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Asamblea 2014 / Mociones aprobadas

“Paremos la privatización sanitaria para defender la sanidad pública”

Presentada por la Asociación de Vecinos "La Calle de Laguna de Duero

Lunes 31 de marzo de 2014 · 96 lecturas · rss article rubrique


MOCIÓN

“Paremos la privatización sanitaria para defender la sanidad pública”

Presentada por la Asociación de Vecinos "La Calle de Laguna de Duero

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Carlos Martín, delegado de la Asociación Vecinal "La Calle" de Laguna de Duero, interviene en defensa de la moción "Paremos la privatización sanitaria para defender la sanidad pública". Fotografía: AV "La Calle" de Laguna de Duero.

Ante la privatización de la sanidad pública y las medidas de recorte implícitas en el nuevo mapa de atención sanitaria.

La política del Partido Popular en materia sanitaria se ha ido acompañando en este tiempo de una aceleración de la política de desmantelamiento del sistema sanitario público. El proceso de privatización sanitaria se ha venido desarrollando de manera lenta pero continuada desde principios de los años 90 , siguiendo las pautas marcadas por el Informe Abril que planteaba una serie de medidas destinadas a crear un mercado sanitario con la competencia entre proveedores públicos y privados: separar la financiación de la provisión de servicios (imprescindible para crear un mercado de compra-venta de los mismos), pagar por la asistencia (copago), potenciar el aseguramiento y trasformar los centros sanitarios en empresas. Los sucesivos gobiernos, centrales y autonómicos, las han ido desarrollando de manera más o menos solapada (en cómodos plazos).

Ahora el PP está acelerando este proceso, aprovechando el enorme poder que acumuló tras las últimas elecciones en las que consiguió mayoría absoluta en el gobierno central y en gran parte de las Comunidades Autónomas. Con el subterfugio de que la crisis económica y los límites al endeudamiento público establecidos de la UE obligan a reducir gasto público, el Gobierno ha dado un gran impulso al desmantelamiento y privatización de la sanidad, probablemente con la finalidad de alcanzar una masa crítica que haga irreversible el cambio de modelo sanitario.

Podríamos sintetizar esta política en tres grupos de medidas:

1. Reducción del gasto sanitario público (11,6% del gasto per cápita entre 2010 y 2013), un total de más de 7.500 millones € en este periodo.

2. Cambiar los fundamentos del sistema: La promulgación medidas como el copago para los medicamentos de los pensionistas, traslados no urgentes en ambulancia, prótesis, ortesis, sillas de ruedas o alimentos especiales; la vinculación del derecho a la asistencia a las cotizaciones laborales (potenciando el aseguramiento privado); la exclusión de colectivos de población de la cobertura del SNS; el fraccionamiento de la cartera de servicios financiados y prestados por la sanidad pública estableciendo en una básico de acceso gratuito y otras dos a financiar mediante copagos. Este conjunto de medidas suponen la voladura controlada del derecho universal a la sanidad y del acceso equitativo a la atención.

3. Aceleración de la privatización y desmantelamiento de los servicios. Que multiplican los costes finales y dejan durante años los centros de salud y hospitales en manos de consorcios privados, multinacionales sanitarias o fondos de inversión de capital riesgo; o privatización de la provisión (que llaman “externalización”) de servicios sanitarios y de apoyo.

Es decir se recorta gasto y se apuesta por una financiación que multiplica su coste real (a pagar con cargo del gasto corriente para el funcionamiento de hospitales y/o centros de atención primaria). Apostar por estas dos medidas contradictorias hará insostenible económicamente al sistema público, y obligará a muchos de los ciudadanos a completar las prestaciones sanitarias no financiadas por un sistema público sin recursos suficientes, con seguros privados complementarios.

¿Quién gana y quién pierde con esta política?

Ganan:
Los principales beneficiarios de esta política son las grandes aseguradoras, la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria que tendrán la oportunidad para ampliar su negocio. Las entidades de capital riesgo; grupos empresariales que se están apoderando con gran parte de los hospitales de numerosas CC.AA. Aseguradoras sanitarias a las que se facilita clientela y ayudas fiscales (desgravaciones por suscripción de pólizas complementarias). Empresas auditoras que están suplantando a la administración en las funciones de Planificación Estratégica (elaborando los Planes de Salud Autonómicos, Planes Directorios de Hospitales, concursos de adjudicación de plazas, provisión de recursos etc.), lo que le otorga una enorme capacidad para utilizar los fondos públicos para satisfacer sus intereses económicos y empresariales. Estas medidas también benefician a los grupos de gerentes y expertos sanitarios que actúan como un potente lobby profesional. También forman parte de los ganadores los dirigentes del Partido Popular, familiares y allegados que salen y entran de la administración y de las empresas adjudicatarias en función de sus intereses (puerta giratoria). Por último las empresas constructoras afectadas por la crisis del ladrillo que ven la oportunidad de seguir con sus negocios utilizando los prepuestos sanitarios públicos y las entidades bancarias (financiadoras de las PFI), que se benefician de los contratos millonarios a pagar por las administraciones públicas

Pierden:

Los ciudadanos en general que han sufrido recortes en sus derechos sanitarios, que deben pagar más por la una asistencia sanitaria que antes se financiaba con impuestos (manera más justa y progresiva socialmente), y que deberán contratar seguros privados para complementar la menor oferta de servicios de la atención sanitaria pública, por otro lado pierden también la garantía de que en su atención sanitaria priman la evidencia científica y los intereses generales y no los criterios empresariales. Las personas con menos recursos, desempleados, parados, los pensionistas que verán dificultado su acceso a las prestaciones sanitarias por carecer de dinero para afrontar los múltiples copagos. Las personas mayores, los enfermos crónicos y los discapacitados que necesitan más atención sanitaria y mayores recursos terapéuticos y rehabilitadores, y que son los más afectados por los recortes y privatizaciones. Los profesionales y trabajadores de la Sanidad que han perdido salarios, derechos laborales, estabilidad en el empleo y puestos de trabajo. Los sanitarios tienen además una menor oportunidad para desarrollar su profesión, conocimientos y habilidades y muchos de ellos se verán obligados a emigrar a otros países para poder trabajar, pese al enorme esfuerzo que el sistema educativo y sanitario ha dedicado a su formación. Estas pérdidas serán mayores entre las mujeres que son numéricamente predominantes en el sector. Pierde también la economía española que con los recortes en los servicios sanitarios y socio-sanitarios reduce los puestos de trabajo que estimularán la economía y reduciría la elevada tasa de desempleo. Por último hay que recordar que los sistemas sanitarios públicos universales y accesibles son necesarios para mantener la fuerza de trabajo que se asocian a mejores niveles de desarrollo económico y social.

Por todo ello, la Asamblea de la Federación ACUERDA:

Actuar y demandar a través de la movilización vecinal para lograr:

  • Que se respeta la Sanidad pública, universal y de calidad constituye una conquista irrenunciable de nuestra sociedad.
  • Que paren los recortes en sanidad están poniendo en riesgo esa conquista. Defender nuestros servicios de salud es defender nuestro derecho a la salud pública.
  • Que se cumpla lo estipulado en el Artículo 43 de la Constitución que obliga a los poderes públicos y a las administraciones a velar por el sistema de salud pública a través de medidas preventivas, prestaciones y servicios necesarios. Recortar en sanidad es impedir o limitar el cumplimiento riguroso del acceso a una sanidad pública, gratuita y de calidad. No sólo va contra nuestros derechos sino contra la propia constitución. Los criterios economicistas y de austeridad a ultranza no pueden aplicarse para organizarlos servicios de salud.