No es necesaria la afinidad o desacuerdo con un representante público o grupo político, ya sea de un ayuntamiento, diputación, comunidad autónoma, gobierno de España, para exigir transparencia, participación o reivindicar derechos. La defensa de los intereses de la ciudadanía no depende de la cercanía y afinidad con la representación institucional, sino del ejercicio consciente de nuestros derechos y deberes como miembros de la comunidad. Cualquier persona o entidad social, al margen de su afinidad ideológica o incluso personal con las instituciones y quienes las representan, puede reclamar transparencia, participación e incluso reivindicar mejoras sociales utilizando todos los medios a su alcance, incluido el acudir a la justicia. Y el presuponer que dicha persona o entidad es “el enemigo”, es una falacia que socava la democracia y la participación ciudadana. La legitimidad de una exigencia no se mide por la simpatía que inspire en la administración a la que se le solicita, sino por su fundamento jurídico, legal, ético y social, por lo que ninguna amistad o enemistad con autoridades debería condicionar el acceso a estos derechos.

Las declaraciones políticas sobre las actuaciones de las organizaciones, colectivos o foros no deben influir en las acciones de dichas entidades. Además, pensar que es fundamental “estar a bien” con la administración para que sus reivindicaciones sean atendidas fomenta la corrupción y alienta la exclusión. Por el contrario, la sociedad civil organizada, los colectivos vecinales, organizaciones sociales, foros y las iniciativas independientes demuestran que la presión ciudadana puede mejorar la gestión pública sin depender de relaciones personales. Manifestarse, presentar quejas, solicitar información, no estar de acuerdo con decisiones adoptadas o participar en procesos de decisión son herramientas que cualquier ciudadano puede utilizar, con independencia de su “cercanía” al poder.

Reivindicar derechos sin necesidad de tener el favor político fortalece la democracia y la cohesión social. La ciudadanía activa, crítica, exigente y reivindicativa garantiza que las instituciones funcionen para la toda la comunidad y no sólo para una parte. Exigir derechos no es un privilegio; es un deber cívico que debe ejercerse con libertad, independientemente de las personas o partidos políticos que ostenten los cargos públicos en cada momento.

RESOLUCIÓN: LA TRANSPARENCIA, LA PARTICIPACIÓN, LA REIVINDICACIÓN NO ENTIENDE DE AMISTAD