer, a las 13:00 horas, ante el juez titular, José María Crespo, y tras él lo hará el que fuera jefe de dicho servicio jurídico municipal, el ya jubilado José Luis Barca, en ambos casos a petición de la Fiscalía vallisoletana que ha sido atendida por el instructor a través de una providencia, informa Europa Press.

Pero además, el juez, a petición también del fiscal, insta al Ayuntamiento a que aporte copia certificada del expediente del convenio firmado en su día con la Fundación Emilio Álvarez Gallego y el expediente de modificación puntual del PGOU que contempla el arreglo de parcelas en la calle José María Lacort. Tal requerimiento tiene su origen en la denuncia que tanto Ángel Ceballos Buendía, expresidente de

la Federación de Asociaciones de Vecinos, como Julia Álvarez Arregui, sobrina de Emilio Álvarez Gallego, han presentado hace unos días ante la Fiscalía y en la que aseguran que dicha fundación tiene previsto acometer en la zona afectada, sede anteriormente del antiguo Colegio de Sordos y de Cáritas, un complejo inmobiliario con ’spa’ y apartamentos. Sin embargo, la fundación alega que en el estudio de detalle presentado en el Ayuntamiento se recoge su compromiso de rehabilitar el inmueble de José María Lacort para volver a acoger tanto el Colegio de Sordos como Cáritas, momentáneamente trasladados a la calle Santuario, y destinar toda la zona a usos dotacionales.

Las pruebas

Las pruebas, testificales y documentales, solicitadas por el juez supondrán una nueva demora antes de que José María Crespo acuerde el sobreseimiento de las actuaciones o bien, que es lo más probable, dicte el correspondiente auto de imputación contra algunos de la veintena de imputados que hasta la fecha han ’desfilado’ por el Juzgado de Instrucción número 1, entre ellos el propio alcalde, Francisco Javier León de la Riva, así como antiguos miembros de la corporación (Tomás Punzano, María Luisa Ramírez y José Carlos Muñoz Mateas) y de los todavía hoy ediles Gonzalo Hernández Santamaría y Manuel Sánchez, junto con el arquitecto Pablo Luis Gigosos.

El último en declarar, el día 10 de enero de 2013, fue el exconcejal de Urbanismo y principal imputado, José Antonio García de Coca, quien entonces, en su segunda comparecencia ya ante el juez instructor, invocó nuevamente su inocencia y responsabilizó de lo ocurrido al que fuera arquitecto municipal Carlos Cándido Fraile Casares, fallecido en abril de 2006.

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EL Letrado Barca, a la derecha, con Valentín Merino, secretario general del Ayuntamiento, cuando declaró por el caso. H. Sastre.

Fuente: Texto, Fotografía: Henar Sastre, El Norte de Castilla, 17-04-2013.