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DOSSIER: Contaminación por amianto en URALITA

El juez archiva la investigación por delito ambiental en la fábrica de Uralita

La Fiscalía ha recurrido porque considera que tras el abandono de la factoría no se descontaminó de amianto, lo que causó un grave riesgo para la salud

Martes 9 de diciembre de 2014 · 564 lecturas · rss article rubrique


El juez archiva la investigación por delito ambiental en la fábrica de Uralita

La Fiscalía ha recurrido porque considera que tras el abandono de la factoría no se descontaminó de amianto, lo que causó un grave riesgo para la salud

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid ha sobreseído las diligencias abiertas contra la promotora inmobiliaria Reyal Urbis, propietaria actual de los terrenos donde se asienta la antigua fábrica Uralita, por un posible delito medioambiental derivado del deterioro de las instalaciones y el riesgo cancerígeno por contaminación de amianto que las mismas suponen para la población.

En su auto, el juez instructor, César Gil Margareto, fundamenta el cierre de las presentes diligencias, abiertas a raíz de una denuncia de la Fiscalía vallisoletana, en la ausencia de responsabilidad penal en la conducta de los responsables de Reyal Urbis tras advertir de que dicha sociedad se limitó a adquirir en 2006 una instalación que al menos en parte ya había desmantelado la anterior propietaria de la fábrica Euronit—antigua Uralita—, Fibrocementos NT, y que ésta se había comprometido a descontaminar antes de entregarla de forma definitiva en 2009, informa Europa Press.

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Viejas instalaciones de Uralita en la carretera de Madrid. Fotografía: R. Otazo, El Norte de Castilla.

Además, el juez constata la "inexistencia de expediente administrativo, inspección o seguimiento alguno por parte de administración competente", hasta el inicio del presente procedimiento, que advirtiera de la condición de residuos peligrosos o riesgo medioambiental, al tiempo que recuerda que Reyal Urbis, una vez denunciada, procedió por un lado al cerramiento perimetral de las instalaciones y a intensificar las labores de vigilancia para evitar el desmantelamiento incontrolado de furtivos que entraban para vender luego el material como chatarra.

"Por ello, entendemos que no puede hablarse de comportamiento doloso o consciente ni de grave imprudencia, ni tampoco hay elementos para entender que tuvo una actuación permisiva ante actuaciones masivas de personas que procedían a sustraer materiales y a un desmantelamiento incontrolado", resume el instructor, que por ello sobresee las presentes diligencias en las que hasta la fecha habían declarado, en calidad de imputados, el mismísimo presidente de Reyal Urbis, Rafael Santamaría Trigo; el delegado de la empresa en la capital, José María Barrio Gil Founier, y el director general de Suelo, Urbanismo y Patrimonio de esta misma mercantil, José Antonio Ruiz García.

Recurso apelación

El sobreseimiento, sin embargo, ha sido ya recurrido en apelación por la Fiscalía de Valladolid, pues persiste en que los responsables de Reyal Urbis son autores de un delito contra el medio ambiente (artículo 325.1 del Código Penal), bien de forma activa o comisión por omisión, o incluso por una imprudencia grave, que recoge el 331 del C.P, tras insistir en que desde 2009 las viejas instalaciones han permanecido "abandonadas y no se ha efectuado trabajo alguno para la eliminación adecuada de los residuos de amianto generados por la destrucción de los edificios existentes en la parcela".

Y es que el interés económico de la citada promotora, tal y como enfatiza la acusación pública, "no se centraba en las edificaciones, sino en los terrenos, ante un futuro cambio de su calificación urbanística".

Fiscalía cimenta su tesis de abandono en el hecho de que un decreto de Alcaldía de enero de 2013 ordenó su limpieza y demolición tras la declaración de ruina inminente. Muestras tomadas en el lugar detectaron fibras de amianto en diez de las diecisiete muestras tomadas, Crisotilo en nueve de ellas y Crocidolita en una.

Peligro de riesgo

La fiscal delegada Medio Ambiente y Urbanismo, Ana Valle, apunta que para que se produzca la consumación del delito basta con que haya quedado acreditada la existencia del peligro o riesgo grave, sin que sea necesario que se materialice la causación efectiva de perjuicio a otros bienes jurídicos tales como lesiones a la salud humana o daños en animales o cosas, "sin que la retirada posterior del producto permita considerar que el delito sólo alcanza el grado de tentativa o concluir que no se cometió".

En este caso, añade la acusadora pública, "existen datos suficientes que apuntan al conocimiento, por los responsables de la empresa, tanto del estado de las instalaciones como de las características de los elementos constructivos cuyos restos se encontraban dispersos a lo largo de su superficie", al tiempo que recuerda que la obligación del comprador de la fábrica era afrontar "cualesquiera gastos que se generen por la demolición de las edificaciones y naves industriales existentes sobre la finca, incluyendo la retirada, tratamiento, manejo y traslado a los vertederos que legalmente corresponda, en cada caso, de los materiales y productos empleados en la construcción de las mismas".

Fiscalía hace alusión además al informe elaborado por la Oficina Territorial de Trabajo según el cual las instalaciones investigadas, de unos 70.000 metros cuadrados, con su estructura portante que soportaba gran cantidad de placas de fibrocemento en techos y paredes, ha sido desmantelada de forma incontrolada, dejando caer las mismas y provocando su rotura y triturado, lo que ha generado una importante emisión de fibras al medio ambiente, cuyo radio de dispersión es muy difícil de estimar al tratarse de una zona completamente abierta.

La inhalación de mocrofibras de amianto, recuerda el escrito de la acusadora, puede causar asbestosis y tumores malignos, como el cáncer de pulmón y el mesotelioma, enfermedades que suelen ser mortales y que, debido al periodo de latencia, se pueden manifestar hasta 40 años después de la exposición, sin que las pruebas científicas actuales permitan establecer un límite seguro.

Factoria de Cerdanyola del Vallés

Por ello, equipara el riesgo potencial para la salud humana que representan las antiguas instalaciones de Uralita en Valladolid al demostrado en otra planta de esta misma empresa en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), en actividad hasta 1997, tras recordar que un estudio efectuado por profesionales de Atención Primaria de dicha localidad y poblaciones vecinas vincula el cáncer no sólo a los trabajadores de la fábrica y sus familiares sino a población que nunca había tenido relación con la misma.

En unos casos, recuerda, eran los propios operarios los que, además de enfermar por respirar fibras de amianto, contaminaban a sus familias a través de los restos que portaban en sus prendas de trabajo, y en otros casos los mismos restos se esparcían por las calles y afectaban al resto de la población. Así, en 559 pacientes diagnosticados, en 98 casos, un 17,5 por ciento, la fuente de exposición al amianto fue ambiental. De los 400 de exposición laboral, el 9 por ciento había trabajado en otras empresas localizadas en las proximidades.

La investigación, ahora sobreseída, se inició por una denuncia formulada por la Fiscalía de Valladolid, que empezó a indagar a raíz de recibir en julio de 2012 de la Asociación de Víctimas y Afectados de Amianto (Avidalid) diversa documentación, acompañada de un vídeo, en la que se alertaba de la situación de ruina de la antigua Uralita, situada en el kilómetro 187,5 de la Avenida de Madrid, y de su posible incidencia en la salud de los vecinos de zonas próximas.

En concreto, se advertía del peligro para las personas que residen o trabajan en las proximidades, en especial para los alumnos del Colegio de San Agustín o los vecinos del Barrio de Las Delicias o la zona residencial del Pinar de Jalón, ya que la inhalación de las fibras de este mineral puede producir cáncer de pulmón o mesotelioma pleural.

Fuente: Texto, Fotografía: R. Otazo, El Norte de Castilla, 08-12-2014.


Declara en Valladolid el director de suelo de Reyal Urbis por el caso ’Uralita’

El instructor de la causa atiende así la petición de la Fiscalía de Valladolid

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El director general de Suelo, Urbanismo y Patrimonio de Reyal Urbis, José Antonio Ruiz García, comparecerá el próximo día 7 de septiembre en los juzgados de Valladolid para declarar en calidad de imputado con motivo de las investigaciones que se siguen respecto de un posible delito medioambiental cometido por responsables de la citada promotora inmobiliaria, propietaria actual de los terrenos donde se asienta la antigua fábrica Uralita.

La testifical del referido directivo se celebrará ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, César Gil Margareto, que ha atendido así la petición formulada hace unas semanas por la Fiscalía Vallisoletana y se sumará a la ya prestada con anterioridad, en idéntica condición, por el mismísimo presidente de Reyal Urbis, Rafael Santamaría Trigo, y el delegado de la empresa en la capital, José María Barrio Gil Founier, cuya conducta considera ya de posible inclusión en los artículos 328.1 y 3 del Código Penal, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Y es que la acusación pública mantiene el criterio de la "improcedencia" del sobreseimiento de la presente causa y equipara el riesgo potencial para la salud humana que representan las antiguas instalaciones de Uralita en Valladolid al demostrado en otra planta de esta misma empresa en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), en actividad hasta 1997, tras recordar que un estudio efectuado por profesionales de Atención Primaria de dicha localidad y poblaciones vecinas vincula el cáncer no sólo a los trabajadores de la fábrica y sus familiares sino a población que nunca había tenido relación con la misma.

En unos casos, recuerda, eran los propios operarios los que, además de enfermar por respirar fibras de amianto, contaminaban a sus familias a través de los restos que portaban en sus prendas de trabajo, y en otros casos los mismos restos se esparcían por las calles y afectaban al resto de la población. Así, en 559 pacientes diagnosticados, en 98 casos, un 17,5 por ciento, la fuente de exposición al amianto fue ambiental. De los 400 de exposición laboral, el 9 por ciento había trabajado en otras empresas localizadas en las proximidades.

Por lo que respecta a las instalaciones de Valladolid, la fiscal del caso vuelve a insistir en el estado de abandono de las mismas, como demostraría el hecho de que un decreto de Alcaldía de enero de 2013 ordenó su limpieza y demolición tras la declaración de ruina inminente. Muestras tomadas en el lugar detectaron fibras de amianto en diez de las diecisiete muestras tomadas, Crisotilo en nueve de ellas y Crocidolita en una.

La fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo, Ana Valle, hace alusión al informe elaborado por la Oficina Territorial de Trabajo según el cual las instalaciones investigadas, de unos 70.000 metros cuadrados, con su estructura portante que soportaba gran cantidad de placas de fibrocemento en techos y paredes, ha sido desmantelada de forma incontrolada, dejando caer las mismas y provocando su rotura y triturado, lo que ha generado una importante emisión de fibras al medio ambiente, cuyo radio de dispersión es muy difícil de estimar al tratarse de una zona completamente abierta.

La inhalación de mocrofibras de amianto, recuerda el escrito de la acusadora, puede causar asbestosis y tumores malignos, como el cáncer de pulmón y el mesotelioma, enfermedades que suelen ser mortales y que, debido al periodo de latencia, se pueden manifestar hasta 40 años después de la exposición, sin que las pruebas científicas actuales permitan establecer un límite seguro.

La presente investigación se encuentra en marcha a partir de la denuncia formulada por la Fiscalía de Valladolid, que empezó a indagar a raíz de recibir en julio de 2012 de la Asociación de Víctimas y Afectados de Amianto (Avidalid) diversa documentación, acompañada de un vídeo, en la que se alertaba de la situación de la antigua Uralita, situada en el kilómetro 187,5 de la Avenida de Madrid.

La factoría de Uralita, cuyo origen se remonta al año 1966 y concluyó en 2009 tras ser adquirida por Euronit, para pasar actualmente sus terrenos a propiedad de la promotora Reyal Urbis S.A, antes inmobiliaria Urbis S.A, con domicilio social en Madrid y delegación en Valladolid, tuvo como principal actividad a lo largo de cuarenta años la producción de fibrocemento, proceso en el que se utilizaba Crocidolita o amianto azul y Crisotilo o amianto blanco, con una media de cincuenta toneladas al año.

EL COLEGIO SAN AGUSTÍN

Dicha circunstancia, constituiría un evidente riesgo para la salud de las personas que residen o trabajan en las proximidades, en especial para los alumnos del Colegio de San Agustín o los vecinos del Barrio de Las Delicias o la zona residencial del Pinar de Jalón, ya que la inhalación de las fibras de este mineral puede producir cáncer de pulmón o mesotelioma pleural.

La decisión de la Fiscalía vallisoletana de iniciar acciones penales contra la propietaria del suelo se produjo tras las investigaciones que la propia acusación pública, en concreto la Unidad Técnica Adscrita a la Fiscal de Sala de Medio Ambiente, Ana Valle, viene realizando desde 2012 con el auxilio de efectivos del Seprona de la Guardia Civil y de la Oficina Territorial de Seguridad e Higiene en el Trabajo, consistentes en la inspección ocular de la zona afectada y la toma de muestras.

Pero además, la Fiscalía vallisoletana constató en dichas instalaciones la presencia de individuos dedicados a llevarse distintos elementos constructivos para su venta posterior, lo que implicaba no sólo un evidente riesgo para su salud sino incluso para la de quienes pudieran entrar en contacto con los materiales sustraídos o inhalar las fibras de amianto que pudieran desprenderse de los mismos.

Ante ello, la acusación pública solicitó como medida cautelar que se requiriera a Reyal Urbis S.A. para que adoptase las oportunas medidas para el adecuado cerramiento y vigilancia del recinto de su propiedad, y todo ello con el objetivo de evitar el desmantelamiento de las edificaciones allí ubicadas y la dispersión de los materiales que pudieran contener amianto, ante lo cual el juez de Instrucción 2 ordenó a la empresa que acometiera tales trabajos.

Sin embargo, la fiscal apunta que para que se produzca la consumación del delito basta con que haya quedado acreditada la existencia del peligro o riesgo grave, sin que sea necesario que se materialice la causación efectiva de perjuicio a otros bienes jurídicos tales como lesiones a la salud humana o daños en animales o cosas, "sin que la retirada posterior del producto permita considerar que el delito sólo alcanza el grado de tentativa o concluir que no se cometió".

En este caso, añade la acusadora pública, "existen datos suficientes que apuntan al conocimiento, por los responsables de la empresa, tanto del estado de las instalaciones como de las características de los elementos constructivos cuyos restos se encontraban dispersos a lo largo de su superficie", al tiempo que recuerda que la obligación del comprador de la fábrica era afrontar "cualesquiera gastos que se generen por la demolición de las edificaciones y naves industriales existentes sobre la finca, incluyendo la retirada, tratamiento, manejo y traslado a los vertederos que legalmente corresponda, en cada caso, de los materiales y productos empleados en la construcción de las mismas".

Fuente: Texto, Fotografía, Tribuna de Valladolid, 17-08-2014.


La fiscalía insiste en que Reyal Urbis cometió un delito contra la salud al desmantelar la antigua fábrica de Uralita de Valladolid

Asegura que la promotora Reyal Urbis ha efectuado el desmantelamiento de forma descontrolada, lo que ha generado una emisión de fibras que al ser respiradas pueden provocar cáncer

La Fiscalía de Valladolid sostiene que las fibras de amianto que se han emitido al aire en el proceso de desmantelamiento de la antigua fábrica de Uralita son tóxicas para la salud porque se han dejado caer y se han triturado sin control. El radio de acción sería difícil de calcular, al propagarse por el aire y ser una zona abierta.

Asegura que la promotora del Reyal Urbis ha realizado el desmantelamiento de forma descontrolada, lo que ha generado una emisión de fibras que al ser respiradas pueden provocar cáncer.

Estas conclusiones de la Oficina Territorial de trabajo son las que la Fiscalía argumenta para continuar con la instrucción del caso contra Reyal Urbis.

El documento se refiere a una planta que esta misma empresa tiene en Cataluña, en la localidad de Cerdanyola, aludiendo a un estudio que se realizó para demostrar la relación entre la exposición al amianto y la población de ese municipio que contrajo cáncer.

Para la asociación de afectados son pruebas irrefutables. Los dirigentes de la empresa propietaria de la fábrica ya declararon como imputados en la fase de instrucción. El amianto es un elemento cancerígeno que no fue prohibido hasta el año 2002 en España.

Fuente: Texto, Radio Televisión de Castilla y León, 21-07-2014.


Fiscalía de Valladolid equipara el riesgo potencial de Uralita para la salud humana al de la planta de Cerdanyola

Tras las declaraciones como imputados del presidente de Reyal Urbis y el delegado de la planta, solicita la del director de Suelo, Urbanismo y Patrimonio

La Fiscalía de Valladolid, una vez recibida del Juzgado de Instrucción número 2 la totalidad de la causa sobre la investigación de delito medioambiental cometido presuntamente por la promotora Reyal Urbis S.A, propietaria de la antigua fábrica Uralita, ha insistido en la necesidad de continuar con la instrucción del caso, convencida de la actuación delictiva de sus responsables, y ha solicitado la toma de declaración, en calidad de imputado, de su director general de Suelo, Urbanismo y Patrimonio, José Antonio Ruiz García.

En el supuesto de que el juez instructor, César Gil Margareto, aceptara la petición de la acusación pública, la nueva testifical interesada se sumaría a la que ya prestaron, en idéntica calidad de imputados, el mismísimo presidente de Reyal Urbis, Rafael Santamaría Trigo, y el delegado de la empresa en la capital, José María Barrio Gil Founier, cuya conducta considera ya de posible inclusión en los artículos 328.1 y 3 del Código Penal, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Y es que la fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo, Ana Valle, hace alusión al informe elaborado por la Oficina Territorial de Trabajo según el cual las instalaciones investigadas, de unos 70.000 metros cuadrados, con su estructura portante que soportaba gran cantidad de placas de fibrocemento en techos y paredes, ha sido desmantelada de forma incontrolada, dejando caer las mismas y provocando su rotura y triturado, lo que ha generado una importante emisión de fibras al medio ambiente, cuyo radio de dispersión es muy difícil de estimar al tratarse de una zona completamente abierta.

La inhalación de mocrofibras de amianto, recuerda el escrito de la acusadora, puede causar asbestosis y tumores malignos, como el cáncer de pulmón y el mesotelioma, enfermedades que suelen ser mortales y que, debido al periodo de latencia, se pueden manifestar hasta 40 años después de la exposición, sin que las pruebas científicas actuales permitan establecer un límite seguro.

TRABAJADORES

Sus familias y población limítrofe

La acusación pública mantiene el criterio de la "improcedencia" del sobreseimiento de la presente causa y equipara el riesgo potencial para la salud humana que representan las antiguas instalaciones de Uralita en Valladolid al demostrado en otra planta de esta misma empresa en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), en actividad hasta 1997, tras recordar que un estudio efectuado por profesionales de Atención Primaria de dicha localidad y poblaciones vecinas vincula el cáncer no sólo a los trabajadores de la fábrica y sus familiares sino a población que nunca había tenido relación con la misma.

En unos casos, eran los propios operarios los que, además de enfermar por respirar fibras de amianto, contaminaban a sus familias a través de los restos que portaban en sus prendas de trabajo, y en otros casos los mismos restos se esparcían por las calles y afectaban al resto de la población. Así, en 559 pacientes diagnosticados, en 98 casos, un 17,5 por ciento, la fuente de exposición al amianto fue ambiental. De los 400 de exposición laboral, el 9 por ciento había trabajado en otras empresas localizadas en las proximidades.

Por lo que respecta a las instalaciones de Valladolid, la fiscal del caso vuelve a insistir en el estado de abandono de las mismas, como demostraría el hecho de que un decreto de Alcaldía de enero de 2013 ordenó su limpieza y demolición tras la declaración de ruina inminente. Muestras tomadas en el lugar detectaron fibras de amianto en diez de las diecisiete muestras tomadas, Crisotilo en nueve de ellas y Crocidolita en una.

La presente investigación se encuentra en marcha a partir de la denuncia formulada por la Fiscalía de Valladolid, que empezó a indagar a raíz de recibir en julio de 2012 de la Asociación de Víctimas y Afectados de Amianto (Avidalid) diversa documentación, acompañada de un vídeo, en la que se alertaba de la situación de la antigua Uralita, situada en el kilómetro 187,5 de la Avenida de Madrid.

La factoría de Uralita, cuyo origen se remonta al año 1966 y concluyó en 2009 tras ser adquirida por Euronit, para pasar actualmente sus terrenos a propiedad de la promotora Reyal Urbis S.A, antes inmobiliaria Urbis S.A, con domicilio social en Madrid y delegación en Valladolid, tuvo como principal actividad a lo largo de cuarenta años la producción de fibrocemento, proceso en el que se utilizaba Crocidolita o amianto azul y Crisotilo o amianto blanco, con una media de cincuenta toneladas al año.

El colegio San Agustín

Dicha circunstancia, constituiría un evidente riesgo para la salud de las personas que residen o trabajan en las proximidades, en especial para los alumnos del Colegio de San Agustín o los vecinos del Barrio de Las Delicias o la zona residencial del Pinar de Jalón, ya que la inhalación de las fibras de este mineral puede producir cáncer de pulmón o mesotelioma pleural.

La decisión de la Fiscalía vallisoletana de iniciar acciones penales contra la propietaria del suelo se produjo tras las investigaciones que la propia acusación pública, en concreto la Unidad Técnica Adscrita a la Fiscal de Sala de Medio Ambiente, Ana Valle, viene realizando desde 2012 con el auxilio de efectivos del Seprona de la Guardia Civil y de la Oficina Territorial de Seguridad e Higiene en el Trabajo, consistentes en la inspección ocular de la zona afectada y la toma de muestras.

Pero además, la Fiscalía vallisoletana constató en dichas instalaciones la presencia de individuos dedicados a llevarse distintos elementos constructivos para su venta posterior, lo que implicaba no sólo un evidente riesgo para su salud sino incluso para la de quienes pudieran entrar en contacto con los materiales sustraídos o inhalar las fibras de amianto que pudieran desprenderse de los mismos.

Ante ello, la acusación pública solicitó como medida cautelar que se requiriera a Reyal Urbis S.A. para que adoptase las oportunas medidas para el adecuado cerramiento y vigilancia del recinto de su propiedad, y todo ello con el objetivo de evitar el desmantelamiento de las edificaciones allí ubicadas y la dispersión de los materiales que pudieran contener amianto, ante lo cual el juez de Instrucción 2 ordenó a la empresa que acometiera tales trabajos.

Sin embargo, la fiscal apunta que para que se produzca la consumación del delito basta con que haya quedado acreditada la existencia del peligro o riesgo grave, sin que sea necesario que se materialice la causación efectiva de perjuicio a otros bienes jurídicos tales como lesiones a la salud humana o daños en animales o cosas, "sin que la retirada posterior del producto permita considerar que el delito sólo alcanza el grado de tentativa o concluir que no se cometió".

En este caso, añade la acusadora pública, "existen datos suficientes que apuntan al conocimiento, por los responsables de la empresa, tanto del estado de las instalaciones como de las características de los elementos constructivos cuyos restos se encontraban dispersos a lo largo de su superficie", al tiempo que recuerda que la obligación del comprador de la fábrica era afrontar "cualesquiera gastos que se generen por la demolición de las edificaciones y naves industriales existentes sobre la finca, incluyendo la retirada, tratamiento, manejo y traslado a los vertederos que legalmente corresponda, en cada caso, de los materiales y productos empleados en la construcción de las mismas".

Fuente: Texto, 20 minutos, 20-07-2014.



La Fiscalía de Valladolid abre diligencias por delito medioambiental en la fábrica de Uralita

Una asociación, integrada por antiguos empleados, dice que la factoría es un riesgo

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras recibir una orden de la fiscal delegada del Medio Ambiente en Valladolid, Ana Valle, para que se averigüen las condiciones en las que se encuentra la antigua fábrica de Uralita, situada en la carretera de Madrid, que podría estar desprendiendo amianto, material contaminante y nocivo para la salud hasta el punto de provocar cáncer.

Las diligencias incoadas por el Ministerio Público se llevan a cabo después de que la Asociación de Víctimas y Afectados del Amianto de Valladolid (Avidalid) presentase a comienzos de este mes una denuncia a la que acompañaba un vídeo del lugar, que se encuentra abandonado.

La factoría cerró sus puertas en el año 2009 y, según el colectivo denunciante, las instalaciones no se habrían descontaminado, ni efectuado trabajo alguno para la eliminación de los residuos.

Esta fábrica, cuya actividad estaba dedicada a la producción de fibrocemento, proceso en el que se utiliza crocidolita o amianto azul, y crisotilo o amianto blanco, pertenecía a Euronit, Fachadas y Cubiertas, y anteriormente a Uralita. Según los denunciantes, entre los que se encuentran antiguos empleados de la empresa, en los cuarenta años de actividad productiva se habrían producido unas 50 toneladas diarias de amianto.

Por ello, sostienen que desde el cierre de la factoría de la carretera de Madrid no se ha efectuado trabajo alguno para la eliminación adecuada de los residuos allí existentes, lo que supone un evidente riesgo para las personas que trabajan o residen en las inmediaciones de ese punto cercano a la Ronda Sur.

La Asociación de Víctimas y Afectados del Amianto va más allá en su denuncia, ya que advierte de que la proximidad del colegio privado de San Agustín supone un riesgo para la salud de escolares y docentes. Argumentan además que la inhalación de las fibras del mineral de amianto (que puede producir asbestosis, cáncer de pulmón o mesoteliona pleural) se puede ampliar a la población residente en los barrios de Delicias o Pinar de Jalón, cercanos a estas antiguas instalaciones.

Por todas estas circunstancias, la Fiscalía de Valladolid, con competencias para investigar esta denuncia, según el Estatuto del Ministerio Fiscal, ha decidido practicar diligencias para comprobar si se pudiera haber cometido un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

De este modo, la fiscal del caso ha remitido un oficio a la Comandancia de la Guardia Civil en el que solicita a los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) que efectúen una inspección ocular de los terrenos y naves que integran la antigua factoría de Uralita.

Además, ha requerido al instituto armado que tome muestras de las distintas zonas de la fábrica para su posterior análisis y determinación de la composición de los residuos despositados.

Los agentes especializados en delitos contra el medio ambiente deberán también elaborar un informe sobre si, como dice la asociación Avidalid, la propagación aérea del polvo de amianto, que pudiera estar depositado en la fábrica, afecta a la salud de las personas o sistemas naturales del entorno.

Abandonada

La investigación abierta tendrá que determinar quiénes son los actuales propietarios de la fábrica, que está abandonada dentro del término municipal de Valladolid.

La actuación de la Fiscalía de Valladolid ha sido valorada por el colectivo denunciante como muy positiva. El presidente de Avidalid, Esteban Doncel, quien trabajó en la empresa Uralita durante 33 años, aseguró que «la situación en estas viejas instalaciones es de auténtica bomba de relojería ya que el polvo de amianto se propaga por el aire y sus efectos nocivos para la salud se producen años después».

Doncel, que fue presidente del Comité de Empresa de Uralita hasta el año 2005, recordó que esta factoría data del año 1966 y se abandonó después de que se vendiese a la sociedad Euronit Fachadas y Cubiertas, y se produjera el traslado de los cerca de 200 trabajadores a otras instalaciones situadas en la carretera de Aldeamayor.

«El desmantelamiento no ha comportado una descontaminación de este tipo de material. Hemos podido comprobar cómo la gente sigue entrando en la fábrica sin conocer verdaderamente el riesgo que tiene para su salud si inhala el amianto, que está por el suelo y los tejados», explica Esteban Doncel.

Avidalid pretende también que la investigación que dirigirá la Fiscalía sirva para determinar si existen responsabilidades de los empresarios o del Ayuntamiento.
La posibilidad de respirar amianto y el riesgo que se corre por los restos existentes en esta fábrica deberá ser determinado por la investigación judicial. Mientras ello sucede, lo que sí queda claro es que los antiguos empleados llevan años reclamando en los tribunales los perjuicios profesionales causados por haber trabajado en Uralita.

Para el presidente de la asociación de Afectados del Amianto de Valladolid, las consecuencias no son solo para los que allí han trabajado, sino para las personas cuya actividad se hace en las proximidades. «Entre ellos está un supermercado, una gasolinera, bares en las Delicias, o el colegio de San Agustín. El polvo está en el ambiente, se seca y no se ve, pero se inhala», insiste Esteban Doncel.

Según sostiene el presidente de Avidalid, «el listado que nosotros tenemos recoge más de 130 trabajadores de Uralita en Valladolid muertos en los últimos años por carcinoma pulmonar, un cáncer que solo aparece por haber estado en contacto con el amianto. El año pasado fallecieron seis con edades de más de 56 años».

Esteban Doncel asegura que Uralita vendió en 2005 los terrenos a una empresa de un grupo belga (Etex) por unos 60 millones de euros, «pero los han dejado abandonados porque descontaminarlos cuesta mucho».

La empresa dedicada a la fabricación de fibrocemento comenzó a estar operativa en el año 1966. Seis años después, su plantilla alcanzaba los 470 trabajadores. En el año 2005 su número llegó a los 220. Cuando se cerraron las instalaciones en la carretera de Madrid, con la plantilla de Euronit, la cifra llegaba a los 153. La ley prohibió la utilización del amianto como material a partir de 2002, lo que dio lugar a un cambio en los planes de producción. Pero, según explica Esteban Doncel, «en España se continuó empleando el amianto hasta 2005 porque era un material muy barato para fabricar las placas de uralita».

Los efectos nocivos por haber trabajado en contacto con el amianto comenzaron luego a aflorar entre los trabajadores, muchos de los cuales han tenido que recurrir a los tribunales para que se les reconociera sus patologías como enfermedades profesionales.

Experta en este tipo de reclamaciones, la abogada Carmen Riesgo asesora a antiguos empleados de Uralita, cuyas circunstancias de trabajo cuestionan los controles para evitar esta contaminación.

Es el caso de Á. J. que entre los años 1974 y 1984 trabajó como electricista en Uralita Valladolid. En una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que desestima un recurso de la empresa, se asegura que en la factoría vallisoletana «existía una producción de amianto, sin que conste que se realizaran mediciones adecuadas de dicha sustancia, y sin que existiera ningún tipo de medidas de protección colectiva».

Este trabajador falleció en agosto del año 2008 por un tumor de mesotelioma epitelial, enfermedad derivada de la inhalación de fibras de amianto, y que se vinculó con el tiempo que trabajó en la empresa. Por ello, el TSJ ha reconocido las prestaciones de viudedad y orfandad a su familia.

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Viejas instalaciones de Uralita en Valladolid. Fotografía: Kike Gómez, El Norte de Castilla.

Más información: AVIDA - Asociacion de Victimas del Amianto

Fuente: Texto: J. Moreno, El Norte de Castilla, 30-07-2012.