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Ordenanzas fiscales

Alegaciones de la Federación a las Ordenanzas Fiscales para 2014

Denuncia el injusto reparto de cargas tributarias del impuesto de bienes inmueble y la doble imposición por refundición de la tasa de basuras en el tributo que grava la propiedad

Lunes 25 de noviembre de 2013 · 291 lecturas · rss article rubrique


SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

D. MARIA JOSE LARENA GOROSTIAGA, con D.N.I. nº , en nombre y representación de la FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS Y CONSUMIDORES DE VALLADOLID “ANTONIO MACHADO”, CIF G-47.035.076, con domicilio a efectos de notificaciones en calle Andrés de Laorden, s/n, 47003 Valladolid, ante el Concejal de Hacienda y Función Pública, comparece y DICE:

ASUNTO: ALEGACIONES ORDENANZAS FISCALES PARA AÑO 2014

Que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la provincia de 18 de octubre de 2013 se sometió a información pública el expediente relativo a la modificación de las Ordenanzas fiscales para el ejercicio 2014

Que dentro del plazo preceptivo vengo a efectuar las siguientes

PRIMERA.- RESPECTO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

1. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo obligatorio directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en la Ley.

2. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los derechos de usufructo y de propiedad sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales, definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

3. La leyes vigentes establecen que gozan de exención del impuesto, entre otros supuestos, los siguientes inmuebles:

  1. Los que son propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales y que estén directamente afectos a la defensa nacional, a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios.
  2. Los de la Iglesia Católica, en los estrictos términos recogidos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979.
  3. Los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, con las que se establezcan acuerdos de cooperación, en los estrictos términos en ellos recogidos.
  4. Los de la Cruz Roja española.
  5. Los de los centros docentes privados acogidos al régimen de conciertos educativos en la superficie cuanto a la estricta superficie dedicada a enseñanza concertada.
  6. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regirá por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y por las demás disposiciones legales y reglamentarias

ALEGACIÓN ÚNICA.- Injusto reparto de cargas tributarias del impuesto de bienes inmueble.

En la presente situación de caída en picado de los ingresos en el Ayuntamiento de Valladolid, la grave deuda existente y las casi inevitables cargas económicas, financieras y judiciales derivadas de la mala gestión de los asuntos públicos, es suicida mantener un sistema de exenciones y bonificaciones que merma fuertemente la capacidad recaudatoria municipal y que obliga, como siempre, elevar la presión fiscal sobre las rentas más débiles de las clases media, obrera y pasiva (jubilados y pensionistas).

  • La revisión a fondo y efectiva actualización de la situación real de todas y cada una de las exenciones y bonificaciones reconocidas hasta el momento por el Ayuntamiento de Valladolid, al objeto de corregir y en su caso suprimir ocultaciones y fraudes a la Hacienda municipal, tales como no tributación por bienes inmuebles urbanos, rústicos y de especiales características que no deban bajo ningún concepto tener la consideración de exentos o bonificados, por no concurrir en los mismos las circunstancias exigibles y/o estar sujetos a explotación económica por el propietario beneficiario (Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, confesiones religiosas, Banca, organizaciones empresariales y sociales, etc.).
  • La exigencia de aportación tributaria al patrimonio de banca y cajas de ahorros, que disponen de un inmenso patrimonio de vivienda y suelo, acumulado por ruinosas iniciativas especulativas, cuyas consecuencias no pueden cargarse sobre el conjunto de los contribuyentes.
  • Aumentar el tipo de gravamen sobre aquellos bienes inmuebles urbanos, rústicos y de especiales características que por valor catastral, ubicación y/o explotación puedan estimarse de lujo.
  • Aumentar el tipo de gravamen sobre los bienes inmuebles urbanos vacíos y rústicos baldíos.

SEGUNDA.- RESPECTO DE LA TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

ALEGACIÓN PRIMERA.- Doble imposición por refundición de la tasa en el tributo que grava la propiedad.

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid en su sesión plenaria del día 29 de septiembre de 1983, según la trascripción literal recogida del libro de actas en relación al punto 9 del orden del día (“Cambios de denominación y nomenclatura de las Ordenanzas fiscales y aprobación de nuevos textos”), dice:

“Se da cuenta del dictamen de la Comisión informativa de Hacienda y Patrimonio, por el que se informa favorablemente la propuesta que a continuación se trascribe, de conformidad con la cual se estima debe adoptarse el siguiente acuerdo: El estudio y aplicación de determinadas ordenanzas fiscales que actualmente tiene en vigor el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, permite constatar la existencia de una similitud entre el hecho imponible, base imponible, sujetos pasivos e incluso normas de gestión de determinados tributos, lo cual permite proceder a una refundición de las Ordenanzas Fiscales de manera que un único concepto es comprensivo de varios hechos imponibles, los cuales tienen el mismo apoyo legal en la normativa recogida en el Real Decreto 3250/1976, de 30 de Diciembre, sobre Haciendas Locales”.

Continua el acta:

“La comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio informa que la refundición realizada tiene un alcance más amplio, puesto que se ha tratado de subsanar con la nueva redacción los problemas prácticos que la aplicación de las normativa suponía en la gestión…”.

También recoge el siguiente comentario del concejal de Hacienda de trascripción literal, párrafo 3º, página 155:

“Alude a otra innovación importante, en cuanto afecta a la generalidad de la población, como es la refundición en un solo concepto —que se acumula, además a la contribución territorial urbana– de las anteriores tasas de recogida de basuras, incendio, alcantarillado, voladizos y paso de carruajes, e informa que, respecto a la recogida domiciliaria de basuras se manejaban dos criterios: el valor catastral y la clasificación de calles, al propio tiempo que se manifiesta que la novedad que incorporan es que ahora, tanto la tasa de alcantarillado, como la incendios y basuras, en conjunto se va a basar todo en el valor catastral de las viviendas y se va aplicar el 0,45% sobre el total de ellas, globalmente...”

… “Como consecuencia de este acuerdo, el importe a pagar en el año 1983 del Recibo de Contribución Territorial Urbana, que era de 2.250 pesetas, pasó a ser de 6.884 pesetas en el año 1984, incremento a todas luces anormal que no se justifica si no es por la inclusión de las tasas por prestación de servicios a la propiedad y su aprovechamientos especiales”.

En documento de fecha 23 de noviembre de 1983, páginas 382 a 391, de la Caja 4810-1 del Archivo municipal, Presupuesto 1984, el concejal delegado de Hacienda, en su apartado 4.2, dice expresamente lo siguiente:

“El Ayuntamiento de Valladolid tiene intención de hacer uso de esta disposición e incrementar el tipo de la Contribución Territorial Urbana hasta compensar el rendimiento de otras tasas de difícil cobro y costosa gestión que, por otro lado, han sido criticadas duramente. Como se indica anteriormente, no se trata de elevar el tipo de la Contribución Territorial Urbana sin límite, sino por el contrario recaudar lo mismo. Las tasas que después se derogarán son las siguientes: Recogida de Basuras, Alcantarillado, Prevención de Incendios, Voladizos y Paso de Carruajes”.

Es palmario que la tasa por el servicio de la recogida de basuras o residuos sólidos urbanos, así como su tratamiento o trasformación, no es de nueva creación, porque según el artículo 8 sobre el devengo la obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicia la prestación del servicio y éste se ha venido cobrando a los titulares de recibos sobre la propiedad inmobiliaria desde el ejercicio de 1984 hasta el día de la fecha. Durante estos 30 años los contribuyentes hemos estado pagando año tras año la tasa a través primero del recibo de la Contribución Territorial Urbana (CTU) y posteriormente con el que lo sustituyó, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

ALEGACIÓN SEGUNDA.- El Ayuntamiento pretende recaudar servicios que no presta.

La obligación de contribuir nace con la prestación efectiva del servicio. Según su peculiar Ordenanza, el Ayuntamiento de Valladolid entiende por “utilizado” el servicio por el mero hecho de que lo tiene establecido, aunque no lo preste, clara manifestación de abuso de poder con la que obliga al pago de la tasa a pisos o locales cerrados o inutilizados, o de imposible uso inmediato, o en situación declarada de ruina, o por no disponer de licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad, o por encontrarse dados de baja en los servicios de suministro de de agua y electricidad. Hay abundante jurisprudencia que sentencia como no sujetas a derecho las pretensiones de recaudar tasas por servicios que no se prestan efectivamente.

El Ayuntamiento de Valladolid desnaturaliza el concepto de tasa que, a su pesar, es un tributo cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.

ALEGACIÓN TERCERA.- No correspondencia entre tasa exigida y coste del servicio prestado.

La administración municipal en particular y las administraciones central en general, en no pocas ocasiones, sin descartar que puedan producirse fraudes, fijan las tasas públicas sin tener en cuenta el principio de eficacia y sin que las cuotas de estas tasas respondan realmente al coste de los servicios prestados y se guían más a su simple vinculación al IPC u otras infundadas apreciaciones que a una revisión a fondo de los valores monetarios de los distintos factores que intervienen en la actividad.
Recientemente, en estudios elaborados por el Registro General de Expertos Contables, el Consejo General de Economistas y Transparencia Internacional España concluyen que buena parte de las tasas públicas se fijan por necesidad de incrementar la recaudación de las administraciones y así construyen la cuota de las tasas a su antojo, como quieren, sin que el sujeto pasivo sepa el qué, cómo y por qué de la decisión administrativa adoptada.

Las cuotas satisfechas por los contribuyentes para cubrir la realización del servicio de recogida de basuras que se han incrementado notablemente, pues desde 1 de enero de 1984 hasta hoy, para una población sensiblemente idéntica (320.293 habitantes en 1981 y 313.437 en 2012), la recaudación se ha disparado, ya que los obligados al pago pasaron de 88.016 recibos en el año 1981 a los aproximadamente 171.000 en la actualidad, circunstancia que permite afirmar que lo que abonamos por recogida de basuras es ya muy superior al coste real del servicio.

ALEGACIÓN CUARTA.- Notificaciones inexistentes e ineficacia del padrón fiscal de la tasa.

Como consecuencia del acuerdo de imposición de la tasa de recogida de residuos aprobada por el Pleno con fecha 21 de diciembre de 2012, se estableció la obligatoriedad de un pago periódico para la prestación del citado servicio, lo que implica la confección de un padrón fiscal de contribuyentes afectados, de forma que, al decir equivocado y unilateral del Ayuntamiento, al ser la primera vez que se incorporan al mismo, es obligado que se les entregue individual y fehacientemente en sus domicilios las correspondientes liquidaciones de alta en el mencionado padrón, todo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la vigente Ley General Tributaria.

Como consecuencia de lo anterior, a fin de poder realizar dichas actuaciones, el Ayuntamiento acordó la contratación de ejecución por empresa privada de los servicios de distribución y entrega domiciliaria a los sujetos pasivos de las liquidaciones de alta en el padrón fiscal de contribuyentes de la tasa de recogida de residuos.

De todos son bien conocidas las inmensas y escandalosas irregularidades en esta fase del procedimiento tributario, conocidas y consentidas por el Ayuntamiento, cometidas por las empresas privadas Internacional Courier Solution ICS (adjudicataria del servicio, sin ni tan siquiera disponer de infraestructura y domicilio en Valladolid) y Castilpost (subcontratista del servicio, con el mismo domicilio en Valladolid que Unipost, participante en el concurso, sin plantilla de personal suficiente para su realización en forma y tiempo).

Es preciso recordar a las instancias directivas y técnicas municipales que existe una regulación legal de las notificaciones administrativas, que también obliga al Ayuntamiento de Valladolid y que en los más de los casos éste no ha respetado a sabiendas.

El potencial contribuyente ha de ser notificado para que tenga conocimiento del concreto acto administrativo que le afecta y para que pueda o bien cumplirlo o bien ejercitar los derechos de los que se crea asistido en vía de recurso de reposición o reclamación administrativa.

El Tribunal Constitucional sanciona que la finalidad de la notificación es comunicar la resolución en términos que permitan la presentación de alegaciones o formular recursos contra ella y si eso no se cumple, se vulnerará el art. 24.1 de la Constitución, pues tendrá lugar un efecto material de indefensión y un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa.

Resulta evidente que cuando se examina un expediente administrativo, o los antecedentes en poder del contribuyente, para preparar la fundamentación de cualquier recurso contra un acto tributario, uno de los primeros pasos a dar es comprobar si las notificaciones efectuadas cumplen con los requisitos legalmente establecidos, tanto en la LRJAPPAC (artículos. 58 y 59) como en la LGT (artículos. 102, 109 a 112 y concordantes). Sin temor al error, podemos afirmar y afirmamos que la mayoría de los sujetos pasivos no han sido notificados, lo que cuestiona la veracidad y eficacia del padrón de contribuyentes afectados por la negligencia y mala gestión del Ayuntamiento y bien podemos estar ante una descomunal cascada de reclamaciones judiciales por notificaciones inexistentes o defectuosas.

No menor significación social tiene la posible comisión por la empresa o empresas notificadoras de fraude laboral y a la Seguridad Social y el incumplimiento flagrante de las cláusulas del pliego de condiciones técnicas y administrativas que regía el contrato.

ALEGACIÓN QUINTA.- La tasa es injusta y no se aplica con igualdad y progresividad.

El hecho de ser titular de un bien inmueble con su valor catastral y según el uso que se de a dicho inmueble o su situación en la ciudad es un dato relevante que informa y ofrece indicios sólidos de la situación económica del sujeto pasivo. No obstante, con la aplicación de la Ordenanza se dan situaciones tan injustas como que una señora viuda o persona que viva sola y al lado de un restaurante, hotel, supermercado o residencia de ancianos pague por la tasa de basuras 60 euros y el hotel o restaurante o residencia de personas mayores pague entre 100 y 120 euros. Produciéndose en este caso, como en otros más que se dan en la aplicación de la tasa, una posible situación confiscatoria frente al justo principio de igualdad y progresividad de los tributos e incumpliendo, por otro lado, el tan manido principio del “que contamina paga”.

En Valladolid, según datos del padrón al 1 de enero de 2010, hay 33.532 unidades familiares de un solo miembro, 35.146 en las que viven dos personas y 30.000 viviendas vacías. Todas ellas han de ingresar por tasa de basuras 5.920.680 euros.
Los ingresos totales previstos son de 10.209.903 euros, de los que 8.302.895 corresponden al uso vivienda y 1.907.008 euros a todos los restantes usos (oficinas, industrias, comercios, hoteles, supermercados, sanitarios y otros).

Tampoco los criterios correctores por valor catastral y categoría de la calle aportan diferencias apreciables entre las cuotas que han de satisfacer los obligados al pago del tributo, acrecentando la desigualdad y la falta de progresividad.

Por todo ello y respecto de esta tasa, SOLICITAMOS

  1. La anulación de la Ordenanza fiscal de recogida de residuos de 2014.
  2. La anulación de la Ordenanza fiscal de recogida de residuos de 2013.
  3. La anulación de todos los procedimientos instruidos por el Ayuntamiento para hacer efectivo el pago de la Ordenanza fiscal de recogida de residuos de 2013.
  4. La anulación de las notificaciones giradas para la confección del padrón fiscal de contribuyentes afectados por el tributo.

Por lo expuesto

SOLICITAMOS que, teniendo por presentado este escrito y por formuladas en tiempo y forma las alegaciones que en él se contienen se sirva atenderlas de conformidad a su contenido.

Así es de justicia que pedimos en Valladolid a veintiuno de noviembre de dos mil trece.

Fdo.: Maria Jose Larena Gorostiaga. Presidenta de la Federación