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Balance de 3 años de legislatura / Fuente: Último Cero

El PSOE da por hecho el fin de la era De la Riva y hace balance: 25 millones en condenas y decenas de promesas sin cumplir

“La gestión del alcalde nos sale carísima”, afirma un Óscar Puente ya en campaña contra “el monopartidismo que gobierna Valladolid desde hace 20 años”

Jueves 29 de mayo de 2014 · 78 lecturas · rss article rubrique


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Óscar Puente, durante la rueda de prensa de hoy. Foto: últimoCero.


COMUNCIADO DEL GRUPO MUNICPAL SOCIALISTA

29 de mayo de 2014

25 millones en condenas y decenas de promesas sin cumplir, balance del mandato de León de la Riva a un año de su fin

Puente pedirá cuentas al alcalde en el Pleno de junio sobre lo que prometió y no ha hecho a un año de las próximas elecciones

Un mínimo de 25 millones de euros en condenas de los tribunales, como consecuencia de, al menos, 40 sentencias contrarias al Ayuntamiento, muchas de ellas con secuelas económicas incuantificables, y decenas de promesas sin cumplir resumen, a juicio del presidente del Grupo Municipal Socialista, Oscar Puente, el quinto mandato de Javier León de la Riva cuando se cumplen tres años de las elecciones, y por tanto, resta un último ejercicio para su fin.

Echándole un vistazo al detalle del programa electoral con el que el Partido Popular se presentó a la convocatoria municipal en 2011, no cabe sino concluir que los anuncios de inversiones para la ciudad y los principios fundamentales con los que, supuestamente, el equipo de León de la Riva iniciaba su camino de cuatro años de mandato, fueron una tomadura de pelo.

Ni una sola de las Áreas ha hecho realidad, a falta del último año, lo que propuso. Y mucho menos se han materializado las inversiones que fueron vendidas a todo trapo durante la campaña y precampaña electorales.

¿Qué fue de las inversiones?

Un Palacio de Congresos en 2015 tras una inversión de 70 millones, la conversión de los antiguos edificios ferroviarios en Biblioteca y sede para la Fundación Delibes en 2012, un puente de Poniente acristalado en el que la Junta de Castilla y León se gastaría 3 millones de euros, la mejora del carril bici de la Avenida de Salamanca, el Cuatro de Marzo transformado en barrio bioclimático, la tuneladora del soterramiento trabajando de norte a sur de la ciudad para coserla en esta legislatura, un centro para personas en riesgo de exclusión, una piscina flotante en el Pisuerga y un nuevo centro hípico, el Puerto Seco de Santander en Palomares, un centro cívico en La Victoria, un vivero de artistas y un largo etcétera, que dan para poner en marcha un “museo del incumplimiento”.

Al alcalde no le faltaron promesas ni le influyó a la hora de hacerlas la crisis, ya galopante en 2011, ni la situación precaria de la economía municipal, endeudada por obras inútiles que se acababan de inaugurar, coincidiendo con el despliegue de las urnas.

En estos tres años, ninguna de esas promesas se ha cumplido. No hay porcentaje de cumplimiento oficial que soporte la realidad de que ni hay Palacio de Congresos, ni Biblioteca Central, ni puente acristalado, ni fecha, siquiera, para que comience el soterramiento, la obra estrella a la que acude en cada campaña De la Riva para justificar su continuidad como regidor.

¿El empleo y las personas primero?

El programa electoral del PP comenzaba afirmando que “la mejor política social es el empleo”. Sin embargo, rechazó un Plan de Empleo con el que el PSOE proponía convertir este asunto en prioritario en la gestión municipal. Los insistentes anuncios de miles de empleos de la mano de Konecta o supuestas empresas indias interesadas en Valladolid a los que el alcalde es tan aficionado, se revelaron vacías. La realidad es que en nuestra ciudad hay 5.000 desempleados más que cuando se inició el mandato, un Plan Anticrisis desaparecido en combate, y sólo 1 de cada 50 euros recaudados destinado a inversiones productivas.

La agenda del alcalde de cada día, muy reveladora de la gestión que prioriza, se limita a la inauguración de exposiciones, actos protocolarios, fotos con equipos deportivos, firmas de convenios de buenas intenciones, e incluso presentación de relojes inspirados en la Ruta Ríos de Luz o monedas con el nombre de la ciudad acuñadas en plata de ley.

El segundo principio que presidía el programa electoral popular, “atención especial a los barrios”, se tradujo estos años en rechazar las mociones de barrio que, cada mes, presenta el Grupo Socialista en los plenos, dando de paso escasas actuaciones con mínimo o nulo coste. Ni un centro cívico nuevo, ni un centro de mayores, ni escuelas infantiles, inversiones a las que el alcalde ha renunciado recientemente, de forma tajante, mientras anunciaba un pírrico gasto –un millón de euros de remanente- en la zona periférica de la ciudad, que dará difícilmente para cambiar algún columpio.

Bajo el eslogan “primero las personas”, y en materia de vivienda, el PP rechazó hasta en cinco ocasiones las iniciativas de la oposición para afrontar el problema de los desahucios. Indiferente al drama de muchas familias, se opuso a las propuestas de un rosario de mociones que demandaban la implicación del Ayuntamiento en este problema en mociones presentadas en los Plenos de enero, junio y diciembre de 2012 y febrero y mayo de 2013.

Pero escandalosa es, sobre todas las demás, la afirmación, en ese programa electoral de que “el gasto social, lejos de perder peso en los presupuestos del Ayuntamiento, ha ido incrementando su importancia en términos relativos”. Y, aún yendo más allá, la de que “trabajaremos para mitigar los efectos de la crisis, la exclusión y la pobreza en las familias”.

En estos tres años, el presupuesto de Acción Social ha sufrido un recorte de 4 millones, un 15% del total, y el PP ha rechazado todas las propuestas del Grupo Municipal Socialista llevadas a los Plenos, precisamente, con la intención de aliviar esos efectos de la crisis en las familias.

El PP dijo no a las mociones que pedían ayudas para libros de texto, material escolar, becas de estudio y ayuda a estudiantes universitarios en mayo, julio, septiembre y diciembre de 2013 y de nuevo en febrero de 2014.

El PP rechazó, también, las mociones que reclamaban instar a la Junta a financiar escuelas infantiles, o embolsar al Ayuntamiento el dinero íntegro del Acuerdo Marco de Servicios Sociales en noviembre y diciembre de 2011 y septiembre de 2012.

El PP rechazó, asimismo, reducir el porcentaje del incremento del IBI tras la brutal subida de este impuesto por decisión del Gobierno Rajoy en enero de 2012, una tarjeta de autobús para estudiantes en junio de 2012, la cobertura de las vacantes en el personal que atiende los servicios sociales y la potenciación de los CEAS en junio de 2012, ayudas a los mayores y personas con discapacidad en noviembre de 2013, paliar la pobreza infantil en abril de 2014, un Plan de Inclusión Social en enero de 2013, garantizar el mantenimiento de los programas sociales en noviembre de 2012, implantar la progresividad fiscal, para que paguen más quienes más tienen, en agosto de 2013 e incluso ayudar desde el Ayuntamiento, con unos pocos miles de euros, muchos menos de los que cuesta dar de comer a los caballos de la policía, a los ciudadanos que pusieron en marcha un programa de solidaridad que se llama “Entrevecinos”, en abril de 2013.

Está claro, a la vista de todo ello, que las personas, para el PP, están siempre primero, y que su principal preocupación es ayudar a las familias de Valladolid a sobrellevar los efectos en sus economías domésticas de la situación económica que atraviesa el país.

Promesas fantasma

Algunos de los compromisos concretos por Áreas que asumía el Partido Popular en aquellas elecciones, las de 2011, se arrastran desde el programa electoral anterior, el de 2007, y siguen sin cumplirse.

Así, en ambos se puede leer la promesa de una comisaría de distrito para la zona centro, en el capítulo de “Seguridad” y el incremento de la policía de barrio, o, bajo el epígrafe “Educación”, la ampliación de la red municipal de Escuelas Infantiles, que se repite en 2011, año desde el que no sólo no se ha abierto ninguna nueva, sino desde el que el discurso del alcalde ha cambiado por el de “no es competencia municipal”.

En Urbanismo, se anuncia la revisión del PGOU, que lleva camino de eternizarse, y la urbanización de la Plaza de San Pablo y su entorno. En Vivienda, el inicio de las obras del 29 de Octubre, en Pajarillos, en Servicios Sociales, más centros para personas mayores, un programa de atención en la calle a indomiciliados y un centro de día para personas en riesgo de exclusión.
En Economía se habla de “atracción de grandes empresas” y la puesta en marcha de micropolígonos para pymes y autónomos, de un parque agroalimentario del Noroeste, del Puerto Seco, del parque de proveedores de Renault.

En Movilidad se prometen nuevos aparcamientos disuasorios y se plantea un “programa de transporte público vertical” que el PP define como “instalaremos ascensores y escaleras mecánicas en zonas elevadas de la ciudad para facilitar la movilidad a personas con dificultades de tránsito”. La única actuación en este sentido es, obviamente, el ascensor que se está instalando en la Catedral.

En Infraestructuras, el alcalde se muestra tan reivindicativo sobre el papel como resignado y conformista en la realidad. En su programa puede leerse “Demandaremos la conexión por autovía con todas las capitales”, “un tercer carril para la A-62”, “conclusión de las rondas”, “exigiremos la apertura del nuevo complejo ferroviario en 2012”, “la ampliación del soterramiento hasta la Ronda Exterior Sur”, “la completa ejecución de las obras de la variante de mercancías”, “el Plan Director de Aeropuertos”, “la financiación del Palacio de Congresos”, e incluso, “convertir el antiguo hospital Río Hortega en hospital geriátrico”.

Una sangría en los tribunales

A pocos meses de ver al propio alcalde sentado en el banquillo por desobedecer a los tribunales cuando le instaron a devolver a la legalidad el edificio donde él mismo reside, los vallisoletanos hemos llegado a acostumbrarnos a conocer cada día una sentencia que nos cuesta dinero.

La subida del IBI, la nueva tasa de basuras y los recortes en servicios como ayuda a domicilio compensan, afortunadamente, las costas de los juicios que el Ayuntamiento va perdiendo y las millonarias cuantías de los tropiezos urbanísticos que nunca son responsabilidad de nadie, ni de la concejala Cristina Vidal, ni de los técnicos o directores de Área, y mucho menos del propio alcalde que los nombró a todos.

Además de los 20 millones de euros que el Ayuntamiento tendrá que pagar a los propietarios de la finca Zambrana, objeto de la primera comisión de investigación de la época De la Riva, estos tres años de mandato nos han costado –que sepamos-, otros 2,4 millones en sanciones que no cobraremos por el derribo de las fachadas protegidas de la calle Labradores, cerca de 2 millones más –por el momento- en proyectos, obras e indemnizaciones del edificio Caja Duero, 427.000 euros en indemnizaciones a los propietarios de Niña Guapa, en torno a 100.000 por la gestión de la Escuela de Música y un largo etcétera, con sus correspondientes costas judiciales.

El número de ocasiones en las que la oposición socialista ha exigido dimisiones a consecuencia de estos gravísimos hechos es tan innumerable como la cascada de falsedades con la que Javier León de la Riva accedió al poder por quinta vez hace ahora tres años.