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Caso «Edificio Ebro» / Fuente: Último Cero

PSOE e IU se alían contra el insuficiente acuerdo municipal para dar carpetazo al pelotazo de Piensos CIA

Reclaman que los constructores aporten viviendas ya construidas y no edificabilidad y los socialistas se desmarcan del visto bueno dado por su ex portavoz Ángel Velasco

Miércoles 23 de julio de 2014 · 108 lecturas · rss article rubrique



COMUNICADO DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA Y DE IZQUIERDA UNIDA

22 de julio de 2014

Notas de la rueda de prensa del martes 22 de julio de 2014, de PSOE e IU, sobre la acción pública de ACCS en la ejecución de las sentencias de Piensos Cia–Ebro Agrícolas

Ante la noticia de que el TSJCyL ha admitido la acción pública de la Asociación Cultural Ciudad Sostenible (ACCS) para la ejecución de las sentencias sobre los suelos de Piensos CIA – Ebro Agrícola, y la difusión por parte de esta misma asociación del acuerdo suscrito entre las empresas beneficiarias, el recurrente y la Concejala de Urbanismo, los grupos municipales de la oposición (PSOE e IU) queremos manifestar lo siguiente:

1º. SOBRE LA ASOCIACIÓN CIUDAD SOSTENIBLE

Los grupos firmantes quieren, en primer lugar, agradecer públicamente a la Asociación Ciudad Sostenible su coraje cívico. Tanto por ejecutar la acción pública para instar la ejecución larguísimamente demorada de unas sentencias, como por hacer públicos documentos que nunca tendrían por qué haberse ocultado.

2º. INFORMACIÓN PÚBLICA

En efecto, frente a la manifiesta y reiterada postura de la Concejalía de Urbanismo de esconder al conocimiento público informaciones de interés público a las que solo tienen acceso interlocutores privilegiados, ACCS ha actuado poniendo sobre la mesa esos documentos. IU pidió expresamente acceder al acuerdo suscrito el 6 de junio de 2014, y la alcaldesa accidental lo negó por tratarse, según dijo, de un acuerdo “que no tiene ningún valor en tanto en cuanto el órgano judicial encargado de su análisis no se pronuncie y homologue el mismo”. Sin embargo se trata de un asunto público, de interés extraordinariamente público. Pues tiene el máximo valor saber qué es lo que ha admitido la Concejala de Urbanismo como suficiente, cuál ha sido la defensa de los intereses públicos que ha ejercido.

3º. SOBRE LA FALTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Igualmente queremos mostrar nuestro rechazo a que un asunto tan significativo (desde el punto de vista jurídico, económico, social y urbanístico) como el que nos ocupa se haya realizado sin apoyo técnico o jurídico alguno. O, peor aún, que la Concejala haya faltado a la verdad al asegurar en el Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo que no existía ningún informe municipal sobre este asunto. Tal parece que se decidió aceptar y firmar el acuerdo propuesto a ojo, sin que nadie evaluase si procedía o no avalar las cifras que en él se presentaban.

Para poder analizar si la propuesta que se lleva al Juzgado es aceptable hay que conocer, al menos, lo siguiente: El convenio suscrito en 2002 y la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada en 2003; el planeamiento anterior a 2002 en la zona (que recobraría su vigencia al anularse el nuevo); las exigencias de la actual legislación (no se pueden contradecir con la solución que se proponga); lo que ha hecho hasta ahora cada parte, y concretamente la ejecución de la urbanización llevada a cabo, la edificación construida, y en qué fechas; los precios de suelo y vivienda (libre y protegida) de cada zona y en cada momento significativo; las cesiones que se deberían hacer y de las cargas de urbanización correspondientes; la determinación concreta y precisa, en suma, de los derechos y obligaciones vigentes. Y tras el análisis de todo ello, elaborar una propuesta de ejecución.

Pero ninguna de estas informaciones y análisis constan en el documento presentado al Juzgado. ¿Cómo ha sido capaz la Concejala de Urbanismo de saber si la edificabilidad para 60 viviendas es suficiente y resulta adecuada?

4º. NO BASTA UN ACUERDO ENTRE LAS PARTES

El acuerdo presentado tiene, en principio, aspectos difíciles de admitir. En primer lugar, no participa una de las administraciones implicadas (la Consejería de Fomento, de la Junta). Por otro lado, no está clara la legitimación de la Concejala de Urbanismo para actuar en representación del Ayuntamiento. Además, como hemos dicho, no se justifica en ningún momento que con la propuesta planteada se llega al restablecimiento de la legalidad.

Pero, por encima de todo, el acuerdo suscrito no parece la forma más adecuada de encauzar el cumplimiento de las sentencias. Por mandato constitucional los jueces y tribunales tienen el deber de hacer ejecutar lo juzgado (art. 117.3 de la CE), sin que tal deber pueda desaparecer como consecuencia de convenios o pactos entre los litigantes cuando, como en este caso, está de por medio el respeto a la legalidad urbanística y, por consiguiente, la protección de intereses generales.

5º. DISCREPANCIAS SOBRE LOS NÚMEROS OFRECIDOS

Por otra parte, a la vista del acuerdo, debemos manifestar también nuestra discrepancia con el resultado propuesto; nuestro rechazo a un acuerdo que parece enormemente distante de los mínimos que el interés público y, sobre todo, la legalidad reclaman. Ya habrá tiempo para analizar en detalle los números presentados, pero en estos momentos podemos asegurar que ofrecer suelo para una edificabilidad de 60 viviendas, 107 plazas de aparcamiento en viario y 260 en un aparcamiento subterráneo en régimen de concesión resulta, en nuestra opinión, muy alejado de las hipótesis menos exigentes para la restitución de la legalidad.

6º. VIVIENDAS CONSTRUIDAS, NO EDIFICABILIDAD

Para la restitución de la legalidad, probablemente la alternativa más oportuna a considerar sea la de constituir con los dos ámbitos (al menos) un sector de suelo urbano no consolidado que, incluyendo lo edificado, cumpla las normas que legalmente correspondan. E ir con esa nueva ordenación a una modificación del PGOU. Pero la compensación de las plusvalías que corresponden al Ayuntamiento debería hacerse en viviendas reales, en edificación ejecutada. El Ayuntamiento no necesita edificabilidad residencial, sino viviendas reales (libres de cargas, obviamente), para incorporarlas al parque público de viviendas.

7º. LAS OBLIGACIONES DE LOS GRANDES PROMOTORES

Asumimos que, por supuesto, en ningún caso se propondrá ninguna demolición de lo construido. Pero, al margen de esa cuestión, manifestamos nuestro rechazo a la forma de actuar del equipo de gobierno en este asunto. Que no solo está encerrado en sus posiciones, procurando hurtar al conocimiento público la información que debe ser pública; sino que tampoco parece distinguir claramente los intereses públicos de los de las grandes promotoras. En consecuencia, anunciamos que llevaremos al próximo Pleno una moción conjunta para debatir en ese marco esta cuestión.