La Federación vecinal Antonio Machado se reafirma en su compromiso con el derecho a la vivienda y su firme decisión de exigir un cambio valiente en las políticas de vivienda desarrolladas por todas las administraciones, también la municipal, haciendo de la vivienda un derecho para la mayoría social, tal como lo contempla el artículo 47 de nuestra Constitución, y no un negocio para una minoría.

La vivienda se ha convertido en el principal factor de empobrecimiento y por extensión de la desigualdad de nuestro país. Pagar el alquiler se lleva una parte insoportable del salario de las familias. Los precios continúan expulsando a vecinos y vecinas de los lugares en los que han vivido durante años; continúan produciéndose desahucios; proliferan las viviendas turísticas y los alojamientos temporales que reducen la oferta residencial; y nuestra ciudad sigue teniendo un parque público de vivienda ínfimo, que además está infrautilizado, con viviendas públicas vacías.

No podemos aceptar que la vivienda sea tratada como un activo financiero cuando, para miles de personas, es, sencillamente, su hogar. Necesitamos políticas públicas capaces de intervenir sobre un mercado que ha demostrado reiteradamente que no se autorregula y fomenta la especulación. Es imprescindible limitar los precios abusivos del alquiler, reforzar la protección frente a los desahucios, regular los alquileres de temporada y turísticos, acabar con el negocio de los fondos buitre, seguir apostando por la rehabilitación y, sobre todo, incrementar de manera sostenida y permanente el parque público de vivienda, mediante compra y nueva construcción, garantizando que las viviendas obtenidas con recursos públicos permanezcan para siempre bajo protección pública. Porque existe el derecho a la vivienda, pero no existe ningún derecho a especular con dinero público.

No podemos permitir que esta administración siga sin responder a la exigencia ciudadana de garantizar este derecho y continúe apostando por políticas que, durante décadas, no han hecho más que encarecer el precio de la vivienda, negándose incluso a aplicar los mecanismos previstos en la Ley de Vivienda, como la declaración de zona tensionada.

Y tampoco podemos permitir que el origen, la etnia o la nacionalidad determinen la posibilidad de acceso a una vivienda. La discriminación inmobiliaria ha aumentado en el mercado del alquiler y ha contribuido a generar procesos de segregación urbana, según revela un informe elaborado en 2025 por la Asociación Provivienda.

Existen perfiles de “potenciales personas inquilinas”, asociados a personas nacionales o extranjeras de países con niveles socioeconómicos elevados, mientras que la población migrante originaria de países de las regiones de Asia, África o América Latina, se enfrenta a presunciones estereotípicas negativas, antes de conocer su situación real.

La discriminación inmobiliaria que algunos partidos políticos pretenden legalizar promueve la exclusión residencial y la segregación urbana, totalmente contrarias a la cohesión social por la que siempre hemos abogado desde esta federación. Frente a estas propuestas, proponemos implementar medidas eficaces que garanticen un acceso igualitario y justo a la vivienda para todas las personas, independientemente de su origen, etnia o nacionalidad.

Por lo tanto, pedimos a este ayuntamiento que centre sus esfuerzos no en dificultar aun más el acceso a la vivienda de quienes ya de por sí lo tienen más difícil, por motivos económicos o de discriminación, sino en tomar medidas para evitar que cualquier persona tenga que elegir entre pagar el alquiler, llenar la nevera o encender la calefacción, que pueda emanciparse sin abandonar su entorno de siempre, o que tenga que vivir en una habitación lúgubre o en un trastero. Y les proponemos algunas:

  • Que persigan y acaben, a través del aumento de las inspecciones, con las viviendas turísticas ilegales.
  • Que acaben con la venta de suelo público residencial.
  • Que, junto con la empresa estatal y la CCAA, promuevan, mediante la compra, construcción y captación, un parque de vivienda pública que permita alcanzar al menos la media europea del 9,3%.
  • Que ejerzan el derecho de tanteo y retracto para evitar los procesos especulativos en suelos y bloques de vivienda.
  • Que promuevan la cesión de suelos a través de la figura de la cesión del derecho de superficie para fomentar el cooperativismo, con garantías de que dichas sociedades cooperativas están formadas por entidades vinculadas a la economía social y no a la promoción inmobiliaria con fines lucrativos.
  • Que se impulsen ayudas a la rehabilitación en barrios vulnerables y que se vinculen a la cesión de privada a pública en los casos necesarios.
  • Que penalicen fiscalmente las viviendas vacías a través de los tributos municipales, y se recupere el programa ALVA, de gestión pública del alquiler de viviendas privadas.

Y ante todo, que no olviden que la vivienda es un derecho de todos y todas, y no un negocio para una pequeña parte de la población.