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Federación Vecinal de Valladolid Antonio Machado


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La Federación Informa

Intervención de la Federación en la mesa sobre patrimonio público al servicio de la ciudadanía

Viernes 29 de junio de 2018 · 148 lecturas · rss article rubrique


La Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, en su Preámbulo declara lo siguiente: “Todas las medidas de protección y fomento que la Ley establece sólo cobran sentido si, al final, conducen a que un número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. Porque en un Estado democrático estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura y que ésta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos”.

El artículo 2 de la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, en su apartado 3, referido a la función social de la propiedad, afima que “Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los ciudadanos deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y ambiental. Todos los(as) ciudadanos (as) tienen derecho a participar en la propiedad del territorio urbano dentro de parámetros democráticos, de justicia social y de condiciones ambientales sustentables. En la formulación e implementación de las políticas urbanas se debe promover el uso socialmente justo, con equidad entre los géneros y ambientalmente equilibrado del espacio y suelo urbano y en condiciones seguras.”

Y el punto 4, añade: “En la formulación e implementación de las políticas urbanas debe prevalecer el interés social y cultural por sobre el derecho individual de propiedad.”

Estos planteamientos están muy relacionados con un concepto que aparece de forma repetitiva cuando se investiga sobre el tema del patrimonio público: el de “bien común”.

En términos generales, por «bien común» se entiende un «bien» específico que es compartido por la totalidad —o la práctica totalidad— de los miembros de una comunidad dada y que redunda en su beneficio. Los bienes comunes no pertenecen a un individuo en concreto: son bienes compartidos que benefician a todos.

El centro histórico de una ciudad, un monumento, un museo local, un jardín público o un paisaje son bienes que benefician a una comunidad en particular y pueden desempeñar un papel decisivo en el desarrollo local, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de dicha comunidad y, en definitiva, a favorecer la integración, la cohesión social y un sentido de pertenencia. Además, algunos de estos bienes pueden considerarse patrimonio cultural, y guardan por tanto relación con la cultura, la identidad y la memoria colectiva de quienes forman la comunidad.
Lo que se debate hoy es la forma de gestionar el patrimonio público, entendido como “bien común”. Y lo que pedimos es avanzar en la democratización del uso y de la gestión de esos espacios.

En el modelo actual, determinados grupos con capacidad de decisión, entre los que se puede incluir a las administraciones, están, de forma consciente o inconsciente, excluyendo a una parte de la sociedad del uso de ciertos espacios a través de la creación de enclaves en los que el discurso del espacio público se mantiene, pero se restringe sólo a ciertos segmentos de la sociedad. (Salcedo, 2002).
Es obvio que determinadas actividades de las que llevan a cabo instituciones o administraciones públicas requieren espacios de uso exclusivo, pero consideramos que dichos espacios deberían limitarse al mínimo necesario, facilitando la puesta a disposición del conjunto de la sociedad del resto, mediante su cesión o al menos gestión compartida.

Los beneficios que comporta integrar enfoques participativos en la gestión del patrimonio público son evidentes: la implicación en la gestión de los recursos culturales, históricos y naturales, puede generar un mayor sentido de propiedad colectiva en la comunidad, promover su bienestar y calidad de vida y mejorar la imagen y la sostenibilidad de las organizaciones que ostentan la titularidad del bien en cuestión.

Pero un enfoque participativo requiere ajustes en la estructura de gobernanza y un cambio en la cultura organizacional de las instituciones implicadas, que deben estar dispuestas a renunciar a una parte de su autoridad y poder. Exige consensuar entre todos los que intervienen en un proceso participativo de qué modo se llevará a cabo esa participación. Se necesitan también marcos jurídicos y mecanismos políticos para conseguir una gobernanza compartida, transparencia e información.

En definitiva, el patrimonio público debe ser un espacio al servicio de la ciudadanía, sirve a su calidad de vida, es el espacio de la convivencia, la tolerancia y la diversidad. Un espacio libre y abierto a todos y todas, que refuerza identidades y permite la expresión de intereses y voluntades colectivas. Avanzar hacia este modelo es un indicador de buena salud democratica, y estamos seguros que nuestra ciudad, y las instituciones que en ella gestionan el patrimonio público, pagado y mantenido con nuestros impuestos, van en esta dirección.

BIBLIOGRAFÍA:
https://www.jordiborja.cat/espacio-publico-patrimonio-historico-y-memoria-democratica/
https://observatoriosociallacaixa.org/-/la-gobernanza-participativa-del-patrimonio-cultural
http://lahidra.net/la-revolucion-juridica-de-los-bienes-comunes/
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/funda/reapropiarse-bienes-comunes-producir-movimiento-datos-norma.html
http://www.convivirenloviejo.com/596-2/