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Monumental varapalo judicial a la alcadía de León de la Riva

El Ayuntamiento de Valladolid condenado a pagar 20 millones de euros a los expropietarios de los terrenos de Zambrana

IU pide responsabiliades políticas y el PSOE una comisión de investigación

Martes 28 de enero de 2014 · 283 lecturas · rss article rubrique


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El Clavo, 28-01-2014. Fuente: El Día de Valladolid.

COMUNICADO DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA

IU pedirá responsabilidades políticas por el desastre económico de la expropiación de los terrenos de Zambrana

28 enero 2014

No puede admitirse que por negligencia administrativa y una pésima gestión política del Ayuntamiento y de la Junta, los terrenos de Zambrana próximos al nuevo hospital, que eran de propiedad pública hasta 2007, tengan que volver a ser públicos previo pago de 18 millones de euros.

El Grupo Municipal de Izquierda Unida, que ha venido poniendo de manifiesto públicamente el desastre de la gestión de los suelos próximos a Zambrana desde que se conocieron las pretensiones de los antiguos propietarios (al presentar una alegación a los Presupuestos municipales de 2013), pedirá responsabilidades políticas al Alcalde (y en su momento, a los responsables de la Junta de Castilla y León) por el desastre económico que supone tener que abonar ahora cerca de 20 millones de euros por unos terrenos que hasta hace sólo siete años eran de propiedad pública.

IU sacó el tema en el debate de alegaciones a los Presupuestos de 2013 y posteriormente, después de un largo y peculiar proceso, el Grupo Municipal pudo analizar el expediente de reversión en la Junta de Castilla y León. El resumen es el siguiente:

  • Hubo una expropiación en 1943 por parte del Ministerio de Justicia para construir el luego denominado Centro Zambrana. Se expropiaron 40,4 has.
  • Esos terrenos se traspasaron desde la Administración Central a la Junta de Castilla y León en 1984.
  • En 2007 la consejería de Hacienda firma el convenio de reversión de una parte de lo expropiado originariamente.
  • En el expediente se puede ver “la evolución de la finca expropiada” desde 1997 hasta 2007 (cómo pasó una parte para la ampliación del colegio Zambrana, otra parte para el hospital, otra parte para el viario de acceso, una pequeña parte al sector urbanizable anexo… hasta quedar libres 9,1 has. en dos parcelas (5,3 has. al norte y 3,8 al sur del vial de acceso al hospital), que constituyen el ámbito de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que se aprobó inicialmente en el Pleno del 8 de noviembre de 2013. Sobre una de ellas (la mayor) se plantean todas las actuaciones de los herederos de su propietario de 1943.

Pero también hay que decir lo siguiente:

. La solicitud de reversión que se inició en 1977 se consiguió en 2007. Y a los pocos años los nuevos propietarios (herederos del propietario expropiado en 1943) solicitaron de nuevo la expropiación. La Comisión Territorial de Valoración valoró la parcela norte, en junio de 2012, en casi 17 millones de euros. La Comunidad Hereditaria reclama, no obstante, 96,2 millones de euros.

. La reversión de 2007 se hizo desde la Junta sin consultar al Ayuntamiento, a pesar de que le dejaba tirado. Al menos no consta en el expediente que se efectuase ninguna consulta en ese sentido. La Junta dijo que no le hacían falta esos suelos para dotaciones, sin pararse a ver qué consecuencias podía tener esa decisión para la ciudad de Valladolid.

. La misma reversión, como decíamos, venía de muy atrás. Todas las administraciones (primero la central, luego la autonómica y en todo momento la municipal) sabían (o tenían que saber) que se estaba en riesgo de llegar a la reversión de esos terrenos. Y no se hizo nada para evitarlo. No se hizo nada en los años 80 o 90, pero tampoco en los 2000. Todos sabían que se dedicaban a la labranza únicamente, y que se reclamaban por los antiguos propietarios, pero ninguno hizo nada por mantenerlos como públicos.

El Plan General tiene la obligación de expresar el modo que tiene previsto el Ayuntamiento para obtener esas Dotaciones Públicas. La ley prevé diversas fórmulas para que el Ayuntamiento pueda obtener estas dotaciones públicas, compensando a los propietarios con fórmulas no dinerarias, como la adscripción de estos suelos a sectores con aprovechamiento urbanístico. Pero nada se hizo. De modo que transcurridos de largo los plazos necesarios los herederos del propietario de 1943 se han aprovechado de la legislación para conseguir la reversión de aquellos suelos e instar, al cabo de pocos años, a la reexpropiación de los terrenos (calificados como Dotaciones Públicas), de los que resulta ser beneficiaria esa Administración Municipal, con un justiprecio establecido por la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid, en la sesión de 21 de junio de 2012,por valor de 16.774.328,12 € (a lo que hay que añadir el 5% de afección y los intereses legales).

A la vista de este proceso, IU plantea lo siguiente:

. Existe una gravísima responsabilidad de las administraciones local y autonómica por no saber o por no hacer nada para evitar la reversión, cuando era posible.

. Existe una grave responsabilidad de la Junta por dejar tirado al Ayuntamiento, sin tener en cuenta las repercusiones de sus actos sobre el municipio.

. Existe una gravísima responsabilidad del Ayuntamiento en la gestión reciente del asunto, que ha acabado hasta el momento en la obligación de abonar el justiprecio citado.

. Es necesario modificar la legislación de reversión tras una expropiación. La regulación actual y la forma en que se aplica la reversión es disparatada, llevando a actuaciones nítidamente especulativas como la que nos ocupa.

En todo caso, los responsables políticos sabían cuál era la situación. Que concluye con un desastre de gestión por el que se deben rendir responsabilidades. No es posible que la ciudadanía siga pagando la mala gestión. 20 millones de dinero público que dejará de ser invertido en servicios a las personas. No puede ser esta acumulación de sentencias negativas. No puede ser, y por eso IU pedirá la dimisión de los responsables políticos implicados. En cualquier caso llevará una interpelación sobre este tema en el próximo Pleno municipal.

Datos de la documentación de Zambrana

Revisamos el expediente en la Consejería de Hacienda de la Junta. Una revisión difícil y lentísima: lo solicitamos por carta en enero de 2013, luego por medio del procurador de IU en las Cortes, José Mª González. Tuvimos acceso al expediente en julio de 2013. Lo revisamos con tres personas de la Junta sentados junto a nosotros, sin hacer nada, exclusivamente para atendernos. Es decir, una situación nada cómoda. Pedimos una serie de fotocopias (del orden de 20 páginas) que nos han llegado en octubre). Así no hay manera.

En el debate de presupuestos de 2013 estaban las valoraciones y las demandas judiciales. En este momento hay dos demandas en curso, de los Herederos de J. Puentes contra el Ayuntamiento. Una se refiere a la valoración de la finca objeto de reversión, y la otra porque plantearon una propuesta urbanística (con una edificabilidad sideral) que se rechazó.

En la memoria de la propuesta de noviembre de 2013 está la justificación “oficial” de por qué se modifica el PGOU. Pero lo cierto es que todo deriva del problema suscitado por la reversión. La finca “La Zambrana” (éste era el nombre) fue expropiada para construir un “reformatorio”. Se pagaron 291.730,90 pesetas el 11 de julio de 1943. El Estado había ocupado los terrenos antes, el 18 de diciembre de 1942 (había sido declarada la expropiación “de urgente ejecución” por decreto de 23 de julio de 1942). Superficie total: 40 hectáreas, 32 áreas y 17 centiáreas.

En la resolución de un contencioso del 30 de julio de 1991 leemos: “Casi desde el comienzo de la ocupación de la finca por la Administración hasta el día de hoy, de la totalidad de la finca únicamente se han ocupado y destinado a los fines que motivaron la expropiación 11.677 m2”, por lo que “después de un tortuoso y equívoco procedimiento” el antiguo propietario “anunció su propósito de revertir” la parte de la finmca no ocupada el 23 de marzo de 1977. A pesar de que la legislación expropiatoria lo permitía (art. 64 del Reglamento de Expropiación Forzosa), ni en los 50 ni en los 60 ni en los primeros 70 se planteó la reversión: sólo en el 77.

La finca, desde el año 1944, fue arrendada para su explotación agrícola a terceras personas. Sus beneficios financiaban parte de la actividad del centro. Allí, en el Colegio Zambrana se impartía docencia de electricidad, carpintería, automóvil-mecánica, etc., pero ninguna especialidad agropecuaria. Sólo en 1988 se habla de poner en funcionamiento una “Rama Agrícola” de los estudios.

El 2 de noviembre de 1989 los herederos del antiguo propietario recurrieron la negativa de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta a la reversión. Y la Sala les dio la razón (sentencia de 30 de julio de 1991, Sala Cont. Adm. Del Tribunal Superior de J de CyL). A partir de ahí, está en la memoria de la modificación del PGOU (pgs. 8 a 10).

Se firmó un convenio de reversión entre la Junta y los herederos (de 2007). En él se puede ver lo siguiente:

  • El inicio del procedimiento de reversión es del 2 de octubre de 1998.
  • Hubo recursos de alzada ante el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en 2000 (por cierto, en el expediente consta la intervención de Núñez Feijóo, actual presidente de Galicia, cuando era alto cargo en Madrid).
  • La Junta de CyL asume la tramitación de la reversión en marzo de 2001.
  • La finca se traspasó del estado a la Junta por RD 1112/1984, de 29 de febrero.
  • El derecho de reversión, después de una complejísima tramitación, se reconoce sobre 53.233 m2 (parte del terreno pasó a vial de acceso al hospital, etc.), que se desafectaron “del fin para el que fueron expropiados”.
  • Los reversionistas (los herederos del propietario inicial) estaban obligados al pago de su “justo precio en el plazo que se establece en este convenio”, y que se fija en 4.504.576,46 euros.

COMUNICADO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

Puente pide que una comisión de investigación determine responsables en el conflicto con los propietarios de Zambrana

28-01-2014

“No se trata de un conflicto de los años cuarenta, ni de un proceso judicial al que los actuales responsables del Ayuntamiento sean ajenos; se trata de una actitud continuada de desidia en pleno Valdechivillas, de una responsabilidad clara de quienes, ocupados en satisfacer las demandas urbanísticas de sus amigos, renunciaron a resolver un conflicto que ponía a las arcas municipales en serio peligro”.

Así se expresó el presidente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Oscar Puente, al conocer la sentencia del Juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo que condena al Ayuntamiento vallisoletano a pagar cerca de 20 millones de euros a consecuencia del proceso expropiatorio de unos terrenos en la zona de Zambrana.

Aunque los antecedentes de los hechos que han dado lugar al proceso actual datan de hace décadas, la actuación que se recurre y provoca la sentencia son los acuerdos de la Junta de Gobierno que preside el actual alcalde, Javier León de la Riva, de febrero y abril de 2013, que denegaban la iniciación del expediente de expropiación y el pago del justiprecio de los terrenos en litigio, y el recurso de reposición, respectivamente.

El contador en este asunto se pone a cero en el año 2007, cuando los propietarios recompraron los suelos sobrantes de la construcción del hospital Río Hortega y el Centro de Menores Zambrana -53.000 metros cuadrados- a la Junta de Castilla y León, en ejercicio del derecho de reversión.

A mediados de 2008 los, de nuevo, propietarios de los suelos solicitan que el Ayuntamiento cambie su calificación, que en ese momento se encontraba en el planeamiento urbanístico señalado como “sistemas generales”, para poder destinarlo a otro uso.

Ante el silencio administrativo, -hasta diez escritos se han hecho llegar al Consistorio por parte de los dueños del terreno reclamando una solución a su propiedad en el transcurso de estos años-, los propietarios reclaman, entonces, que el Ayuntamiento expropie el terreno de nuevo, puesto que nada pueden hacer con él estando destinado a la construcción de calles, viales o zonas de uso público, y ello les provoca un claro perjuicio económico.

La respuesta del Ayuntamiento –desde 2008, casi seis años de inacción- sigue siendo el silencio, hasta que el asunto llega a los tribunales, con el resultado que ahora conocemos.

Así, la sentencia señala que el Ayuntamiento no ha impugnado el justiprecio de las fincas determinado por la Comisión Territorial de Valoraciones de Valladolid de junio de 2012 a instancia de los propietarios, de forma que entiende que está conforme, y que han transcurrido, con holgura, los seis meses sin que la administración haya pagado.

Las causas de esta desidia municipal han de ser, por tanto, explicadas y desentrañadas, afirma Puente, “puesto que queremos saber qué ha pasado, y tenemos derecho a saberlo”, de forma que en el pleno del próximo martes, el Grupo Municipal Socialista reclamará la creación de una comisión de investigación que determine responsabilidades “en esta ocasión, no por haber adoptado decisiones equivocadas, sino por no haber adoptado ninguna”.

“Esto”, señaló, “va a seguir el mismo camino que las manipulaciones del Plan General de Ordenación Urbana”, puesto que “si el alcalde no quiere esclarecer esta cuestión en el propio Ayuntamiento, estamos dispuestos a acudir a la vía penal”.

“Es un asunto de máxima gravedad, sin precedentes en la historia de este Ayuntamiento”, subrayó Puente, “puesto que, aunque estamos habituados a sentencias condenatorias, no lo estamos a una decisión judicial de esta trascendencia para las arcas públicas, que es ejecutable con carácter provisional, puesto que si mientras se tramita el recurso, los demandantes reclaman esa cantidad, el Ayuntamiento se vería obligado a desembolsarla”.

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Javier Izquierdo, afirmó que “pronto se cumplirán veinte años de gobierno de Javier León de la Riva”, y esta sentencia, cuyo coste económico supone el 8% del presupuesto municipal, se traduce en “un coste de un millón por año en la gestión de este alcalde, un indolente gestor causante de una sentencia de trascendencia dramática”.

Plano de la expropiación de la finca Zambrana.


En la prensa:

Los vallisoletanos tendrán que pagar al menos 20 millones por una "negligencia grosera" de León de la Riva

El alcalde no contestó ninguno de los escritos enviados desde 2007 por los propietarios de los terrenos del Zambrana.

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Terrenos del Zambrana objeto del litigio. Foto: Carlos Arranz. Último Cero.

Fuente: Texto, Último Cero, 28-01-2014.