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No a la nueva Ley de Telecomunicaciones

IU solicita al Pleno de la Diputación de Valladolid el rechazo de la Ley General de Telecomunicaciones

Izqueirda Unida solicita al Pleno de la Diputación el rechazo a la Ley General de Telecomunicaciones por atentar contra la autonomía municipal y autonómica y eleva al Gobierno Central la propuesta de que cualquier reforma que afecte a las entidades locales y autonómicas deberá contar con la participación de las mismas

Viernes 30 de mayo de 2014 · 89 lecturas · rss article rubrique


COMUNICADO DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA EN LA DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

27 de mayo de 2014

Izquierda Unida solicita al Pleno de la Diputación el rechazo a la Ley General de Telecomunicaciones por atentar contra la autonomía municipal y autonómica y eleva al Gobierno Central la propuesta de que cualquier reforma que afecte a las entidades locales y autonómicas deberá contar con la participación de las mismas. Asimismo solicita al Gobierno la necesidad de que cualquier reforma de la Ley de Telecomunicaciones debe tener en cuenta la salud y la vida por encima de los beneficios económicos y no atender solo a los intereses de la industria. Exigiendo que se promueva un despliegue de las telecomunicaciones seguro y saludable escuchando a todos los actores afectados por la Ley: gobiernos autonómicos y locales y especialmente la sociedad civil (asociaciones y colectivos implicados) y a los científicos expertos e independientes.

En los últimos 15 años se ha dado un aumento exponencial de una nueva contaminación ambiental, proveniente de los campos electromagnéticos artificiales de alta frecuencia, fácilmente constatable en la expansión de las radiofrecuencias por la implantación de las redes de telefonía móvil y una interminable lista de dispositivos de tecnología inalámbrica.

Especialmente relevante es el impacto local provocado por las antenas base de telefonía móvil, visible en la preocupación ciudadana reflejada en el “Eurobarómetro Especial sobre campos electromagnéticos” del 2010, en las numerosas denuncias de conglomerados de cáncer en el entorno de las antenas y en las innumerables movilizaciones y peticiones vecinales manifestadas a nivel municipal en todo el territorio español.

Esta preocupación ciudadana va en consonancia con las numerosas llamadas desde diferentes ámbitos (científicos, instituciones europeas e internacionales, jurídicos), que instan a las administraciones públicas a aplicar el principio de precaución (recogido en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública), ante estos contaminantes ambientales alertándonos de su riesgo potencial para la salud de las personas, especialmente en la infancia, la juventud, las mujeres gestantes y otros grupos sensibles.

Desde 1998, conferencias y declaraciones médicas y científicas precaucionistas de todo el mundo llaman a aplicar el principio de precaución en la línea del principio ALARA (tan bajo como sea razonablemente posible), con límites y criterios más restrictivos ante una creciente evidencia de los efectos no térmicos de la exposición a la radiación no ionizante en todas las frecuencias.

El Informe Mundial del Cáncer del 2014 de la IARC (OMS) alerta sobre la necesidad de reforzar la prevención, actuando sobre los contaminantes ambientales para evitar la previsión de la duplicación de nuevos casos (de cáncer) en las próximas dos décadas.

Diferentes sentencias del Tribunal Supremo ya reconocieron(si no suponen inseguridad jurídica o facultad omnímoda) la competencia municipal de protección sanitaria a la población para reducir niveles de exposición a los campos electromagnéticos, estableciendo medidas adicionales de protección a las establecidas en el Real Decreto 1066/2001 (fijando umbrales de exposición menores y espacios protegidos en el planeamiento urbanístico).

Pues bien, la recientemente aprobada Ley General de Telecomunicaciones, somete directamente el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas a las disposiciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en nombre de la competencia exclusiva del estado, usurpando la competencia municipal para otorgar licencias (perdiendo el estudio de la evaluación ambiental) y las competencias municipales y autonómicas en el campo de las telecomunicaciones (medio ambiente, ordenación urbana y territorial y salud pública), lo que trae consigo una clara Desprotección jurídica en materia de salud y consumo, y tampoco atiende a las recomendaciones precaucionistas de la Resolución 1815 de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa (2011).

Además, esta nueva ley General de Telecomunicaciones posibilita la expropiación de bienes privados y públicos para la instalación de antenas de telefonía móvil, lo que generará una gran conflictividad, ante la cual, los gobiernos municipales no tendremos ninguna posibilidad de intervención real, al quedar delegados a un papel subsidiario (realización de informes no vinculantes).