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Federación Vecinal de Valladolid Antonio Machado


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23 noviembre, sábado, 12h. Plaza de Colón

Jornada de Movilización de la Cumbre Social: Manifestación en Valladolid

Convoca la Cumbre Social de Castilla y León

Viernes 22 de noviembre de 2013 · 132 lecturas · rss article rubrique


CUMBRE SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN

Manifiesto #23NCyL

Movilizaciones en Castilla y León

Sábado, 23 de noviembre

Pese a los cantos de sirena sobre la incipiente recuperación económica y el insistente mensaje de distintos dirigentes políticos y empresariales, del ámbito nacional e internacional, proclamando que las políticas de austeridad empiezan a dar sus frutos, la realidad es que los ciudadanos de a pie no percibimos ningún atisbo de mejora sino, al contrario, el estancamiento de la situación.

Es por esto que los ciudadanos de Castilla y León, atendiendo la convocatoria de la Cumbre Social, participamos en esta jornada de movilizaciones contra la política de recortes impuesta por la UE, asumida por el Gobierno de España y respaldada por distintos gobiernos autonómicos, entre ellos el castellano y leonés; recortes que están generando más paro, más pobreza y más desigualdad y por ello demandamos la inmediata puesta en marcha de un plan de inversiones a nivel europeo para propiciar un crecimiento sostenible y empleos de calidad.

En España, todavía hay cerca de 6 millones de desempleados, más de la mitad jóvenes y en nuestra Comunidad Autónoma, la cifra se acerca peligrosamente a los 250.000 parados; Por culpa de la Reforma Laboral se está precarizando aún más el mercado de trabajo, sustituyendo empleo indefinido por temporal y se siguen bajando los salarios mientras aumentan los beneficios empresariales; se continúa desmantelando el Estado de Bienestar a través de los recortes sociales en sanidad, educación, prestaciones por desempleo, pensiones, servicios sociales, justicia, servicios públicos esenciales y se incrementa cada día, de manera alarmante, el número de personas por debajo del umbral de la pobreza.

El Gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy, está utilizando la crisis económica para aplicar una política neoliberal a ultranza que no le es ajena y que además rige el destino de buena parte de la Unión Europea. Una política que antepone el interés privado al interés general, y que incrementa las desigualdades y abandona a los ciudadanos a su suerte. Y, frente a esta situación no cabe la resignación. Resignarse es suicidarse.

El pasado mes de octubre, los numerosos colectivos que formamos la Cumbre Social, ya apoyamos distintas movilizaciones en toda España: el día 7 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional por el Trabajo Decente; el 17, con motivo del Día Internacional de Lucha contra la Pobreza y el 24 de octubre toda la comunidad educativa mostró su rechazo a la ley Wert, secundando la huelga general de Educación y participando en masivas manifestaciones en todo el país.

El Gobierno, por su parte, refugiado en una mayoría absoluta conseguida con falsas promesas electorales, sigue sin escuchar, sin dialogar, y sin querer ver las consecuencias de unas políticas injustas que pretenden quebrar la solidaridad y la igualdad.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2014, y los Presupuestos de Castilla y León para dicho ejercicio, son más de lo mismo.

Unos Presupuestos que continúan la línea de los recortes de los últimos años, y que son claramente antisociales y sin actuaciones dirigidas a impulsar el crecimiento y el empleo. Unos Presupuestos que escenifican la incapacidad manifiesta de los actuales gobernantes para sacarnos del pozo de la crisis y que evidencian que el final real de la misma para las personas está lejos de llegar.

Así, asistimos a la aprobación de unos presupuestos extremadamente restrictivos e inútiles para generar actividad económica y creación neta de empleo, que no van a posibilitar la recuperación de las personas, al prolongarse una tasa de Paro récord y un empobrecimiento del conjunto de la ciudadanía.

Como consecuencia de las sucesivas Reformas del Gobierno del Partido Popular el escenario real presupuestario para el 2014 conllevará una perdida de 495 millones de euros en el bolsillo de cerca de un millón y medio de ciudadanos, y en el conjunto de la economía de Castilla y León. Un profundo impacto en la economía que supone una pérdida de potencial de crecimiento del PIB de Castilla y León en torno al 1%.

Una pérdida real de poder adquisitivo para los 180.000 empleados públicos, para los
525.000 asalariados, para los 592.000 pensionistas, y para los 115.000 parados con prestación, de Castilla y León. Y es que ¿cómo se puede tildar de ’sociales’ unos Presupuestos que conllevan la pérdida de poder adquisitivo de 1.412.000 castellanos y leoneses?

Por su parte, los servicios públicos esenciales seguirán sufriendo abultados recortes año tras año, lo que implica su progresivo desmantelamiento. Para 2014, plantean un recorte de casi el 4% en tres áreas de gasto clave de la protección social, como son Sanidad, Educación y Servicios Sociales. De manera que, en los últimos 5 años, vamos a soportar un recorte acumulado de cerca de 850 millones de euros en la sanidad, la educación y los servicios sociales de Castilla y León. ¿Y aún así hablan de unos Presupuestos ’sociales’?

Por su parte, la Reforma de la Administración Local supondrá la pérdida de puestos de trabajo y la eliminación de servicios públicos próximos al ciudadano. Una reforma que atenta muy especialmente contra los intereses de una Comunidad eminentemente municipalista y con una gran presencia del medio rural, como es Castilla y León, y que, una vez más, se ha hecho sin diálogo, sin criterios de racionalidad, con una clara intención privatizadora y que choca con el propio sistema democrático.

Una Reforma Local que, aunque pueda parecer que no tiene una afección directa sobre la ciudadanía, se dispone a vaciar de competencias y servicios a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes. Con lo que se verán afectados la práctica totalidad de los municipios de Castilla y León, ya que sólo hay 15 municipios que superen los 20.000 habitantes en nuestra Comunidad.

El 99% de los municipios de Castilla y León perderán competencias y servicios municipales en favor de las nueve Diputaciones Provinciales existentes en nuestra Comunidad, que se verán inequivocamente reforzadas con esta reforma. De modo que asistimos a la implantación de un modelo que pretende recentralizar al ámbito municipal en estructuras como las Diputaciones que no son instituciones elegidas directamente por la ciudadanía.

Al mismo tiempo que se producirá un desmantelamiento de Servicios Públicos de las Entidades Locales, ya que los servicios que estas prestan en la actualidad en materia de Sanidad (consultorios), Educación (mantenimiento de colegios) y Servicios Sociales deberán pasarán a la Junta de Castilla y León.

Dejando en una situación de riesgo el futuro de los servicios sociales, ya que deberán de ser asumidos integramente por la Junta de Castilla y León (Ayudas de Emergencia, Ayuda a Domicilio, Escuelas Infantiles, etc). Cuando estos servicios venían siendo cofinanciados, prácticamente al 50%, entre los municipios prestadores del servicio y la propia Comunidad Autónoma. Y mucho nos tememos que, con la Reforma, este coste recaerá directamente en los usuarios de dichos servicios.

Del mismo modo, las 2.232 Entidades Locales Menores que existen actualmente en Castilla y León están en riesgo de desaparición si se aplica la Reforma Local impuesta por el Gobierno de España.

Y, teniendo en cuenta que nuestra Comunidad reúne el 60% de todas las Entidades Locales Menores existentes en nuestro país, podemos afirmar que esta Reforma Local supone una agresión directa a nuestros intereses como Comunidad.

Otro ejemplo de esta política contra los derechos laborales y sociales es la Reforma de Pensiones, que el Gobierno de Mariano Rajoy quiere imponer de manera unilateral y que rompe la última promesa electoral del programa con el que accedió al poder.

Esta reforma, que merma el poder adquisitivo de los pensionistas presentes y futuros y cuenta con el rechazo unánime de todos los grupos parlamentarios y de los interlocutores sociales, tiene una doble vía de recorte: por un lado el llamado ’Índice de Revalorización’, que viene a desvincular la actualización automática de las pensiones al IPC, por una formula inventada que establece un suelo en años de crisis del 0,25 % y un techo en los años de bonanza del IPC+0,25%; y por otra parte, con la introducción del ’Factor de Sostenibilidad’ utilizando la esperanza de vida a los 67 años para calcular la pensión inicial de quien se jubila, reduciendo la cuantía de la pensión a percibir, a medida que aumenta la esperanza de vida del pensionista, una auténtica barbaridad política.

Y ante este hecho, hemos de tener presente que en Castilla y León las pensiones contributivas son determinantes para nuestra economía y la cohesión social. Ya que los 592.000 pensionistas existentes en nuestra Comunidad representan el 25% del total de la población, y suponen el 12 % del PIB de nuestra Comunidad Autónoma.

Estamos hablando de una Reforma que provocará un recorte brutal de la cuantía de las pensiones. No en vano diferentes estudios certifican una bajada de las pensiones perdiendo, en un periodo de 10 años, entre un 15% y un 28% del poder adquisitivo de nuestros pensionistas.

Así, podemos afirmar que la Reforma de las Pensiones supone una de las mayores agresiones sociales y políticas sobre la ciudadanía de Castilla y León, ya que no debemos olvidar que, uno de cada cuatro castellanos y leoneses es pensionista en la actualidad y que por vez primera una reforma de pensiones afectará, si no lo impedimos, de forma negativa a los hoy pensionistas.

Desde todos los sectores se ha pedido la retirada de esta reforma de pensiones, porque es innecesaria e injusta y porque solo responde a los intereses de los grupos económicos y financieros; así como la retirada de la reforma de la Administración Local porque recortando derechos y servicios públicos se está atentando contra la inmensa mayoría de la sociedad y la calidad de la democracia. Si bien, el Gobierno se escuda en su mayoría absoluta para continuar adelante con estos atropellos sociales.

Por eso, los colectivos que conformamos la Cumbre Social de Castilla y León, entendemos que, frente a esta erosión de nuestro Estado de Bienestar, frente al secuestro de los derechos ciudadanos, solo cabe una respuesta masiva.

No vale la resignación, ni siquiera el silencio, porque de todo se intenta adueñar este Gobierno cuando apela a “las mayorías silenciosas”.

No queremos un país resignado, donde prevalezca un único pensamiento, el de los poderosos, donde prime el individualismo frente al bien colectivo. Queremos un país de todos y para todos, donde las personas estén en el centro de todas las políticas.

Así, este sábado 23 de noviembre, en el marco de una gran movilización de ámbito nacional y europeo, nos movilizamos junto a miles de ciudadanas y ciudadanos por nuestros derechos, en defensa de lo público, de las pensiones, de las personas. Así, hemos salido, una vez más, a la calle para exigir otra política, porque hay alternativas para una salida más justa de la crisis.

  • No a los Presupuestos del Paro y de los Recortes Sociales...
  • No a la Reforma de las Pensiones que nos empobrece...
  • No a la Reforma Local que supone un ataque a los pequeños municipios y los servicios públicos...

Emplea tu fuerza, defiende tus derechos.
No dejes que te los arrebaten...

  • ¡Defendamos lo público!
  • ¡Defendamos las pensiones!
  • ¡Defendamos a las personas!
  • El 23 de noviembre salimos a la calle...

La Confederación de Asociaciones Vecinales de Castilla y León - CAVECAL es miembro de la Cumbre Social de Castilla y León


DECLARACIÓN 12 CUMBRE SOCIAL ESTATAL

#23N “EN DEFENSA DE LO PÚBLICO,

LAS PENSIONES Y LAS PERSONAS”

Frente a la erosión de nuestro Estado de Bienestar, frente al secuestro de los derechos de la ciudadanía, solo cabe una respuesta, y masiva. No vale la resignación, ni siquiera el silencio, porque de todo se intenta adueñar el Gobierno cuando apela a “las mayorías silenciosas”. No queremos un país en negro, donde prevalezca un pensamiento único, el de los poderosos, donde prime el individualismo frente al bien colectivo. Queremos un país de todos y para todos, donde las personas estén en el centro de todas las políticas.

No es cierto, las cosas no van mejor. Pese a los cantos de sirena sobre la incipiente recuperación económica y el insistente mensaje de distintos dirigentes políticos y empresariales, del ámbito nacional e internacional, proclamando que las políticas de austeridad empiezan a dar sus frutos, la ciudadanía no percibe ningún atisbo de mejora sino, al contrario, el estancamiento de la situación.

Se está desmantelando la protección social, los servicios públicos, los derechos de la ciudadanía con políticas neoliberales que pretenden acabar con el estado de bienestar y de derechos que hemos construido. Esas políticas instruidas desde la Unión Europea, y seguidas fielmente por los Gobiernos nacionales, y sobre las que tiene mucha responsabilidad la derecha, están intentando acabar con todo.

La Cumbre Social Estatal, ya acordó el 29 de octubre participar en la jornada de movilizaciones contra la política de recortes, que está generando más paro, más pobreza y más desigualdad, demandando un plan de inversiones a nivel europeo para propiciar un crecimiento sostenible empleos de calidad.

En nuestro país, todavía hay cerca de 6 millones de personas desempleadas, se está precarizando aún más el mercado laboral, sustituyendo empleo indefinido por temporal; se continúa desmantelando el Estado de Bienestar a través de los recortes sociales en sanidad, educación, prestaciones por desempleo, pensiones, servicios sociales, justicia, servicios públicos esenciales; se siguen bajando los salarios mientras aumentan los beneficios empresariales; y se incrementa cada día, de manera alarmante, el número de personas por debajo del umbral de la pobreza.

El Gobierno del PP está utilizando la crisis económica para aplicar una política neoliberal a ultranza que no le es ajena y que además rige el destino de Europa. Una política que antepone el interés privado al interés general, que incrementa las desigualdades y se desentiende de la ciudadanía. Frente a esta situación no cabe la resignación.

El pasado mes de octubre apoyamos distintas movilizaciones en toda España: El 7, coincidiendo con el Día Internacional por el Trabajo Decente; el 17, con motivo del Día Internacional de Lucha contra la Pobreza y el 24 de octubre toda la comunidad educativa mostró su rechazo a la ley Wert, secundando la huelga general de Educación y participando en masivas manifestaciones en todo el país.

El Gobierno, refugiado en una mayoría absoluta conseguida con falsas promesas electorales, sigue sin escuchar, sin dialogar, sin querer ver las consecuencias de unas políticas que pretenden quebrar la solidaridad y la igualdad. Los Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas para 2014 son más de lo mismo, continúan la línea del recorte del gasto de los últimos años, claramente antisociales y carentes de actuaciones dirigidas a impulsar el crecimiento y el empleo. Escenifican la incapacidad manifiesta del Gobierno para sacarnos del pozo de la crisis y anuncian que el final de la misma para las personas está lejos de llegar.

Pese a un descomunal plan de salvamento de las entidades bancarias privadas con dinero público, la situación del sobre-endeudamiento del sistema financiero español no está solucionada. Ello ha llevado a la banca privada al borde de la quiebra técnica, ha obligado a un rescate financiero avalado por el estado y está poniendo en peligro cualquier salida social de una crisis en la que dicha banca tiene una responsabilidad indudable, por la que debería ser enjuiciada penal y socialmente.

La reforma de la Administración Local supondrá la pérdida de puestos de trabajo y la eliminación de servicios públicos próximos al ciudadano. Una reforma que una vez más se ha hecho sin diálogo social, sin criterios de racionalidad, con una clara intención privatizadora y que choca con el propio sistema democrático. Es claramente antisocial, erosiona el Estado de Bienestar, vulnera el principio de igualdad de oportunidades, destruye empleo público y deteriora sus condiciones laborales.

Otro ejemplo de esta política contra los derechos laborales y sociales es la reforma de pensiones, que el Gobierno de Rajoy quiere imponer de manera unilateral y que rompe la última promesa electoral del programa con el que accedió al poder. Esta reforma merma el poder adquisitivo de los pensionistas presentes y futuros y cuenta con el rechazo unánime de todos los grupos parlamentarios y de los interlocutores sociales.

Hemos pedido la retirada de esta reforma de pensiones porque es innecesaria, injusta y solo responde a los intereses de los grupos económicos y financieros, y también la retirada de la reforma de la Administración Local porque recortando derechos y servicios públicos se está atentando contra la inmensa mayoría de la sociedad y la calidad de la democracia.

Denunciamos, asimismo, la contrarreforma que a golpe de decreto está realizando este gobierno para constreñir la democracia y los derechos de la ciudadanía (jóvenes, mujeres, inmigrantes, personas dependientes, y un largo etc.), e instalarse en la represión, y la deriva autoritaria de criminalización de la protesta social tal y como recoge el proyecto de ley, actuando contra el derecho de manifestación, amordazando las televisiones públicas e insistiendo en la pérdida de derechos de colectivos, como los inmigrantes, que les ha sumido en una situación de extrema vulnerabilidad.

El próximo día 23 de noviembre, en el marco de movilizaciones en el ámbito europeo, nos manifestamos por nuestros derechos, en defensa de lo público, de las pensiones, de las personas. Saldremos a la calle para exigir otra política, porque hay alternativas para una salida más justa de la crisis.

  • EMPLEA TU FUERZA, DEFIENDE TUS DERECHOS.
  • NO DEJES QUE TE LOS ARREBATEN
  • VAMOS A CAMBIAR LAS COSAS
  • #23N
  • DEFENDAMOS LO PÚBLICO
  • DEFENDAMOS LAS PENSIONES
  • DEFENDAMOS A LAS PERSONAS

La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales - CEAV en miembro de la Cumbre social Estatal