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Manipulación del PGOU / Fuente: Último Cero

Javier León y Manuel Sánchez se libran de la imputación en el Caso PGOU

La Audiencia entiende que “la atribución al Alcalde de una responsabilidad penal por todo lo que se realice en el ámbito municipal sería extender en demasía la responsabilidad criminal”

Viernes 31 de octubre de 2014 · 18 lecturas · rss article rubrique


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El alcalde de Valladolid a la salida de los Juzgados. Foto: C. Arranz. Último Cero.

La lista de imputados:

Ayuntamiento

  • José Antonio García de Coca: exconcejal de Urbanismo.
  • Luis Álvarez Aller: arquitecto especialista en Políticas Urbanísticas.
  • Modesto Mezquita: exdirector del Área de Urbanismo del Ayuntamiento.
  • José Luis Cerezo: exresponsable del Servicio de Planeamiento.

Empresas

  • Antonio Roberto Pastrana y José Luis Astorga: de la mercantil Parkosa.
  • José Luis y Eduardo Javier González Torres: representantes de las empresas Vallenava Capitol, Vallenava Inversiones, Progot Valladolid S. L., Capitol Promociones XXI.
  • José Luis Mayordomo: representante de Vallenava Capitol.
  • Ramón Herrero: representante de Área Especial S. L.

COMUNICADO DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDAA

30 de octubre de 2014

Ante el auto de la manipulación del PGOU de hoy, IU cree necesario recordar la diferencia entre la responsabilidad política y la penal

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha conocido y leído con interés el auto nº 627/2014, de la Sección nº 2 de la Audiencia Provincial, por el que se resuelven los recursos sobre las imputaciones en el caso conocido como de la “Manipulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)”, hecho público hoy, 30 de octubre de 2014. Aunque es innecesario mostrar el respeto por las decisiones penales, IU no quiere dejar de hacerlo. Dicho lo cual, la máxima relevancia política se encuentra, según cree, en el fundamento quinto, en el que se debate la posible imputación del alcalde de Valladolid en esta causa.

Y en ella se lee lo siguiente: 1º) Sobre la intervención del alcalde en asuntos urbanísticos posteriores a la entrada en vigor del PGOU de 2003 se dice que “no consta que (…) conociera el verdadero alcance de las modificaciones pues los primeros pronunciamientos judiciales claros en este sentido fueron posteriores, concretamente la sentencia de 8 de abril de 2010”. Sin embargo las primeras denuncias públicas y patentes de manipulación del PGOU fueron de julio de 2008, no de 2010. Con todo el respeto hacia la Sala que firma el auto, ese argumento parece extraordinariamente flojo. 2º) Hay actuaciones del alcalde que tienen “relevancia en el ámbito en el ámbito contencioso administrativo, pero no se trata de una resolución que suponga de modo evidente para cualquier persona un ataque al ordenamiento jurídico tan flagrante y clamoroso que prescinda de cualquier interpretación mínimamente razonable con el fin de obtener un resultado patentemente injusto”. Y envía el asunto al ámbito contencioso administrativo. En nuestra opinión, demasiados calificativos (clamoroso, patentemente) como para resultar tranquilizadores. Si hay que insistir tanto y subrayar tan fuerte, parece que las cosas no son tan evidentes.

Pero además, aunque desde el punto de vista jurídico probablemente sea esa la forma de razonar para imputar o no un delito penal, las responsabilidades políticas se mueven en otro terreno distinto en el que el auto conocido hoy no modifica ni un ápice. Obviamente, quien merece condena penal también le corresponde la política. Pero el enunciado contrario no tiene por qué ser cierto siempre.

Responsabilidad remite a “responderé”. Responder ante los ciudadanos. Y como lo político tiene que ver con el poder, la responsabilidad política alude a la respuesta que se dé por el uso que se haya hecho del poder. Todos cuantos escriben sobre las responsabilidades políticas señalan con nitidez que no puede supeditarse la exigencia de responsabilidades políticas a la sustanciación de las judiciales. Y que ésas no se encuentran necesariamente ligadas a comportamientos ilegales. La justicia tiene sus propias reglas, sus exigencias respecto a las pruebas y sus específicos plazos de prescripción de los delitos, que no coinciden necesariamente con las reglas, exigencias y plazos de la política.

La responsabilidad política es la obligación de responder ante la población que ha depositado su confianza en tu persona. Dar cuenta de forma verosímil de los hechos de que se trate cuando, pudiendo tener o no trascendencia penal, afectan negativamente a ese “contrato de confianza” por el que ejercen el poder los cargos públicos. La responsabilidad política es, por tanto, una obligación de los cargos públicos de estar disponibles para explicar su comportamiento de forma creíble, verosímil y transparente, al margen de que sea o no sea delictivo.

Y cuando los hechos son tan duros como los de esa manipulación del PGOU, amplia, descarada, que afecta a concejales nombrados por León de la Riva y a técnicos de confianza, no basta con la exculpación penal para eludir la responsabilidad política. En cualquier país democrático lo tienen claro. Pero aquí, según parece, nos falta mucho camino que recorrer. ¿No podríamos seguir aquí el ejemplo europeo, para no tener esa incómoda sensación de que con nosotros no va la vida democrática?