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Federación Vecinal de Valladolid Antonio Machado


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Comunicado de la Federación

¿Quién nos protege de quienes nos protegen?

Viernes 4 de mayo de 2018 · 144 lecturas · rss article rubrique


La semana pasada tuvo lugar una situación insólita, o cuando menos, poco habitual: en el juicio que se llevaba a cabo contra tres manifestantes del tristemente famoso 2F, el juez suspendió la vista oral, sin que terminasen de declarar todos los testigos de la defensa, y dictó sentencia absolutoria para los tres, de viva voz, allí mismo. Y no sólo eso: después de hacer notar varias veces a uno de los testigos de la fiscalía que estaba bajo juramento durante su declaración, planteó a la defensa de uno de los acusados denunciar a esa persona por falso testimonio.

Las tres personas juzgadas eran manifestantes, conocidos activistas de nuestra ciudad. La acusación, la fiscalía, a partir del atestado elaborado por la unidad de policía que cargó contra una manifestación pacífica frente al restaurante donde comían dirigentes del Partido Popular después de un congreso. Los policías acusaban a estos tres ciudadanos de atentado contra agentes de la autoridad.

La sentencia del juez, ya trasladada a papel, es demoledora: la carga policial no se fundamenta en razones objetivas, sino que parece obedecer más bien a que los manifestantes “molestaban” a los dirigentes políticos durante su almuerzo; el corte de la calle no se lleva a cabo por los manifestantes, sino por la propia policía; no se produce ninguna situación violenta hasta que tiene lugar la carga policial; en un primer momento los agentes no solicitan la identificación de las personas manifestantes: primero cargan, después preguntan; los policías intentan arrebatar a los manifestantes efectos personales, y les aporrean y patean en zonas no permitidas: tronco, cabeza…incluso cuando están ya en el suelo, reducidos; y para finalizar, una agente contradice en su declaración las imágenes grabadas que el juez y todos los asistentes a la vista oral han visionado, reafirmándose incluso cuando el juez le advierte que puede estar incurriendo en delito por falso testimonio.

Esta situación nos hace plantearnos varias cuestiones:

¿Quién ordena a la policía intervenir? Puesto que llegaron con posterioridad a los manifestantes, alguien, desde la esfera política, tuvo que dar esa orden. Recordemos que el máximo responsable de la Policía Nacional es el Subdelegado de Gobierno, en aquel momento Sr. Martínez Bermejo, del Partido Popular, y previsiblemente una de las personas que estaba comiendo en el restaurante.

¿Sería posible esta sentencia ahora mismo, bajo la Ley Mordaza? No podemos olvidar que la prueba clave han sido los vídeos aportados por la defensa de los acusados, grabados por diversas personas durante el transcurso del “incidente”. En teoría la ley Mordaza no prohíbe que sean grabados los cuerpos de seguridad, lo que regula es el uso no permitido de las imágenes. Pero la interpretación de la Ley que lleva a cabo en ocasiones la policía se traduce en multas, incautaciones de cámaras, incluso a los periodistas, y en situaciones de exceso de celo que finalmente tienen que resolverse en el juzgado, perdiéndose en no pocas ocasiones el material grabado. Además, la ley otorga absoluta credibilidad al relato policial.

Y finalmente, ¿quién nos protege de quienes nos protegen? No se puede poner en duda que la mayor parte de las personas encargadas de velar por la seguridad de todos y todas llevan a cabo su labor con profesionalidad y mesura. Pero tampoco se puede obviar que en los cuerpos de seguridad se “cuelan” con demasiada frecuencia personas violentas, que ven en esta profesión una cobertura perfecta para ejercer esa violencia con total impunidad. Por poner un ejemplo de la máxima actualidad, en la violación en grupo de “la Manada” están involucradas dos personas que pertenecían (aún pertenecen) a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Se puede argumentar que no estaban de servicio, pero la falta de empatía y respeto hacia las personas, en este caso, las mujeres, no es algo que se pueda dejar en casa, o en la taquilla del puesto de trabajo.

Por lo tanto, exigimos, como representantes de la ciudadanía, un mayor control en las pruebas de acceso a los cuerpos de seguridad, en especial en lo que se refiere a pruebas psicológicas. También una evaluación de sus conocimientos sobre lo que es y no es legal, que eviten acusaciones y detenciones erróneas. Y que esas pruebas se repitan periódicamente, para evitar que nos dañen y vulneren nuestros derechos precisamente aquellas personas que, sustentadas con nuestros impuestos, debieran encargarse de protegerlos.