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Federación Vecinal de Valladolid Antonio Machado


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Comunicado d ela Federación

Sugerencias al decreto que crea y regula el Consejo Regional de Medio Ambiente

Martes 17 de abril de 2018 · 138 lecturas · rss article rubrique


DOÑA MARGARITA GARCÍA ÁLVAREZ, con D.N.I. número xxxxxxx, en representación de LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES DE VALLADOLID “ANTONIO MACHADO”, con domicilio a efecto de notificaciones en c/ Andrés de Laorden nº 8, 47003 Valladolid., en relación al trámite de información pública del proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 1/2017, de 12 de enero, por el que se crea y regula el Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, cuyo anuncio fue publicado en el BOCyL de 16 de marzo de 2018, dentro del plazo de 20 hábiles días otorgado por el artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, realiza las siguientes:

S U G E R E N C I A S

La composición del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León cuya alteración se anuncia modifica el Decreto 1/2017, de 1 de enero, que fue aprobado como consecuencia de la STSJCyL de 18 de abril de 2016, anulatoria del Decreto 2/2015, de 8 de enero. Por STSJCyL de 29 de diciembre de 2017 vuelve a ser anulado parcialmente el primer Decreto, lo que motiva la modificación que ahora se propone. Es por ello que dicha pretensión debe ser especialmente escrupulosa con la legalidad, en la forma y en el fondo, si no quiere exponerse a una tercera anulación judicial.

Primera. La composición de Pleno sigue vulnerando el derecho constitucional a la participación. Se sigue reservando la mayoría de sus miembros a altos cargos y/o funcionarios de la Administración de Castilla y León: Presidente, Vicepresidente, 4 vocalías natas y 4 vocalías en representación de las Consejerías. En total 10 representantes de la Junta de Castilla y León sobre 28 miembros del Consejo, a los que hay que añadir una vocalía de libre designación por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (comunidad científica y técnica). Un vocal es también alto cargo de la Administración General del Estado y otro último de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León.

El número de vocales de las organizaciones medioambientales se limita a 4 de los 28 miembros de un Consejo consultivo supuestamente asesor en esta materia, entre los 11 vocales de las organizaciones representativas de intereses sociales. Si bien son el doble que hace dos años sólo incrementan en uno los vocales de esta naturaleza disponibles hasta 2015. Insistimos en que contrasta esta composición con la del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) del Estado, integrado por solamente 16 miembros, entre los cuales el único alto cargo de la Administración es la Ministra, que lo preside.

Por todo ello, en aras de promover la participación de la sociedad y de racionalizar la composición del Pleno, proponemos que se supriman todas las vocalías correspondientes a altos cargos y/o funcionarios de la Administración de Castilla y León y de la Administración General del Estado, que no obstante podrán participar con voz pero sin voto en aquéllos asuntos que tengan que ver con las materias objeto de su responsabilidad, de manera análoga a la organización del CAMA estatal. Subsidiariamente, que se limiten las vocalías natas a las personas titulares de las direcciones generales competentes en medio natural y calidad ambiental, quedando así en 4 los representantes de la Junta de Castilla y León.

Respecto a la composición del Pleno y las Comisiones Sectoriales de Pesca, Caza y Montes tampoco compartimos que se adjudiquen determinadas vocalías “electivas” directamente a organizaciones concretas como son las Federaciones de Caza, de Pesca y de Asociaciones de Propietarios Forestales de Castilla y León, sin que sus representantes deban someterse a procedimiento electivo alguno, y sin que de hecho su aportación a las materias informadas por el Consejo vaya a exceder su esfera concreta de intereses económicos, por lo que se propone: 1) que dichas vocalías sean suprimidas, por no responder a la finalidad del Consejo; y 2) que dichas entidades puedan ser convocadas en su caso con voz pero sin voto en aquéllos asuntos que tengan que ver con las materias objeto de su actividad.

Finalmente, respecto a la persona de reconocido prestigio de la comunidad científica y técnica, que al fin y al cabo es discrecionalmente elegida por la Administración, sería más correcto ampliar la representación otorgada con el mismo perfil a las Universidades Públicas de Castilla y León.

Con arreglo a la composición subsidiaria que se propone, el número de miembros del Consejo se reduciría de los 28 propuestos a 20, entre los cuales la cuarta parte (5) se reservan a organizaciones ambientales, resultando así una composición mucho más operativa, racional y proporcional a los intereses sociales en la materia específica sobre la que supuestamente se busca asesoramiento.

Segunda. Consideramos esencial la constitución de las Comisiones Sectoriales referidas a Patrimonio Natural, Residuos y Atmósfera, junto a las de Pesca, Caza y Montes, por ser materias de prolija actividad legislativa y administrativa por parte de la Comunidad de Castilla y León, y en las que la participación pública juega un papel fundamental, como reconocen la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y la propia realidad de la Comunidad.

Proponemos así un nuevo artículo que regule la Comisión de Patrimonio Natural, que vendría a sustituir al anterior Consejo Regional de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León, creado en 1992 en cumplimiento de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León. Dado que dicho órgano de participación se mantiene en el artículo 12 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, resulta necesaria la regulación de su composición y funciones, de manera acorde con las normas citadas.

Proponemos un nuevo artículo que regule la Comisión de Residuos, materializando los órganos de seguimiento y evaluación establecidos con carácter básico en el Plan Integral de Residuos de Castilla y León, aprobado por Decreto 11/2014, de 20 de marzo, y que debían haberse constituido en el plazo de un año desde su aprobación, encontrando también cobertura en las previsiones de participación pública previstas en los artículos 17.1 y 18.1 de la Ley 27/2006. Resulta por ello necesaria la regulación de su composición y funciones, de manera acorde con las normas citadas.

Proponemos un nuevo artículo que regule la Comisión de Atmósfera, que se encargaría de asesorar y realizar el seguimiento de la planificación relativa a cambio climático, calidad del aire, ruido y campos electromagnéticos, como puedan ser la Estrategia Regional de Cambio Climático (que prevé una Comisión de Seguimiento específica), los planes de mejora de la calidad del aire y los planes de acción contra la contaminación acústica, encontrando también cobertura en las previsiones de participación pública previstas en los artículos 17.1 y 18.1 de la Ley 27/2006.

Finalmente, aprovechamos la ocasión para sugerir la necesidad de que el Consejo Regional de Medio Ambiente integre también las funciones de la Mesa del Lobo de Castilla y León, que podría trasladarse como un comité técnico específico vinculado o no a la Comisión Sectorial de Patrimonio Natural.

Por operatividad, dados la amplitud de las temáticas ambientales, la heterogeneidad de los miembros del Pleno y la escasa frecuencia de sus reuniones, sería conveniente incluir como función de cada Comisión Sectorial la preparación de las propuestas de informe de los anteproyectos de ley, los proyectos de disposiciones administrativas de carácter general y los planes, programas y estrategias que les competan por la materia, y que luego deban ser consultadas al Pleno. De esta manera, el papel del Consejo sería efectivamente participativo y no meramente informativo, como en la actualidad.

Valladolid a 12 de abril de 2018

Fdo: Margarita García Álvarez
Presidenta de la Federación