DOÑA MARGARITA GARCÍA ÁLVAREZ, con D.N.I. número xxxxxxx en representación de LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES DE VALLADOLID “ANTONIO MACHADO”, con domicilio a efecto de notificaciones en c/ Vega nº 18, 47004 Valladolid, en relación a la aprobación inicial del PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO 2026–2030, aprobado inicialmente en el pleno del Ayuntamiento del 24 de noviembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León del 9 de diciembre de 2025, expone las siguientes
ALEGACIONES:
PRIMERA. Vulneración del principio de eficacia y buena administración
El artículo 103 de la Constitución Española y la doctrina consolidada sobre el principio de buena administración exigen que la actuación administrativa sea eficaz, realista y orientada a resultados.
El Plan aprobado definitivamente mantiene formulaciones indeterminadas y condicionadas que impiden garantizar su ejecución efectiva.
SEGUNDA. Insuficiencia de la iniciativa pública en la adquisición directa de viviendas
El Plan establece que:
“La ampliación del parque público de vivienda se realizará preferentemente mediante mecanismos indirectos y de colaboración interadministrativa.”
Asimismo, señala que:
“La adquisición directa de viviendas se contempla de manera subsidiaria y condicionada a la disponibilidad presupuestaria.”
Estas previsiones no constituyen una política activa de adquisición pública, al carecer de objetivos cuantificados, programación temporal y dotación presupuestaria estable, vulnerando el principio de eficacia administrativa.
TERCERA. Supresión injustificada del Programa ALVA de intermediación en alquiler
El Plan aprobado definitivamente omite cualquier referencia al Programa ALVA, presente en planes municipales anteriores.
Esta supresión se produce sin evaluación previa ni motivación expresa, contraviniendo los principios de continuidad, racionalidad y aprovechamiento de instrumentos ya operativos.
CUARTA. Indefinición jurídica del papel de SOMACYL como medio propio
El Plan identifica a SOMACYL como “medio propio instrumental”, pese a tratarse de una entidad dependiente de la Junta de Castilla y León.
La ausencia de aclaración sobre su encaje jurídico, régimen de control y fiscalización introduce inseguridad jurídica y dificulta el control democrático de la gestión.
QUINTA. Vulneración de los principios de transparencia y acceso a la información pública
El Plan atribuye a la Sociedad Municipal de Vivienda (VIVA) un papel central, afirmando que:
“VIVA será el principal instrumento municipal para la gestión, promoción y administración del parque público de vivienda.”
No obstante, no se encuentran publicados en el Portal de Transparencia ni los presupuestos de VIVA ni su grado de ejecución, impidiendo la evaluación real de la política pública de vivienda.
SEXTA. Falta de operatividad real del Observatorio de Vivienda y de la Oficina de Vivienda
El Plan vuelve a anunciar la creación y consolidación de un Observatorio de Vivienda y de una Oficina de Vivienda, estructuras que ya figuraban en el Plan 2021–2025 sin materialización efectiva.
La reiteración de estas previsiones sin desarrollo real vulnera el principio de buena administración y de planificación eficaz.
SÉPTIMA. Funcionamiento meramente testimonial de la Mesa de la Vivienda
El Plan define la Mesa de la Vivienda como “espacio estable de participación”. Sin embargo, dicho órgano solo se ha reunido una vez en los últimos dos o tres años, vaciando de contenido el derecho a la participación ciudadana.
OCTAVA. Gestión del suelo excesivamente dilatada en el tiempo
El eje de suelo carece de calendarios vinculantes y de hitos verificables durante la vigencia del Plan, trasladando los resultados reales a futuros planes municipales y comprometiendo su eficacia.
NOVENA. Incertidumbre en la financiación del Plan. Insuficiencia económica y falta de viabilidad presupuestaria
El Plan Municipal de Vivienda aprobado adolece de una manifiesta falta de realismo económico, al no guardar coherencia entre los objetivos que proclama y los recursos presupuestarios reales y previsibles del Ayuntamiento de Valladolid y de su Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA).
- Desproporción entre el coste previsto del Plan y la capacidad financiera municipal
El propio Plan establece un coste total previsto de 91.973.620 € para el periodo 2026-2030, de los cuales:
- 48.563.576 € corresponden al Eje 1 (Vivienda),
- 5.003.064 € al Eje 3 (Gestión del Plan),
financiados genéricamente con “Ayuntamiento, fondos europeos y otras administraciones”, sin concreción suficiente ni compromisos firmes.
Sin embargo, esta previsión resulta claramente incongruente si se compara con la evolución real de los presupuestos municipales y de VIVA en los últimos años.
- Presupuesto del Ayuntamiento: estabilidad sin incremento estructural para vivienda
El presupuesto general del Ayuntamiento de Valladolid presenta la siguiente evolución:
- 2023: aprox. 405,6 M€
- 2024: 425,9 M€
- 2025: 445 M€
- 2026: 445 M€
Pese a tratarse del presupuesto más alto de la historia reciente, no se observa un crecimiento proporcional ni sostenido en la inversión directa en vivienda, ni un compromiso plurianual explícito que permita absorber el coste del Plan.
En términos relativos, el coste total del Plan (casi 92 M€) representa más del 20 % de un presupuesto anual completo del Ayuntamiento, cifra que resulta inasumible sin una programación financiera detallada y vinculante, inexistente en el documento aprobado.
- Presupuesto de la Sociedad VIVA: reducción continuada y limitada capacidad inversora
La situación es aún más preocupante en lo que respecta a la Sociedad Municipal VIVA, principal instrumento de ejecución del Plan:
| Año | Presupuesto Total VIVA |
| 2022 | 12,2 M€ |
| 2023 | 9,67 M€ |
| 2024 | 7,5 M€ |
| 2025 | 7,73 M€ |
| 2026 | 7,87 M€ |
Se constata una reducción estructural del presupuesto de VIVA superior al 35 % desde 2022, lo que evidencia una pérdida clara de capacidad operativa.
- Inversión real en compra de vivienda: cifras claramente insuficientes
La inversión efectiva destinada a la compra y promoción de vivienda por parte de VIVA refuerza la falta de viabilidad del Plan:
- 2022: 5,3 M€
- 2023: 3,2 M€
- 2024: 3,2 M€
- 2025: 3,7 M€ (de los cuales solo 1,9 M€ para compra directa)
- 2026: 1,1 M€ prevista para compra de vivienda
Lejos de incrementarse, la inversión en vivienda desciende de forma acusada, alcanzando en 2026 una cifra meramente testimonial, incompatible con los objetivos cuantitativos y cualitativos del Plan Municipal de Vivienda.
- Dependencia indeterminada de fondos externos
El Plan basa una parte sustancial de su financiación en fondos europeos y aportaciones de otras administraciones, sin que:
- se identifiquen programas concretos,
- se cuantifiquen importes asegurados,
- ni exista constancia de convenios o compromisos firmes.
Esta indefinición convierte al Plan en un documento programático sin respaldo financiero cierto, vulnerando los principios de eficacia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera exigidos a la planificación pública.
- Conclusión
A la vista de los datos presupuestarios reales del Ayuntamiento y de VIVA, el Plan Municipal de Vivienda:
- carece de memoria económica realista,
- se apoya en previsiones genéricas e inciertas,
- y plantea objetivos claramente inasumibles con los recursos disponibles.
Todo ello determina que el Plan resulte económicamente inviable, comprometiendo su ejecución efectiva y convirtiéndolo en una mera declaración de intenciones, lo que justifica sobradamente su revisión, modificación o anulación en los términos solicitados en el presente recurso.Final del formulario
Por todo lo expuesto,
SOLICITA:
- La revisión del contenido del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2026–2030.
- La incorporación al mismo de una política activa y cuantificada de adquisición directa de viviendas.
- La recuperación de un Programa de intermediación en alquiler seguro.
- La clarificación jurídica del papel de SOMACYL.
- La garantía efectiva de transparencia presupuestaria y de seguimiento de VIVA.
- La dotación real y operativa del Observatorio, la Oficina de Vivienda y la Mesa de la Vivienda.
- La concreción temporal de la gestión del suelo.
- La garantía de financiación municipal mínima estable.
En Valladolid, a 8 de enero de 2026.
