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Opinion: Jordi Borja

"Ciudad, urbanismo y clases sociales"

"Esta aspiración a lo que “podría ser” la ciudad debe derivar en un proyecto político capaz de integrar demandas diversas de las clases sociales expoliadas de sus derechos teóricos y que se plantee la reversión de los actuales procesos urbanizadores"

Lunes 28 de julio de 2014 · 168 lecturas · rss article rubrique


Ciudad, urbanismo y clases sociales

Jordi Borja

1. Sociedad urbana, clases sociales y ciudadanía

Los actuales territorios metropolitanos cuestionan nuestra idea de ciudad: son vastos territorios de urbanización discontinua, fragmentada en unos casos, difusa en otros, sin límites precisos, con escasos referentes físicos y simbólicos que marquen el territorio, de espacios públicos pobres y sometidos a potentes dinámicas privatizadoras, caracterizada por la segregación social y la especialización funcional a gran escala y por centralidades “gentrificadas” (clasistas) o “museificadas”, convertidas en parques temáticos o estratificadas por las ofertas de consumo. Esta ciudad, o “no ciudad” (como diría Marc Augé) es a la vez expresión y reproducción de una sociedad a la vez heterogénea y compartimentada (o “guetizada”), es decir mal cohesionada. Como se expone al inicio de este trabajo las promesas que conlleva la revolución urbana, la maximización de la autonomía individual especialmente, está solamente al alcance de una minoría. La multiplicación de las ofertas de trabajo, residencia, cultura, formación, ocio, etc., requieren un relativo alto nivel de ingresos y de información así como disponer de un efectivo derecho a la movilidad y a la inserción en redes telemáticas. Las relaciones sociales para una minoría se extienden y son menos dependientes del trabajo y de la residencia, pero para una mayoría se han empobrecido, debido a la precarización del trabajo y el tiempo gastado en la movilidad cotidiana.

Esta nueva sociedad urbana nos aparece, a diferencia de la sociedad industrial clásica de los siglos XIX y gran parte del XX, poco estructurada en grandes grupos sociales. Se describe usualmente como una sociedad individualizada, muy segmentada en grupos diversos, en unos casos por sus ingresos, en otros por su edad o origen (inmigrantes), o por su status socio-económico o su relación con en el trabajo (asalariado, autónomo, desocupado, propietario, directivo), incluso por su nivel cultural o por su posición en el territorio (integrados o más o menos excluidos). Pero se perciben sus fracturas, entre los que temen perder sus rentas de posición, mediocres privilegios y seguridades vulnerables (como se demuestra actualmente) y los que viven en precario, en sus trabajos y en sus derechos, sin otro horizonte vital que el de la incertidumbre, sin otra certeza que la de no poder alcanzar el nivel de sus expectativas ni de sus necesidades.

Es una sociedad que necesita del Estado del bienestar, pero precisamente éste no llega, o no lo suficiente, a los que más lo necesitan. El discurso, se supone bienintencionado, que considera el Estado del bienestar como “nuestro Estado de derecho” olvida que este programa no garantiza el “bienestar”, por insuficiente o inadaptado a las necesidades de hoy a gran parte de los que más lo necesitan: los mileuristas y los desocupados, los jóvenes que no pueden acceder a la vivienda y los inmigrantes sin derechos reconocidos, los fracasados de la escuela y los excluidos por la fractura o digital. Y la cada vez mayor fractura territorial que sufren los que viven en el círculo vicioso de la marginación, en urbanizaciones periféricas o en barrios degradados, lejos de todo y demasiado cerca de los que viven la misma situación o peor que ellos.

En estos espacios urbanos y en estas sociedades atomizadas la democracia pierde sentido y la ciudad tiende a disolverse. Las fuerzas políticas progresistas, democráticas o denominadas de izquierda han podido desarrollar una gestión en los ámbitos locales o regionales asistencial, relativamente redistributiva, mediante programas de equipamientos y espacios públicos y de políticas sociales y culturales. Unas políticas más reproductoras que transformadoras (más de lo mismo). Pero han asumido el discurso capitalista y en muchos casos en su versión especulativa. El discurso de la ciudad “competitiva”, la concepción de los grandes proyectos urbanos y de las operaciones de renovación de zonas enteras de la ciudad ha ido unido a las omisiones escandalosas de falta de política de suelo y de vivienda en el tejido urbano compacto y de un gobierno metropolitano democrático que pudiera hacer políticas redistributivas e integradoras efectivas.

Las fuerzas políticas teóricamente representativas de las clases populares, o si prefieren las que sufren procesos discriminatorios y déficit de ciudadanía, has substituido el arraigo social por la instalación institucional. La disolución de la acción política ha sido en consecuencia acompañada por la disolución de su discurso. Si hay crisis de la ciudad (riesgo de degeneración y oportunidad de re-creación a una escala mayor) la izquierda debiera proponernos en el presente un proyecto de ciudad futura. Pero, sea desde los gobiernos o desde la oposición, no es capaz de proponernos políticas de resistencia y alternativa a los efectos perversos de la globalización que se manifiestan tanto en los procesos de gentrification y de especialización en las áreas centrales como en los territorios periféricos donde se está desarrollando la ciudad futura, los vastos espacios urbanizados lacónicos, desprovistos de sentido y sin calidad de ciudad. Al contrario, mediante políticas sectoriales y cortoplacistas acaba sometiéndose a la lógica segregadora y excluyente del mercado y contribuye en muchos casos a la disolución de lo ciudadano. A lo que gobernantes (derechas e izquierdas confundidas) y grandes empresas añaden en nombre de la competitividad y del marketing urbano la ostentación arquitectónica, el neomonumentalismo de exportación, que banalizan la ciudad y alienan a los ciudadanos, puesto que en muchos casos esta arquitectura de autor parece destinada a provocar sentimientos de expropiación en vez de la identificación o la emoción integradoras. El sentimiento de desposesión es hoy perceptible en las ciudades metropolitanas. La alienación y la explotación urbanas ya anunciada por joven Engels (en La situación de la clase trabajadora en Inglaterra) en 1844-45 se reproduce hoy a una escala mayor.

La complicidad de los políticos, y nos referimos especialmente a la teórica izquierda gobernante, se debe a su debilidad política frente a los actores económicos y sus representantes políticos y en ciertos casos a la debilidad humana ante las tentaciones lucrativas. Pero también, y sobre todo, a la debilidad intelectual, el haber olvidado el análisis de clase de la sociedad, el desconocer las nuevas contradicciones del desarrollo urbano promovidas por el capitalismo financiero especulativo global, la incapacidad para aislar el bloque “cementero” local o nacional y en cambio el facilitar las expectativas de las clases populares de participar en las migajas del festín de la burbuja inmobiliaria. Una debilidad culposa pues expertos reconocidos lo habían analizado y habían previsto el fin de la burbuja (por ejemplo J.M. Naredo el Observatorio Metropolitano de Madrid). Parece obligado referirse, aunque sea de forma muy sintética, a la ciudad y a las regiones metropolitanas, como una realidad contradictoria en la que se dan procesos de acumulación de capital y de explotación y de alienación (o desposesión) social y también de resistencias y reinvindicaciones populares.

Parece contradictorio que en una época en la que el conflicto de clases se acentúa (como constata incluso e l supermillonario y especulador Buffet) se propongan como uno de los principales objetivos los derechos ciudadanos que se vinculan la democracia liberal y en el mejor de los casos al “welfare state. Hay tres razones, por lo menos, por reivindicar los derechos ciudadanos, es decir los que corresponden a las políticas públicas de reproducción social o salario indirecto. [1]

En primer lugar por la simple razón que los derechos políticos y sociales conquistados hoy son más teóricos que reales para gran parte de la población, no son reales son simplemente programáticos y las políticas públicas no los garantizan. Además en muchos casos se los limita o de facto se los niega mediante privatizaciones de servicios públicos, de convertir la prestación en mercancía (como la vivienda)
o mediante reformas que los reducen a muy poco (como el derecho al trabajo o a las pensiones).

En segundo lugar por el carácter histórico de los derechos, los del pasado no son ni mucho menos suficientes y emergen o se refuerzan : el espacio público, la formación continuada, la renta básica, la accesibilidad física y la social, la igualdad político-jurídica de todos los residentes, la democracia participativa o de base y deliberante, la reforma democrática de las instituciones, etc.

Y en tercer lugar la necesidad de construir derechos complejos para forzar políticas públicas integrales y elaboración y gestión de las mismas desde la base. El ejemplo más evidente es el “derecho a la ciudad”.

Se puede argumentar que substituir el conflicto social clasista por las demandas interclasistas , con frecuencia contradictorias y en muchos casos orientadas o más propias de las clases medias que de las populares es situar a las éstas en una situación de subordinación. Puede ocurrir evidentemente pero es más lógico que sea lo contrario. Los más necesitados de derechos, viejos y nuevos, son los sectores populares, por lo cual la iniciativa conflictual la llevarán ellos. A lo largo de la historia las luchas democráticas las han protagonizado en gran parte estos sectores. Además las clases trabajadoras están a su vez muy fragmentadas, se enfrentan a adversarios invisibles y en bastantes ocasiones es más viable construir solidaridades en el territorio que en el ramo de la producción.

Una segunda razón es de carácter estructural. La ciudad y los territorios urbanizados son hoy el principal ámbito de acumulación de capital en detrimento de la reproducción social, principalmente por la financiarización de lo urbano. Los sectores populares y en gran medida las clases medias sufren una explotación indirecta pues su “salario indirecto” no solo queda afectado por la colusión entre gobiernos y grupos económico-financieros no solo da lugar a que parte de los recursos públicos se desvíen hacia los actuaciones especulativas y lucrativas sino que además se generan políticas público-privadas que aumentan los costes sociales y ambientales. Por ejempla la difusión urbana sin ciudad o la gentrificación o especialización de las zonas centrales o bien equipadas y muy accesibles.

La tercera razón es el valor progresista y esperanzador del concepto de ciudadanía. Ya en los siglos XVII, XVIII y XIX Las revoluciones inglesa y americana y sobre todo la francesa (1789) fueron revoluciones motivadas por la exigencia de universalizar la ciudadanía: la igualdad, la libertad y la solidaridad de todos los habitantes de un territorio independiente. Tan es así que los revolucionarios franceses decretaron que los “monárquicos” eran el “partido del extranjero”. Más tarde las revoluciones de 1848 en Europa, las revoluciones que siguieron a la primera guera mundial en Rusia y Alemania, o los frentes populares que precedieron a la segunda guerra mundial y los programas de nacionalizaciones y de universalización de los servicios públicos (enseñanza, sanidad, vivienda, transportes, protección social) añadían a la ciudadanía política los contenidos económicos y sociales. A lo largo de los últimos dos siglos las clases populares han conseguido grandes avances al vincular sus objetivos de clase con los derechos ciudadanos.

Actualmente vivimos una época que exige revoluciones democráticas en todas las dimensiones. Hay que romper el “muro del dinero” que defienden, por acción o por omisión, las fuerzas políticas gobernantes. Lo cual requiere transformar el actual modelo institucional, sin lo cual no se podrán aprobar nuevos marcos políticos y jurídicos y nuevas políticas públicas. Los objetivos políticos son prioritarios: la república y la cultura republicana, la autodeterminación de los pueblos, la simplificación de la armatura institucional y su adaptación a los territorios que sean ámbitos de las políticas públicas, la supresión o regulación pública de los poderes económicos y mediáticos, la limitación de las competencias específicas de las organizaciones de la democracia representativa [2], el desarrollo de la democracia de base y las diversas formas de participación que tengan una incidencia determinante en la elaboración y ejecución de las políticas públicas.

En resumen, no se pueden contraponer las clases sociales con la ciudadanía, corresponden a dos dimensiones del análisis social y político. Las clases sociales conceptualmente corresponden a la estructura de la sociedad, a como se posicionan ante las contradicciones de la misma, como definen sus intereses y valores y cómo actúan en las relaciones socio-económicas y ante los poderes públicos. La ciudadanía es un concepto vinculado al republicanismo, al sistema político democrático que parte del principio de libertad, igualdad y solidaridad entre todos, de lo cual se derivan derechos propios de cada época, políticas públicas para que sean efectivos y participación activa y desde la base de todos los ciudadanos en el proceso político institucional.

2. ¿Temer al marxismo?

Sí, es lógico el temor pues permite desvelar no solo las injusticias de la ciudad, lo cual es común a cualquier forma de pensamiento medianamente crítico, también nos permite entender el conjunto de mecanismos y de agentes que provocan esta injusticia. Los que proponen la ecuación, que hemos denominado imposible, pretenden resolver la injusticia (los que van de ingenua buena fe, muchos otros simplemente utilizan una retórica legitimadora) pero sin intervenir sobre los causas y sin reconocer los mecanismos generadores de las desigualdades y exclusiones.. Lo cual permite a los analistas “cientificistas” aplicar modelos interpretativos que explican porque los pobres viven en unos lugares y los ricos en otros. Previamente se han obviado o “naturalizado” los mecanismos económicos que generan este tipo de segregación social.

Hay que partir de un hecho: la urbanización es uno de los procesos principales de acumulación de capital, es decir es un mecanismo fundamental para el desarrollo de la clase capitalista [3]. La llamada revolución urbana de las últimas décadas ha aumentado la cuota acumuladora por medio de la conversión del suelo rústico o expectante en urbanizable y urbano y por medio de la promoción inmobiliaria y la construcción de infraestructuras y edificios. El ciclo inmobiliario resultante genera crisis periódicas como corresponde a la producción de un bien necesario y mercantilizado, es decir que tiende a la sobreproducción respecto a la demanda solvente. El coste de la vivienda en el mercado no es el mismo del Ford T cuyo éxito se basó en definir un precio que los trabajadores industriales pudieran pagar. Las crisis cíclicas del sector inmobiliario desde la segunda guerra mundial hasta los años 80 fueron controladas por medio de las políticas públicas keynesianas que reactivaban el sector de la construcción. El problema se acentuó considerablemente en los últimos 25 años.

La crisis actual que vincula directamente urbanización y financiarización es resultado de un juego a tres bandas. Primero: los capitales volátiles han irrumpido con fuerza en los procesos urbanizadores. Segundo: los gobiernos han practicado la desregulación del sector y han permitido la proliferación de productos financieros inviables. Tercero: para ampliar el mercado se ha tendido a buscar cada vez más a posibles clientes en los estratos de bajos ingresos. Resultado: se ha creado un mercado ficticio, insolvente, pero endeudado. En EEUU el endeudamiento hipotecario privado se acerca al 50% del total y en España la suma del endeudamiento del “bloque cementero” y de los compradores insolventes superó el 60% total del país. Pero en este caso los bancos protegieron a los grandes promotores o constructores y los gobiernos protegieron a los bancos mediante cuantiosas ayudas y préstamos. Con lo cual la deuda ahora se reparte entre el Estado (los contribuyentes) y la población de bajos ingresos. Una deuda que equivale al PIB. En EE.UU. el otro país más endeudado es el 50% del PIB.

Como dijo el supermillonario Warren Buffet “en la guerra de clases afortunadamente la mía la está ganando”. Podría añadir como dice Harvey “el capitalismo es capaz de construir ciudades pero lo que no puede luego es pagarlas”. La pertinencia del análisis de clase no se termina aquí. Los expertos internacionales, como los del Banco Mundial, evalúan el desarrollo urbano en magnitudes monetarias. Por lo tanto a más urbanización extensiva, más especulación del suelo, mas construcciones con independencia de la solvencia del mercancía, más endeudamiento, más “desarrollo urbano”. Con lo cual se legitima la desregulación financiera y la urbanización con altos costes sociales y ambientales que ya expusimos al inicio de nuestro trabajo. El resultado es la crisis económica que se extiende a la economía productiva y que reduce de forma traumática la demanda social y las posibilidades de las políticas públicas. Se ha producido una acumulación de capital en el sector financiero y se han acentuado considerablemente las desigualdades sociales. Buffet tiene razón afirma que es una guerra social y que por ahora han ganado.

¿Es pertinente entonces hablar de lucha de clases en los territorios urbanos? Evidentemente aunque uno de los contendientes aparezca como más visible y más agresivo y organizado y el otro se exprese mediante resistencias dispersas y sin objetivos unificantes. La ciudad (utilizamos este término para simplificar aunque nos referimos a los territorios urbanizados o en proceso de serlo y más específicamente a las regiones metropolitanas) es un espacio en el que se produce una parte importante de la plusvalía y en consecuencia existe una masa importante de la población que sufre esta expropiación. Los trabajadores asalariados, el ejército de reserva de mano de obra (los inmigrantes), los jóvenes que consiguen acceder al mercado de trabajo y los desocupados que lo han perdido y gran parte de las clases medias que están perdiendo o no les alcanzan los bienes y servicios propios del “estado del bienestar” (es decir los que cubren derechos considerados universales) son los que generan la plusvalía que se apropian el capital financiero, el bloque “cementero” y en general los capitalistas que externalizan una parte de sus costes y disfrutan de rentas de posición en las zonas más valorizadas de la ciudad. El conjunto de las clases urbanas [4] que sufren la alienación urbana, o la desposesión de la ciudad que han hecho y hacen cada día reciben un salario ciudadano o indirecto en forma de vivienda protegida, de transportes colectivos, de educación y asistencia sanitaria, de equipamientos culturales, de programas sociales, de servicios de protección, de espacios públicos cualificados, etc. Cuando el salario indirecto no cubre satisfactoriamente estos derechos y en cambio financieros, especuladores, promotores, constructores, capitalistas beneficiarios de rentas de posición, etc obtienen grandes beneficios entonces se puede considerar que la ciudad es hoy un ámbito de explotación. Harvey, en el artículo de Socialist Register citado, afirma incluso que actualmente la ciudad es el lugar principal de apropiación capitalista de la plusvalía. El temor al marxismo pues, por su carácter revelador, es lógico cuando lo expresan las élites dominantes, pero no lo es tanto cuando se ha instalado agresivamente en los medios académicos. [5]

3. La crisis urbana como crisis de la “no-ciudad”.

La llamada crisis urbana, como hemos visto, es la crisis de los procesos de urbanización de las regiones metropolitanas y de la transformación excluyente de las áreas centrales de la ciudad. Estas dinámicas se han dado siempre en la ciudad capitalista sin embargo en las últimas décadas se han dado tres cambios importantes. En primer lugar la financiarización del desarrollo urbano ha contaminado al conjunto de la sociedad. La famosa distinción entre capitalismo productivo o especulativo (parásito o “fainéant” en la parábola de Saint Simon) ahora es más confusa. Una parte importante de los capitalistas productivos participan también de la especulación [6]. Una participación, directa o indirecta, se ha extendido a la sociedad: la compra de apartamentos o parcelas o de “productos financieros” alcanza incluso a poblaciones de bajos ingresos pues si sus ahorros son escasos las hipotecas son barata. En segundo lugar se ha difundido un conjunto de falsas creencias alimentadas por lideres políticos y económicos y los grandes medios de comunicación (véanse los suplementos de “propiedades”, “inmobiliarios” o en América latina “countries” . “El endeudamiento no tiene importancia” declaró el vicepresidente Cheney que acompañó a Bush II en su presidencia. La creencia que el bien inmobiliario o el suelo solo puede aumentar ha sido compartida por la gran mayoría de la población. Se han estimulado mediante engaños (la letra pequeña de los contratos) a sectores poco solventes para que participaran en la pirámide inmobiliaria. Los expertos e incluso los medios académicos han legitimado un lenguaje tramposo que ha contribuido a crear el ambiente propicio a una carrera hacia el precipicio de muchos y al dinero fácil de unos pocos. Y en tercer lugar la dimisión de los gobiernos nacionales, los organismos internacionales y los bancos centrales de su función reguladora. Se ha impuesto, en nombre del neoliberalismo, una desregulación generalizada que ha impedido incluso reaccionar mediante políticas anticíclicas al desarrollo salvaje de la urbanización. Especialmente significativo ha sido la degeneración de las cúpulas políticas de la socialdemocracia que se han convertido en cómplices activos del proceso urbanizador, que han asumido los valores de la derecha más reaccionaria para justificarlo (el discurso securitario, la individualización de la sociedad, el hacer a todo el mundo propietarios, etc). El resultado ha sido que cuando estalla la crisis ha estallado en el escenario político (institucional) no ha habido ni capacidad crítica ni propuestas alternativas.

Hay que reconocer también que el marxismo, que podemos considerar una parte fundamental de la teoría crítica sobre la sociedad y la economía capitalistas, se ha centrado principalmente en la acumulación de capital en el proceso de la producción industrial, ha prestado menos atención a los procesos de circulación del capital y ha considerado la temática urbana como un resultado de procesos ajenos a la misma. Evidentemente ha habido numerosas excepciones en el ámbito intelectual pero la “cuestión urbana” (como titulaba Manuel Castells su libro teórico de orientación marxista) ha sido considerada secundaria por parte de las organizaciones políticas que se reclamaban del marxismo. Sin embargo el mismo Marx, en el Manifiesto (con Engels) y especialmente en El Capital apunta conceptos muy útiles aplicables a la ciudad como la contradicción entre la ciudad como ámbito de cooperación entre las clases sociales y como lugar de acumulación y de explotación mediante la apropiación capitalista de la plusvalía . Así mismo sienta las bases del salario indirecto (ciudadano) como base de la reproducción social y de la desposesión a partir del concepto de alienación a la vez psicológica y material.

El análisis expuesto hasta ahora pretende demostrar que la “ciudad” actual es un territorio específico y fundamental de la lucha de clases. El hecho de que la estructura social se haya diferenciado respecto a la sociedad industrial constituída a lo largo del siglo XIX y mitad del XX y que el conflicto social anticapitalista sea hoy, potencialmente, tan o más importante de la que se pueda dar en los lugares de trabajo, no significa que no sea lucha de clases. Recordemos la afirmación contundente y premonitaria de Henry Lefebvre: “la revolución será urbana o no será”.

4. El derecho a la ciudad como propuesta alternativa.

Las contradicciones generadas por los actuales procesos de urbanización por una parte han llegado a un punto álgido y visible con la actual crisis, en especial en el caso español. Los enormes costes ambientales y sociales eran ya perceptibles: el despilfarro de bienes básicos (suelo, agua, energía), los efectos sobre el calentamiento de la atmósfera, los costes sociales del transporte cotidiano, la segregación y atomización de las poblaciones, el sentimiento colectivo de malestar y de desposesión, etc. A ello se ha añadido la crisis inmobiliaria y de las hipotecas que ha dejado a sectores importantes de la población sin ahorros o sin vivienda, y casi siempre sin lo uno y lo otro. Mientras tanto las periferias aumentan su desolación por la proliferación y diseminación de conjuntos inmobiliarios vacíos, no terminados, abandonados, muertos. Una ruina pública y privada. Como ya dijimos la pública la pagan los contribuyentes y la privada es propia de sectores populares y en parte medios.

Pero la ciudad conserva su atractivo, su prestigio y su promesa [7]. El atractivo de su oferta densa, variada y estimulante. El prestigio de su historia, de su identidad o valor de marca y de sus éxitos. La promesa de su vocación democrática y universalista, de la esperanza de progreso colectivo e individual, el estímulo de la aventura, del azar, de la sorpresa. [8] Esta imagen de la ciudad obscurece la percepción de la crisis del modelo urbanizador dominante pero al mismo tiempo expresa lo que la ciudad podría ser, la aspiración a una ciudad que responda a los deseos de justicia, libertad y esperanza. Pero esta aspiración a lo que “podría ser” la ciudad debe derivar en un proyecto político capaz de integrar demandas diversas de las clases sociales expoliadas de sus derechos teóricos y que se plantee la reversión de los actuales procesos urbanizadores.

Jordi Borja

Jordi Borja Sebastià (Barcelona, España, 18 de junio de 1941) es un geógrafo urbanista, y político español. Es licienciado en sociología y ciencias políticas, diplomado en Geografía y Máster en Urbanismo. Es profesor en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) donde es responsable del Área de Gestión de la Ciudad y Urbanismo de la UOC y desde el 22 de diciembre de 2012 Presidente del Observatori DESC -Derechos económicos, sociales y culturales- ubicado en Barcelona.

Miembro del Consejo Editorial de SinPermiso


Fuente: Texto: Jordi Borja, SinPermiso, 27-07-2014.


[1Ver de J.Borja “La democracia perdida en busca de la ciudad futura” en la obra colectiva promovida por Habitat International Coalition,, a cargo de Ana Sugranyes y Charlotte Mathivet eds, , “Ciudades para todos”, editado en castellano, francés e inglés, Santiago de Chile 2010. Del misma autor “Revolución urbana y derechos ciudadanos” (2013). De Gerardo Pisarello y otros “El derecho a la ciudad”, Observatorio DESC-Institut de Drets Humans de Catalunya (2011).” Es interesante el debate iniciado por Manuel Delgado de crítica a las ideas de los textos citados, que denomina “Ciudadanismo” (El País, 22-2-2014) por considerar que es una renuncia al análisis de clase. Algunos elementos de respuesta se encuentran en E. Hobsbawm “La clase obrera y los derechos humanos” (conferencia en Emory Univ, Atalanta, 1982).

[2Berlinguer , en uno de sus últimos escritos y ejerciendo de líder del PCI, afirmaba hace 30 años la urgencia de que los partidos ocuparan solamente una parte minoritaria del entramado político institucional. Y en los años 20 Harold Laski, personalidad del Labour Party y intelectual vinculado a los sindicatos y de cultura liberal progresista defendía la diversidad de formas de gestión de lo público o parapúblico mediante asociaciones, cooperativas, sindicatos, etc.

[3Utilizamos los conceptos de Marx tal como se exponen en el Capital. Hemos tenido en cuenta las obras de The Urbanization of Capital (1985), Espacios de esperanza (2003, original en inglés 2000), The Enigma of Capital and The Crise of Capitalism (2010) y especialmente en un artículo reciente publicado en Socialist Register, The urban roots of financial criss: reclaiming the city for anti-capitalist strugle. que está ha incluido en su último libro Rebel Cities (Verso 2012). Y también las obras citadas de JM Naredo y del Observatorio Metropolitano, ops.cit.

[4La obra reciente de Marina Subirats “Barcelona, de la necessitat a la llibertat. Les classes socials al tombant del segle XXI” (L’Avenç 2012) significa un hito importante en la producción intelectual sobre la ciudad pues recupera, actualiza e innova el análisis de clase en las regiones metropolitanas.

[5En muchos centros y departamentos de ciencias sociales hay un rechazo explícito al marxismo. Lo mismo sucede en las comisiones nacionales o europeas de evaluación de proyectos de investigación, como han podido comprobar algunos de los miembros de estas comisiones.

[6En el texto autobiográfico que acompaña a éste trabajo refiero como en 1979, poco antes de las primeras elecciones locales democráticas, tuve un encuentro con los directivos del Círculo de Economía. Defendí entonces la conveniencia de concertar un proyecto de ciudad de las izquierdas con la “burguesía productiva” y lo definí como una “alianza saintsimoniana”. El presidente, Mas Cantí, me dijo que si no fuera que el PSUC se definía como comunista la mitad del comité directivo podría votar por él. Hoy no creo que pudiera repetirse esta situación.

[7El reciente y difundido libro de Edward Glaeser: El triunfo de las ciudades (op.cit, 2011) genera confusión. Aunque reconoce algunos coste sociales y especialmente ambientales identificar el éxito con el discurso clasista de los sectores altos y en parte medios que viven con un pie en la ciudad gentrificada o en enclaves cualificados y el otro en el mundo global de Internet y de movilidad multidimensional.

[8En nuestro trabajo nos hemos referido a la ciudad como lugar del azar, de la sorpresa, de los intercmbios no programados, de los descubrimientos no buscados. El lugar de la serendipity como expuso Ascher recuperando el término acuñado por Horacio Walpole en el 1700: La ville c’est les autres. CCI-Centre Pompidou 2007.