El pasado 4 de julio el Ayuntamiento ha aprobado el presupuesto inicial del municipio con un evidente retraso y con una fractura, pues tras varios empates, solo el voto de calidad del Alcalde ha permitido sacar adelante el presupuesto. Entre las prioridades inversoras aparece la supuesta compra de unas instalaciones hoy en manos de Promotora Club Social Torrelago S. A, al que asignan una cantidad 1.900.000 € que supondrían el 37 % de todas las inversiones

Nuestro Asociación ha defendido un conjunto de propuestas orientadas a la responsabilidad social, la sostenibilidad ambiental y las necesidades vecinales. Entre ellas, destacan la renovación urgente de redes con fibrocemento por motivos de salud pública, la protección del acuífero y la mejora del área recreativa más allá del mero mantenimiento. Hemos pedido campañas medioambientales desde la mancomunidad, la implantación de una doble red hidráulica, y el impulso del sistema de retorno de envases (SDDR). En el plano social, hemos reclamado medidas concretas frente a la pobreza energética y la violencia de género, como una vivienda municipal de acogida. Defendemos una gestión pública directa de parques y jardines, mayores recursos en seguridad para centros educativos y un centro juvenil plenamente operativo frente a reformas innecesarias. Además, exigimos una reducción drástica del gasto político y la paralización de intervenciones como el alquiler de unas instalaciones deportivas por 1,9 millones de euros, aprobada con el voto de calidad del alcalde. Todo ello con el objetivo de reorientar el presupuesto hacia las verdaderas prioridades ciudadanas.

La Calle denuncia la falta de transparencia de 1.900.000 euros destinada a el alquiler de unas instalaciones deportivas Club Social Torrelago S. A privadas sin justificación técnica en una operación de esta envergadura. Hay una ausencia de información pública sobre la tasación real de las instalaciones, su estado actual, el coste de rehabilitación y el modelo de gestión futura. Estamos ante un movimiento que compromete casi 2 millones de euros del dinero público para alquilar unas instalaciones privadas que llevan años con un evidente deterioro según fuentes consultadas entre sus accionistas. No hay plan de viabilidad, no hay tasación conocida, no hay informe técnico que avale esta decisión. Esto no es gestión: esto es opacidad y la información es que están en negociaciones cuando en realidad hay una consignación de presupuesto concreta que indica una decisión ya tomada.

La asociación ha registrado una solicitud de acceso al expediente completo, incluyendo: Informe de tasación y justificación del precio, coste estimado de reforma y equipamiento, plan de gestión previsto (público o concesionado). Pedimos una evaluación del impacto deportivo y social y una aclaración expresa sobre posibles conflictos de interés. Además, debemos recordar que esta operación se ha aprobado con el Pleno dividido y que muchas necesidades prioritarias siguen sin presupuesto suficiente, el centro juvenil y gran biblioteca solicitado, como la renovación de redes con fibrocemento, la protección del acuífero, el aislamiento acústico o la lucha contra la pobreza energética.

No se puede seguir hipotecando el presupuesto para decisiones poco claras. Esta no es una prioridad ciudadana, un alquiler a precio desorbitado y sin garantías. Exigimos rigor, luz y taquígrafos. Nuestro colectivo ha anunciado en ese pleno que presentará alegaciones formales al presupuesto aprobado y se reserva el derecho a acudir a instancias superiores si no se respeta el principio de legalidad y transparencia en esta operación inmobiliaria. Lo que necesitamos más inversión y mejoras en las piscinas municipales y que se deje de prohibir accesos sujetos a precio público.