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Reseñas en prensa, Comunicados y Escritos de conclusiones de la Comisión de investigación del caso Terrenos de Zambrana

Los grupos de la oposición piden dimisiones y ceses por la gestión del “Caso Zambrana”

Tildan de “cúmulo de omisiones y negligencias” que “deben ser depuradas” la gestión en torno a la finca por cuya expropiación del Ayuntamiento deberá pagar 20 millones

Viernes 2 de mayo de 2014 · 70 lecturas · rss article rubrique


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Integrantes de la Comisión de Investigación sobre los terrenos de Zambrana.

Carpetazo al caso Zambrana

La primera Comisión de Investigación municipal en 20 años concluye que no hay responsabilidades políticas en la gestión urbanística de los terrenos del Zambrana · Una sentencia obliga al Ayuntamiento a pagar 20 millones a sus propietarios · La comisión se ha cerrado sin un acuerdo unánime, ya que PSOE e IU sí piden dimisiones.

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Beatriz Rodríguez (PP), Alfredo Blanco (PP), Óscar Puente (PSOE), Valentín Merino (secretario general del Ayuntamiento), Manuel Saravia (IU) y Jesús Enríquez (PP) formaban la Comisión de Investigación. Ví­ctor Hugo Martín, El Día de Valladolid.

Partido Popular

  • La comisión. El Grupo Municipal Popular destaca en su escrito de conclusiones que en la Comisión de Investigación sobre los terrenos del Zambrana que «no ha habido rodillo alguno del Gobierno municipal a pesar de tener la mayoría en la comisión y que no se ha impuesto nada». «Todo ha sido consensuado hasta el trámite de conclusiones», donde ya no ha existidio esa unanimidad.Eso sí, advierten que los juicios de valor vertidos por los grupos de la oposición, antes y durante el proceso de investigación, han merecido la protesta formal de los representes del equipo de Gobierno, «por su intencionalidad de prejuzgar el proceso y condicionar a la opinión pública antes de culminar el trabajo de investigación».
  • Actuación política. El Grupo Popular destaca que el alcalde y los concejales Manuel Sánchez y CristinaVidal, que fueron llamados a declarar ante la comisión, colaboraron «con lealtad institucional». Los tres miembros del PP que han formado parte de la comisión advierten que la intervención del alcalde fue «en todo momento correcta» y que De la Riva mantuvo «la diligencia debida, siendo informado de la evolución del asunto cuando resultaba necesario adoptar resoluciones o acuerdos y participando en su aprobación». Igualmente aseveran que la actual concejal de Urbanismo, desde que asumió la responsabilidad en materia de Planeamiento, «encaró el problema con diligencia reorientando la solución del problema hacia el proceso de revisión del PGOU.».
  • Conclusión. Los tres miembros del Grupo Popular concluyen, y así se ha aprobado finalmente, que ha quedado «acreditado durante la investigación, que la cuestión litigiosa tiene un carácter eminentemente técnico y jurídico, sin que se pueda anudar responsabilidad política alguna en su tratamiento en sede municipal». Además, remarcan que «hasta la fecha no se ha producido ningún perjuicio al Ayuntamiento, estando pendientes de resolución definitiva dos procesos contencioso–administrativos habiéndose producido algunas resoluciones judiciales alentadoras para los intereses municipales».

Partido Socialista

  • Los hechos. En un documento de 42 folios en el que relata pormenorizadamente los hechos y la intervención de diversos departamentos municipales en la gestión del conflicto con los propietarios de la finca Zambrana, el presidente del Grupo Municipal Socialista, Oscar Puente, tilda la actuación del Ayuntamiento de «cúmulo de omisiones y negligencias» que, en su opinión, «deben ser depuradas». Concluye que el listado de omisiones de distintos departamentos es «simplemente interminable» y considera perfectamente identificados a los responsables de que el Ayuntamiento haya sido condenado al pago de 20 millones de euros a los propietarios de los terrenos de la finca Zambrana, que ahora deberá ser expropiada por el Ayuntamiento.
  • Actuación política. Tras dos meses de estudio de documentación y comparecencias, el presidente del Grupo Socialista afirma que el Ayuntamiento pudo evitar la condena al pago de 20 millones modificando hace seis años el planeamiento urbanístico, que permitiera otro uso para los terrenos y remediara que los propietarios reclamaran su expropiación forzosa. Y señala como responsables directos de lo sucedido al entonces director de Área de Urbanismo, el gerente de Urbanismo y la directora de Patrimonio, y como responsables políticos de estos técnicos, -todos de libre designación- cuya actuación, afirma Puente, debieron vigilar, a los concejales de Urbanismo, Infraestructuras y Patrimonio, Cristina Vidal y Manuel Sánchez.
  • Conclusión. El PSOE considera que, si bien es obvio que a Javier León de la Riva no puede atribuírsele responsabilidad alguna por acción ni en la toma de decisiones, «sí está clara su responsabilidad por omisión». Además, entiende que el Ayuntamiento «no ha defendido sus intereses con la mínima diligencia exigible», de forma que pide el «cese inmediato de la directora de Servicio de Patrimonio y del Gerente de Urbanismo, así como el de los concejales Manuel Sánchez y Cristina Vidal, o en última instancia, en caso de no adoptarse las decisiones anteriores, la dimisión del alcalde de Valladolid».

Izquierda Unida

  • Objetivos. El Grupo Municipal de IU advierte en su escrito de conclusiones que esperaba, que en la primera comisión de investigación que se convoca en la etapa del actual alcalde, se pudiera definir si unos hechos tan graves como las consecuencias económicas derivadas del caso Zambrana se podían haberse evitado o minimizado sus consecuencias. Entre sus objetivos iniciales también estaba valorar de quién es la responsabilidad de haberlo evitado y definir qué consecuencias políticas se derivan de las responsabilidades señaladas.
  • Conclusiones. La coalición, en sus conclusiones, concluye que el alcalde es claramente responsable de la situación, que puede provocar un desembolso económico de 20 millones para el Ayuntamiento, porque le corresponde la dirección política municipal. Desde IU se le reprocha al regidor «su desidia o desconocimiento de unos hechos fundamentales para la gestión municipal». Igualmente critican la «desidia y falta de compromiso» de Manolo Sánchez, ya que consideran que «excede el mínimo aceptable» y que «muestra un desconocimiento de muchos de los aspectos» que trataba su área en el momento en que se inició el litigio. Finalmente, censuran la «descoordinación con lo manifestado por el alcalde» en lo referente a la información que recibía y lo declarado por la concejala Cristina Vidal, a la que también critican el desaprovechamiento de los recursos de su área y la «incapacidad» para atender una situación «de riesgo» que finalmente ha acaecido. Por estos motivos piden la dimisión de los tres políticos del PP.
  • Recomendaciones. IU ha aportado 14 recomendaciones para mejorar el funcionamiento del área de Urbanismo y evitar que se repita un caso como el Zambrana. Así, sugieren la necesidad de reforzar las garantías jurídicas de la acción municipal, mejorar la información entre departamentos y establecer un protocolo interno para que los temas que pudieran ser más significativos, desde el punto de vista económico y social.

Fuente: Texto, Fotografía: Víctor Hugo Martín, El Día de Valladolid, 02-04-2014.


COMUNCIADO DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA

30 de abril de 2014

IU solicita la dimisión del alcalde y dos concejales y presenta 11 propuestas de mejora para que no se repitan casos como el del Zambrana

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha presentado un documento de conclusiones que establece los puntos de partida del caso Zambrana, un resumen de los hechos que se han dado desde 1943 y de las irresponsabilidades en diferentes niveles de la Administración. Además presenta la petición de las dimisiones de tres cargos públicos y una serie de recomendaciones para que no se repitan casos como el presente en el que el Ayuntamiento de Valladolid pierde con toda probabilidad 20 millones de euros.

El objetivo con que IU ha afrontado la Comisión consistía en que, una vez conocido el relato de los hechos y escuchadas las diferentes partes implicadas en los mismos:

1) Definir si unos hechos tan graves podían haberse evitado o minimizado sus consecuencias.

2) Valorar de quién es la responsabilidad de haberlo evitado.

3) Definir qué consecuencias políticas se derivan de las responsabilidades señaladas.

4) Proponer una serie de medidas que eviten que hechos de esta trascendencia puedan volver a repetirse. Como grupo político no podemos limitarnos a juzgar o pedir que se penalice este tipo de actuaciones, sino que debemos realizar propuestas dirigidas a mejorar las garantías de funcionamiento municipal.

IU entiende que, a la vista de los hechos,

1º) Se pudo haber hecho la modificación del planeamiento en poco tiempo.

2º) Se pudo haber frenado la expropiación con una declaración formal y a tiempo de su improcedencia.

3º) Se pudo haber recurrido el justiprecio aprobado por la Comisión Territorial de Valoración, intentando reducir, en el peor de los casos, su valor.

¿Qué lo ha impedido? En opinión de IU, un conjunto de tres hechos concatenados: el caos e ineficacia del Área de Urbanismo en los últimos años; las malas prácticas en las relaciones con los administrados en urbanismo; y la ausencia de una idea clara de ciudad, adecuada al momento.

Responsabilidades políticas del Alcalde

El Alcalde, Javier León de la Riva, es claramente responsable de lo sucedido por las siguientes siete consideraciones:

1º. Al Alcalde le corresponde la dirección política municipal. Su organización y reparto general del trabajo por áreas. El impulso de la actividad municipal, el orden y el tono. En consecuencia, y de la misma forma que cualquier hecho positivo del Ayuntamiento lo asume como un éxito propio, cualquier hecho negativo de envergadura también se le debe cargar como déficit propio. Si los éxitos no son nunca de los técnicos los fracasos tampoco deben serlo.

2º. Pero es que además en este caso, a pesar de su importancia (que se puso de manifiesto desde el primer momento) o no ha querido saber nada, lo cual es reprobable; o no se ha enterado, lo cual es aún peor, es signo de incompetencia. Desidia o desconocimiento de hecho fundamentales: mal en los dos casos.

3º. La organización de la administración municipal no ha funcionado bien. Y tampoco lo han hecho adecuadamente los mecanismos de control político. Antes y después (con la Gerencia) los errores han sido manifiestos.

4º. No ha sabido (o no ha querido) poner freno al nuevo momento del urbanismo, derivado de la crisis económica y social. No ha sabido plantear una actuación urbanística que no se basase de forma prioritaria en la multiplicación de los aprovechamientos, en crear nuevos suelos y densificar los existentes para obtener plusvalías (como sucede también, por poner otro ejemplo, en el diseño del soterramiento).

5º. El Ayuntamiento ofrece pocas garantías en asuntos judiciales. Tanto porque en muchos casos se llevan las actuaciones al límite de la legalidad (transgrediéndola en ocasiones, como ponen de manifiesto las numerosas sentencias negativas), como por el volumen de casos atendidos, debería haberse reforzado el servicio y dado instrucciones para actuar con mayores garantías. No es un asunto de ningún departamento, sino directamente de presidencia, de responsabilidad de alcaldía.

6º. La relación con la Junta es manifiestamente mejorable. Y de esos polvos estos lodos.

7º. Si tiene responsabilidad por haber fallado “in vigilando” (punto 2º), también las ha tenido “in eligendo”, al seleccionar para las delegaciones de Urbanismo a Manuel Sánchez y Cristina Vidal, sucesivamente, que desde nuestro punto de vista también tienen responsabilidades políticas en este caso.

Responsabilidades políticas de Manuel Sánchez

El que fuera concejal de Planeamiento e Infraestructuras, Manuel Sánchez, tiene responsabilidades políticas claras en el proceso analizado, sin ninguna duda.

1º. Pone de manifiesto una actitud de desidia y falta de compromiso que excede el mínimo aceptable. Carga sobre las espaldas de los técnicos más responsabilidades de las que les corresponde. A veces sería lo mismo que no hubiese concejal.

2º. Muestra un desconocimiento de muchos de los aspectos sobre los que gobernaba que implica, en nuestro criterio, irresponsabilidad.

3º. Descontrol. En ocasiones no controla lo que sucede en su departamento. Dice, por ejemplo, que no se hizo una valoración del suelo “porque los técnicos en todo momento dijeron que no era viable la expropiación”. Pero en Arce 30 los técnicos de su departamento dijeron que sí era viable y valoraron la parcela.

4º. Falta de sentido de la realidad. Por ejemplo cuando dice que “no entraban en ese juego”. ¿Es esa la forma de plantearlo? Pues después han tenido que entrar en el juego a trompicones. O cuando les dan un plazo de días y no contesta porque estaban trabajando en otra cosa: “El Ayuntamiento no emite una hoja de aprecio porque estaban trabajando en la modificación del PGOU”.

Responsabilidades políticas de Cristina Vidal

Cristina Vidal, la actual concejala de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, tiene también responsabilidades políticas en este caso por las siguientes razones:

1º. A partir de la descoordinación con lo manifestado por el Alcalde deben derivarse responsabilidades. Si no es cierto lo que ha manifestado la concejala, es responsable por falsedad. Y si es cierto, debería haber desmentido al Alcalde. No pueden admitirse públicamente manifestaciones contradictorias de esta naturaleza.

2º. Manifiesto desaprovechamiento de recursos humanos del Área en el caso que nos ocupa.

3º. Incapacidad de atender a las alertas del riesgo por el resultado finalmente acaecido. Ni siquiera se contestó al justiprecio ni se vio cómo evolucionaba la actitud de los propietarios.

4º. Incumplimiento de toda clase de plazos, con algunas consecuencias muy negativas para el Ayuntamiento.

Recomendaciones

1. Mejoras en la organización municipal. Se ha puesto de manifiesto que es necesario establecer un reparto de competencias claro y sistemático, una clara distribución de asuntos entre concejalías y áreas municipales, reduciendo el número y estructurándose mejor.

2. Mejoras en el sistema de alerta. Ha quedado en evidencia la necesidad de reforzar las garantías jurídicas de la acción municipal, mejorar la información entre departamentos y establecer un protocolo interno para que los temas que pudieran ser más significativos (desde los puntos de vista económico y social) exista un sistema de alerta que evite casos como el que nos ocupa.

3. Mejoras en la transparencia. Mejorar la información pública de los expedientes (con lo que se amplía el control y seguimiento público, más abierto, de las actuaciones municipales).

4. Mejoras en el trato a los administrados. Se ha visto con claridad la necesidad de contestar a todas las propuestas que se presenten por cualquier ciudadano o grupo, salvo excepciones muy justificadas. Y revisar el funcionamiento de trato informal con los particulares (visitas, información telefónica, correos, etc.), de manera que queden siempre claras las responsabilidades de técnicos y políticos.

5. Mejoras en la sistemática de las valoraciones inmobiliarias. Establecer un conjunto sistemáticos de datos firmes y contrastables, de carácter público, de forma que la determinación de los valores sea “casi automática” y perfectamente objetiva. Y decidir que sea un solo equipo quien lleve a cabo este tipo de trabajos.

6. Mejoras en el funcionamiento urbanístico. Evitar la práctica de modificaciones continuas del planeamiento, simplemente por razones de oportunidad (reducir plazos, evitar trámites, etc.). Evitar también las modificaciones “a demanda” de particulares, ni para conseguir objetivos distintos a los que se enuncian. Es decir: dejar de instrumentalizar el planeamiento. Junto a ello, organizar claramente el conjunto de los sistemas generales, en documento público y fácilmente accesible. Reducir al mínimo los convenios. Tener clara (muy clara, que se pueda exponer fácilmente) la idea o modelo de ciudad que gobierna el planeamiento.

7. Mejoras en la relación con la Junta de Castilla y León. Establecer prácticas de información continuada con todos los departamentos de la Junta. Empezando por enviar un escrito de queja formal por el trato de que ha sido objeto el Ayuntamiento de Valladolid, tanto en el proceso de reversión como en la consulta de expedientes. Reclamar a la Junta el pago que finalmente resulte de la expropiación (mediante convenio entre ambas administraciones).

8. Propuestas de cambios normativos. Revisar de forma razonable, en defensa del interés público, tanto la legislación expropiatoria (en lo que se refiere a la reversión) como la urbanística, para evitar que pueda volver a darse casos como el del presente informe.

9. Propuestas para futuras comisiones de investigación: carácter público. Parece lógico que con la experiencia de la presente Comisión pasemos a perfilar cómo deben funcionar estos instrumentos de control, cómo acceder a la documentación, en qué plazos, cómo debe tratarse la información reservada (si la hay), cómo deben desarrollarse las comparecencias y cómo tratar a los grupos minoritarios para que no vean frustradas sus expectativas. Conviene recordar que la documentación debe solicitarse en varios momentos, pues el desarrollo de la Comisión abre nuevas necesidades no previstas en el inicio. Y por supuesto: garantizar el carácter público, establecer la publicidad de las comparecencias, salvo excepciones justificadas.

10. Una posible negociación con los propietarios. Los propietarios han ofrecido, con toda claridad, una oferta de negociación. Eso sí, dando a entender que se partiría de la situación actual. Por lo que se referiría (creemos) a plazos y formas de pago, a cambio de aceptar la cantidad asumida ahora por los tribunales. Entendemos que debe negociarse, pero no sobre la base de aceptar esa cantidad, sino la reconsideración urbanística (que habría que darle vueltas), o reducir la cantidad a pagar al menos a la cuarta parte. No es evidente ni que haya que expropiar ni que el Ayuntamiento deba necesariamente que renunciar a la propiedad de ningún suelo.

11. Mantener los recursos ante los tribunales. En coherencia con lo dicho antes, no cejar en los recursos ante los tribunales. Que deberían plantearse con toda claridad y contundencia.

Valoración de las conclusiones presentadas por los otros dos grupos políticos

Grupo Popular

Denotan una absoluta ausencia de autocrítica. Lo cual es un síntoma de lo que ha pasado. Con esa actitud es normal que hayan sucedido los hechos investigados, y probable que vuelvan a suceder. A pesar del resultado, no tienen claro que algo haya funcionado mal; y en caso de haya habido “posibles debilidades”, las cargan sobre los técnicos o la propiedad de los suelos.

Hay una pretensión de hacer ver que ha habido unanimidad en todos los puntos, cuando no ha sido cierto. Y así se refleja en las actas. Un ejemplo claro es sobre el carácter de la Comisión. IU desde el primer momento ha solicitado que fuese pública y transparente. Sin embargo las actas aunque sean de carácter público no serán publicadas, por tanto, cualquier persona interesada en conocerlas deberá solicitar ver el expediente en sede municipal. IU considera que las actas deben difundirse para que sean conocidas por la ciudadanía.

En sus conclusiones hablan de “lealtad institucional” del alcalde y dos concejales (Sánchez y Vidal), cuando del transcurso de la Comisión se denota que tienen responsabilidades sobre lo ocurrido. A IU le preocupa que se confunda desidia con lealtad, cuando estamos hablando de gobernar un Ayuntamiento.

En resumen, está siendo una actuación por parte del Equipo de Gobierno muy poco seria en un asunto tan grave.

Grupo Socialista PSOE

A nuestro entender hay una sintonía general en el relato y en los hechos que se exponen en sus conclusiones, así como en las responsabilidades asignadas a los concejales Sánchez y Vidal.

Pero hay dos diferencias sustanciales en dos asuntos de peso. La primera, que al pedir responsabilidades pone el foco también en tres técnicos de libre designación, sin tener en cuenta que la vocación de la Comisión es dilucidar responsabilidades políticas, y en todo caso la responsabilidad última de lo sucedido recae en el concejal correspondiente.

La segunda, que no reclama responsabilidad directa al alcalde por lo sucedido. De hecho solo busca su responsabilidad si no cesa a los dos concejales de Urbanismo y Patrimonio. IU considera que la responsabilidad del alcalde no se puede basar en una reacción actual, sino que viene de atrás, desde 2007. Ya que como se ha evidenciado en la Comisión el alcalde ha permitido llegar a esta situación.

Creemos que es perfectamente viable solicitar su dimisión, ya que en otros casos, como el de la manipulación del PGOU, la responsabilidad directa era del concejal García de Coca, pero siempre se ha entendido que el alcalde es el responsable último.

Para finalizar no se pueden obviar las declaraciones contradictorias entre León de la Riva y Vidal. El alcalde dijo no haber estado informado de hechos relevantes en el caso Zambrana y la concejala afirmó que le había mantenido informado en todo momento. El Partido Socialista en este sentido da por buena la versión del alcalde, cuando no ha habido ninguna declaración o aclaración pública para dilucidar esta divergencia. IU no puede dar por válida ninguna de las dos versiones, y considera grave que un alcalde y un miembro de su equipo se contradigan en un hecho de tal trascendencia.


COMUNICADO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

30 de abril de 2014

Puente pide el cese de dos concejales y dos directores o la dimisión del alcalde por la gestión del “Caso Zambrana”

Tilda de “cúmulo de omisiones y negligencias” que “deben ser depuradas” la gestión en torno a la finca por cuya expropiación del Ayuntamiento deberá pagar 20 millones

En sus conclusiones, el Grupo Socialista afirma que podrían haberse evitado la expropiación y el pago del justiprecio modificando 6 años antes el uso del suelo

En un documento de 42 folios en el que relata pormenorizadamente los hechos y la intervención de diversos departamentos municipales en la gestión del conflicto con los propietarios de la finca Zambrana, el presidente del Grupo Municipal Socialista, Oscar Puente, tilda la actuación del Ayuntamiento de “cúmulo de omisiones y negligencias” que, en su opinión, “deben ser depuradas”, y concluye reclamando el cese de dos concejales y dos directores de Área, o, en caso contrario, la dimisión del alcalde como último responsable del nombramiento y control de estos cargos.

En sus conclusiones, tras dos meses de estudio de documentación y comparecencias, el presidente del PSOE municipal afirma que el Ayuntamiento pudo evitar la condena al pago del justiprecio modificando hace 6 años el planeamiento urbanístico que permitiera otro uso para los terrenos y remediara que los propietarios reclamaran su expropiación.

Incluso no habiendo optado por esta solución, Puente entiende que el Ayuntamiento “pudo y debió defender la improcedencia de la expropiación”, por no cumplirse los requisitos legales.

En su opinión, el Consistorio fue consciente desde el principio de la posibilidad de que los propietarios instasen la expropiación forzosa, puesto que existen “múltiples escritos” presentados por la propiedad en los que se alude a esta posibilidad y porque desde la dirección del área de Urbanismo se tuvo presente en todo momento esa posibilidad.

De esta forma, analiza cuál fue la actuación municipal de una Administración que, sabiendo que existía la posibilidad de que los propietarios forzaran la expropiación de esa finca y estando a tiempo de evitarla, no lo hizo, a pesar de la presentación de hasta seis escritos por parte de los dueños del suelo y el transcurso de tres años desde la primera reunión.

Puente concluye que el listado de omisiones de distintos departamentos, concretamente distintos responsables de Patrimonio y Urbanismo, es “simplemente interminable” y considera perfectamente identificados a los responsables de que el Ayuntamiento haya sido condenado al pago del justiprecio, quienes, señala, “no tramitaron a tiempo la modificación del planeamiento y quienes no actuaron en el expediente expropiatorio para evitar que se produjese”.

Así, señala como responsables directos de lo sucedido al entonces director de Área de Urbanismo, el gerente de Urbanismo y la directora de Patrimonio, y como responsables políticos de estos técnicos, -todos de libre designación- cuya actuación, afirma Puente, debieron vigilar, a los concejales de Urbanismo, Infraestructuras y Patrimonio, Cristina Vidal y Manuel Sánchez.

Sobre Vidal y Sánchez se pregunta el presidente del PSOE local “a qué se han dedicado”, qué aportan, cuáles son sus funciones y sus conocimientos y en qué consiste su trabajo, puesto que, en este asunto, “han sido menos que un cero a la izquierda”.

En definitiva, Puente señala que, a su juicio, “el Ayuntamiento, por medio de sus máximos responsables en materia urbanística y de patrimonio, no ha defendido sus intereses con la mínima diligencia exigible”, de forma que pide el “cese inmediato de la directora de Servicio de Patrimonio y del Gerente de Urbanismo, así como el de los concejales Sánchez y Vidal”, o, en última instancia, en caso de no adoptarse las decisiones anteriores, “la dimisión del alcalde de Valladolid”, cuya actuación merece, afirma, “mención aparte”, puesto que “su versión ha consistido en sostener que, más allá de la primera reunión en su despacho por espacio de diez minutos en 2007, no volvió a tener conocimiento del asunto hasta finales de 2012, cuando ya llegan a la Junta de Gobierno las graves consecuencias de la inactividad municipal”.

Puente considera que, si bien es obvio que a Javier León de la Riva no puede atribuírsele responsabilidad alguna por acción ni en la toma de decisiones, sí está clara su responsabilidad por omisión, puesto que “no parece admisible que la metodología de trabajo de un alcalde consista en delegar un asunto y ni siquiera preguntar por su marcha durante 5 años”.

El presidente del Grupo Socialista se reconoce sorprendido “por la ostentación del desconocimiento exhibida por el alcalde, como si ese desconocimiento no supusiese un demérito del regidor en su obligación de velar por la cosa pública”, y añade que “si esa actitud responde a una política de delegación de la responsabilidad en sus concejales y de confianza en estos, es evidente que la misma se ha visto menoscabada, por lo que la única decisión coherente debería ser, o bien el cese inmediato de ambos o bien la asunción de la responsabilidad en primera persona”.